El primer trimestre del actual parlamento culmina con 15 textos legales entre sancionados y aprobados en primera discusión, dos de ellos declarados inconstitucionales por el TSJ y con una conclusión clara: apenas comienza la confrontación entre Poderes
Gabriela González
Si veinte años no son nada, como dice Gardel en su famoso bolero, 100 días lo son menos. Y si se añade un país politizado, 100 días podrían diluirse fácilmente.
Sin embargo, esos son los días que lleva en funciones la actual Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, 100 días en los cuales el “querer” hacer ha prevalecido más que el “poder” hacer.
Con jornadas maratónicas que han llevado a sesionar tres días a la semana, esta nueva Asamblea no ha parado, pero fuera de los muros del Palacio Federal Legislativo la percepción popular también es sometida a continuo debate, debido a lo que analistas y expertos han denominado “choque de trenes” entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Un choque que pareciera estar ganando el máximo Tribunal de la República, el cual ha emitido cinco fallos que atentan directamente contra la actividad parlamentaria en tan solo tres meses de funciones.
- La medida cautelar que suspende la juramentación de cuatro diputados electos por el estado Amazonas, tres de ellos pertenecientes a la MUD, y que le daban al bloque opositor las dos terceras partes de la Asamblea Con esta medida se deja en un limbo a ciertas decisiones que debe tomar el parlamento y en la que se prestan a interpretaciones cómo manejar el quórum necesario para aprobarlas.
- La sentencia número 7 que declara constitucional el Decreto de Emergencia Económica solicitado por el Presidente de la República, aún cuando la mayoría de la AN lo desaprobó, así como la sentencia que declara constitucional la prórroga de dicho decreto.
- La sentencia número 9 que limita las facultades contraloras de la AN mediante la interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución.
- La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de reforma del Decreto 2.179 con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
- La sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
El Presidente de la República tiene pendiente pronunciarse sobre la Ley de Bonos de Alimentos y Medicinas para Pensionados y Jubilados, sancionada el pasado miércoles 30 de marzo. El tiempo también corre para la Ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público, y la reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ambas sancionadas el 7 de abril.
Ante esto, muchas voces consideran “ineficaz” la labor parlamentaria en tanto existe una sensación de que el conflicto de Poderes ha dejado a la Asamblea como una institución sin poder real, como un mero foro político sin repercusión alguna mientras el TSJ actúa como una especie de parlamento paralelo.
Como se recordará, el Poder Legislativo es, de los cinco que constituyen el Poder Público consagrado en la Constitución, el de mayor representatividad ciudadana. Tampoco se puede olvidar que es en el parlamento donde se forjan y forman las leyes que rigen el marco legal de una Nación.
No es de extrañar entonces la preocupación de muchos venezolanos por el panorama político-judicial que se viene dibujando en el país. Un escenario en el que las leyes se están interpretando y no cumpliendo.
A esto se le suman los poderes Electoral y Moral quienes también se han pronunciado en contra de ciertas decisiones del Legislativo.
En 100 días
Esta gestión parlamentaria que arriba a poco más de tres meses ha presentado más de diez acuerdos sobre distintos temas.
Han sancionado cinco leyes:
- Ley de reforma del Decreto 2.179 con rango, valor y fuerza de Ley de Reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela.
- Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
- Ley de Bonos de Alimentos y Medicinas para Pensionados y Jubilados.
- Ley de otorgamiento de Títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público.
- Reforma Parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Mientras que a la espera de su segunda discusión se encuentran:
- Proyecto de Ley Orgánica de Referendos
- Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.
- Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.
- Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
- Proyecto de Ley de limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios.
- Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Decreto 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al estado las actividades de exploración y Explotación del Oro así como las conexas y Auxiliares a estas.
- Proyecto de Ley Especial para atender la Crisis Humanitaria en Salud.
- Proyecto de Ley de Emolumentos de Profesionales y Técnicos de la Salud al servicio de las Instituciones del Sector Público.
- Proyecto de Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal.
- Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Prometidas y aún no discutidas:
- Proyecto de Ley de Regularización de la Propiedad de la Tierra Urbana y Urbanizaciones de Barrios Populares.
- Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a Usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico.
Si se compara la gestión de la AN anterior, en todo el año 2013 (período más reciente sobre el cual se tiene información), la AN aprobó nueve leyes. En cambio ahora, en 100 días, la actual mayoría parlamentaria ha desarrollado 15 textos legales entre sancionados y aprobados en primera discusión.
Sesiones trabajadas
Entre enero, febrero y marzo de 2015 se realizaron doce sesiones, de ellas cuatro fueron especiales más la sesión de instalación. En abril de ese mismo año, solo hubo cuatro sesiones.
En el mismo período de 2016 los diputados han sesionado 29 veces. De ellas seis fueron especiales, además de la sesión de instalación (5 de enero). Mientras que en abril, mes que no ha culminado, ya se han realizado cuatro sesiones.
Perdida por inasistencia
Diputados polémicos como Cilia Flores y Diosdado Cabello son los que más han faltado en la bancada del Gran Polo Patriótico. El diputado Cabello no asistió a ninguna sesión en el mes de marzo ni en lo que va de abril, mientras su par y Primera Damadel país solo asistió a una sola jornada de trabajo en marzo.
Sus inasistencias también se extienden a su labor en las Comisiones Permanentes a las cuales pertenecen. Entre enero y febrero, Cabello solo acudió a trabajar en cinco oportunidades y Cilia Flores en seis. Esto dista mucho del comportamiento “asistencial” del diputado Cabello durante su gestión como presidente de la AN.
Por el lado opositor destaca la falta del diputado Timoteo Zambrano quien ha asistido a nueve sesiones en este primer trimestre.
Entre crisis y rumores
En estos primeros 100 días la AN no solo ha tenido trabajo parlamentario, también ha tenido que lidiar con el desabastecimiento que reina en el país. Artículos como papel higiénico y hojas blancas están escaseando muros adentro del parlamento, según relata personal que labora en esa instancia.
Aunado a eso, están los rumores de “toma del Palacio” que cada día se acrecientan más. Y es que prácticamente todos los días de sesiones la Asamblea Nacional es rodeada por simpatizantes del oficialismo, quienes a punta de tomates, mangos, huevos, botellas llenas de agua sucia y, en el mejor de los casos, un megáfono manifiestan su rechazo a la actual gestión.
Sin embargo, muchos de estos simpatizantes afirman no conocer la mayoría de los textos legales que ha propuesto la actual AN, en su lugar erpiten que “confiamos en nuestros representantes del PSUV”.
No hay que dejar de lado la reciente propuesta que hiciera el abogado constitucionalista Hermann Escarrá para, vía Enmienda, reducir el período legislativo a sesenta días. Propuesta que no ha explicado de forma clara.
Y solo van 100 días.
