La mayoría opositora aprobó en segunda discusión la reforma parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela
Gabriela González
El parlamento venezolano rechazó la sentencia de la Sala Constitucional que limita sus funciones y pidió la activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y aprobó en segunda discusión la Ley del Banco Central.
Con el argumento de “no hacerle quórum a la oposición”, la bancada del Gran Polo Patriótico llegó iniciada la sesión. Una jornada en la que, hubo hasta sangre porque el diputado por la Unidad, Carlos Paparoni fue agredido en las inmediaciones del hemiciclo con una botella.
El hecho motivó a que se paralizara por varios minutos la segunda discusión, artículo por articulo de la reforma parcial de la Ley del BCV.
Este episodio sirvió para condenar la violencia en las cercanías del parlamento y solicitarle a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que estos hechos no continúen ocurriendo.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup criticó que ni la Guardia Nacional ni la Policía Nacional Bolivariana actúen ante estos ataques, que calificó como “escalada de la violencia”. Mientras, el diputado oficialista Victor Clark, rechazó la agresión pero argumento que no se puede rechazar esa violencia y no rechazar las supuestas amenazas del gobernador Liborio Guarulla contra Héctor Rodríguez.
Mientras se producían los debates, al frente de la Asamblea, simpatizantes del gobierno colocaron un toldo en el que se congregaron para criticar a los diputados opositores. Esto no sería resaltante si esa zona no fuese considerada “Zona de Seguridad”.
Asamblea sí, sentencia no
Un debate que terminó siendo un monólogo. El oficialismo decidió no participar en la discusión sobre la sentencia número 9 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se limita la función contralora del parlamento.
La bancada de la Mesa de la Unidad reiteró que “seguirán legislando” sin embargo, advirtieron que la sentencia podía ser “un cierre técnico de la Asamblea”.
Aún y cuando la bancada oficialista se negó a participar porque la Asamblea no tenía facultad para rebatir una sentencia del TSJ, eso no le impidió gritar y pitar durante las intervenciones opositoras. Mientras Tomás Guanipa hacia uso de su derecho de palabra, le gritaban “¡Ole!” y “¡Matador!” en alusión a un video que hizo público el diputado Diosdado Cabello.
A propósito de Guanipa, éste llamó a realizar “juicios populares en las plazas” para que el pueblo supiera “quiénes son los que roban al pueblo”.
Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup recordó y leyó de la agenda parlamentaria las intervenciones de Ricardo Sanguino y Carlos Escarrá en 2007, cuando la Asamblea de aquel entonces, presidida por Cilia Flores, se pronunció sobre una sentencia del TSJ considerándola que “usurpaba funciones parlamentarias”.
La lectura de las intervenciones hizo que los diputados opositores aplaudieran y gritaran “Sanguino, Sanguino”. Esto, ante el rechazo que hizo el diputado oficialista en aquel entonces.
Ramos Allup además señaló que la sentencia “no existe, es nula». A su juicio, «por andar a la carrera no se dieron cuenta de que violaron el artículo 40 del reglamento del TSJ, en el que se indica que la votación requería las 2/3 partes de los magistrados de la Sala”.
Otro momento de “toma y dame” durante la intervención del presidente de la AN, fue cuando Ramos Allup mencionó encuestas que colocan el nivel de credibilidad del TSJ y de las Fuerzas Armadas “muy por debajo”.
Ramos agregó que la popularidad del presidente Maduro era de 19% mientras que la del PSUV era de 18% y les preguntó: “¿eso no les preocupa, no les llama la atención?”. Ante esta interrogante, desde la bancada oficialista le preguntaron, “¿y AD?”.
Esta pregunta también encontró respuesta en el presidente del parlamento, que con tranquilidad les respondió: “tiene 9% pero eso no me preocupa porque cuando se evalúa la Unidad como bloque, pasó de largo al PSUV”.
El debate culminó con la aprobación de un acuerdo presentado por el diputado Omar Barboza en el que se pide: rechazar la sentencia número 9 de la Sala Constitucional; ratificar las atribuciones constitucionales de control e investigación del parlamento; solicitar que se activen los mecanismos internacionales de garantía de la democracia e institucionalidad parlamentaria; denunciar ante la Organización de Estados Americanos esta situación y solicitar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana; requerir la actuación de la Unión Interparlamentaria mundial.
