Afirmar que la aplastante derrota del 6D se produjo con votos comprados es una ofensa a la decisión de la inmensa mayoría del pueblo
Oscar Battaglini
Así ha calificado el chavismo oficial lo ocurrido en las elecciones parlamentarias del 6D. Negando que el resultado de esas elecciones sea el producto de una decisión libre y soberana de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Aseverando que fue generado por la compra de votos. A todas luces, se trata de un señalamiento insólito mediante el cual la burocracia en el poder pretende justificar el descalabro sufrido en dichos comicios. Según esa versión –de seguro, inventada por una mente retorcida y perversa-, tal descalabro no se debió al gigantesco malestar provocado por la espantosa crisis económica, política y social que incide dramáticamente en la vida de todos y cada uno de los venezolanos, sino a la rebuscada argumentación tras la que pretenden justificar la incontrovertible y aplastante derrota electoral de que han sido objetos.
Lo curioso en todo esto es que el chavismo oficial pretende atribuirle a la oposición tan envilecida práctica, cuando ha sido precisamente este gobierno, el que la ha aplicado metódica y sistemáticamente con propósitos político electorales en el curso de su existencia. Ese es el papel que han venido desempeñando las misiones, las comunas, los consejos comunales y los colectivos armados asentados en los distintos lugares de la ciudad de Caracas y otros espacios del país. Ese es también el objetivo que en cada campaña electoral se ha propuesto alcanzar la burocracia oficial chavista con el reparto de casas de la Misión Vivienda, de taxis, línea blanca, “canaimitas”, etc.
Afirmar que la aplastante derrota del 6D, se produjo con votos comprados, es no sólo un irrespeto sino una ofensa a la decisión de la inmensa mayoría del pueblo venezolano que ese día manifestó mediante el sufragio su indeclinable voluntad.
Claramente se percibe que lo que -con esa actitud y práctica confusionista- el chavismo oficial busca afanosamente, es crear las condiciones para justificar ante sus disminuidos partidarios, el sabotaje y la acción obstruccionista que ha comenzado a desarrollar contra de las decisiones políticas y legislativas que toma la nueva Asamblea Nacional. De ese modo el chavismo gubernamental demuestra que no tiene ningún respeto por la voluntad popular, además de su disposición manifiesta a desconocerla en función de sus particulares intereses.
Esa posición demuestra igualmente varias cosas de gran importancia:
1.- La imposibilidad que tiene el chavismo en todas sus expresiones para entender, asimilar e internalizar las verdaderas razones de su aplastante derrota. Como ha sido demostrado hasta el cansancio, el primitivismo político, la mediocridad, la zafiedad y la prepotencia militarista que lo caracterizan, están dentro de esas razones.
2.- La certeza de que el resultado de esas elecciones, le rompió el piso político-ideológico sobre el cual el chavismo se ha venido asentando.
Esos resultados tienen la particularidad de no ser ni circunstanciales, ni pasajeros como han querido dar a entender los más conspicuos representantes de la nomenklatura chavista. Se trata de una derrota –es preciso reiterarlo- que les ha quebrado la columna vertebral de su aceptación. Eso le ha creado al chavismo oficial una crisis de legitimidad de la cual no podrá recuperarse y que lo condena a una pronta caída y desaparición del escenario político nacional.
3.- El camino, que finalmente ha tomado frente a la nueva situación política planteada en el país luego de consumadas las recientes elecciones parlamentarias, es el de la provocación política; lo que quiere decir que el país evoluciona aceleradamente hacia estadios de mayor crispación que pudieran tener como desenlace la culminación del poder chavista antes de lo previsto constitucionalmente.
4.- La idea que esta burocracia tiene de que la fuerza armada chavista le asegura y garantiza su permanencia en el poder. En esto también se equivocan; no se han dado por enterados de que ese instrumento militar accidental igualmente ha sido afectado por la crisis de legitimidad a la que se ve enfrentado el régimen chavista luego de la debacle del 6D. Pese a esto, el actual ministro de la Defensa persiste en la posición de seguir presentando al régimen como la única opción válida para la organización político-institucional del país. Con ello, además de colocarse en abierto desafío frente a la opinión mayoritaria de la sociedad, sólo consigue poner de manifiesto, la violación en la que incurre de la Constitución Nacional, al asumir como proyecto, no el de la Nación venezolana, sino el de una parcialidad política minoritaria que viene de ser no sólo repudiada, sino vapuleada clamorosamente.
Nada permite suponer que el ministro Padrino López cambie de posición; lo que le está negado por vía de la Constitución Nacional es que la exprese libremente como si él fuera un ciudadano común y corriente; y mucho menos intentar salirse de ella para imponerle al país su particular concepción de la política.
En su determinación provocadora, el chavismo oficial (de la mano de Diosdado Cabello) tomó dos medidas con el deliberado propósito de bloquear o de sabotear las decisiones de la nueva Asamblea Nacional. En primer lugar, reunió a la Asamblea Comunal en el hemiciclo donde funcionó la Cámara de Senadores del viejo Congreso de la República, una especie de congresillo alterno denominado pomposamente “parlamento comunal” (al que nos referiremos en la próxima entrega), que tendrá la misión no sólo de cohabitar con la Asamblea Nacional, sino, incluso, de legislar de manera paralela a ella. Se trata de un adefesio compuesto por incondicionales improvisados, de muy baja preparación cultural y política y sin ninguna legalidad ni legitimidad social. Está claro que las nuevas autoridades de la AN no pueden permitir semejante pretensión y exabrupto.
En segundo lugar hizo nombrar de manera fraudulenta a unos magistrados del TSJ, que van a esa instancia judicial con el deliberado propósito de obstruir los mandatos de la nueva AN.
Esta es otra de las cuestiones que dicha institución debe comenzar a corregir al inicio de sus actividades legislativas; para eso y mucho más fue investida de poderes por la voluntad soberana de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana.