Transparencia y acceso a la información
Uno de los proyectos de ley que más reinvindica el carácter contralor ciudadano es este proyecto de Ley de Transparencia, divulgación y acceso a la información pública.
El segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla fue el encargado de presentarlo. Para ello recordó que no existe ni un solo informe que se pueda auditar o que el ciudadano pueda leer para saber cómo se gastó el gobierno 200 mil millones de dólares.
También recordó la caja negra que significa el Fonden y el Fondo Chino, entre otros y cómo se dejó de publicar la lista de compañías que recibían dólares. Citó ejemplos que, sobre transparencia y acceso a la información, vienen haciendo países como Brasil, Chile y México.
El diputado opositor reflexionó sobre qué hubiese pasado si los venezolanos hubiésemos podido saber la inversión real en el sistema eléctrico. «Es grave como se le ha ocultado información al pueblo”, acotó.
La bancada opositora reiteró la importancia del acceso a cifras. Desde cuántos muertos entran a la morgue hasta cuántos enfermos de zika existen realmente. La diputada Marialbert Barrios señaló que “le mienten al pueblo, les impiden escuchar a los ministros rindiendo cuentas”.
En este debate, en el que sí participó la bancada del PSUV, la diputada Erika Sanoja subió a la tribuna de oradores, instaló un cuadro del ex presidente Hugo Chávez y desde allí indicó que estaba de acuerdo con una Ley de Transparencia “para todos por igual”.
Criticó que la bancada opositora erigiera banderas sobre el derecho a la información mientras persigue a periodistas, en relación a un documental realizado por su hermano, un periodista egresado de la Universidad Bolivariana, que trata sobre el proyecto de Ley de Amnistía.
De igual forma criticó que no se le diera acceso al parlamento a comunicadores comunitarios solo porque no están inscritos en el «Colegio Nacional de Palangristas”.
Irónicamente cuando esta servidora trató de hacerle unas preguntas a la diputada mientras salía del hemiciclo y su respuesta fue “estoy apurada”.
Su colega de bancada Tania Díaz aseguró que la oposición “desconocía las leyes”, alegando que existe un proyecto llamado “Infogobierno”, el que ha adelantado mucho en el tema de transparencia y del cual la oposición no participó.
Acusó a la oposición de estar “pagando favores” con este proyecto de ley a ciertas ONG que son “pagadas”, según su criterio, por intereses extranjeros. Esto en relación a la ONG Transparencia, una de las principales promotoras del proyecto.
Un detalle a destacar es que este proyecto de ley está calificado como orgánico. La Constitución, en su artículo 203, establece que cuando una ley es denominada orgánica debe votarse y aprobarse con los 2/3 partes de los integrantes presentes.
Aún y cuando este paso no se hizo este jueves, cosa que fue denunciada por la bancada oficialista, juristas explican que puede hacerse durante la segunda discusión y modificar el título de la misma.
Esto porque, para ese momento, los diputados pudieran decidir que el proyecto de ley no sería orgánica sino ordinaria.
Así las cosas, el proyecto de ley fue aprobado y se nombró una comisión mixta que lo desarrollará de cara a su segunda discusión.
La primera Ley
La Reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) fue aprobada en segunda discusión, tras leerse artículo por artículo. De los 19 puntos a ser reformados solo dos fueron debatidos. Esta se convierte en la primera Ley aprobada por la actual Asamblea.
Mientras los diputados oficialistas sostenían que la reforma era “una excusa para darle el BCV a los banqueros”, la oposición insistió en que no se puede hablar de que el BCV ha cumplido su labor cuando tenemos una de las inflaciones más altas.
El diputado Alfonso Marquina fue enfático en decir que con esta reforma se busca que el BCV publique mensualmente los índices inflacionarios, así como que se impida que “se siga imprimiendo dinero inorgánico porque eso termina pagándolo el pueblo”, destacó.
Créditos unánimes
Durante esta sesión se aprobó, por unanimidad, un crédito adicional por concepto de incremento del situado constitucional por 21 mil millones de bolívares que serán destinados a gobernaciones y alcaldías.
El Dato: En los próximos días entrarán en discusión dos proyectos de ley
Uno limita el uso de telefonía celular e Internet en los centros penitenciarios. El otro es la reforma a la ley que reserva al Estado la exploración y explotación del oro así como las conexas a esta.
