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El diputado José Guerra dejó claro que la vía para darle seguridad financiera al texto legal no es con incremento o creación de nuevos impuestos
Gabriela González
Sin la presencia del PSUV y con la posibilidad latente de la declaratoria de nulidad de las sesiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría de la Asamblea presentó y aprobó la propuesta de viabilidad económica de la Ley de bonos para jubilados y pensionados, así como los informes sobre la situación de las Universidades y de lo ocurrido en la masacre de Tumeremo.
Ante la exigencia del TSJ de la viabilidad económica de la Ley de bonos de alimentación y medicina para pensionados y jubilados para que pueda ser promulgada, el diputado José Guerra dejó claro que la vía para darle seguridad financiera al texto legal no es a través del incremento o creación de nuevos impuestos. Esto dada la “recesión económica” en la que vivimos, según señaló.
Su propuesta se basa en los siguientes puntos:
- Este plan de viabilidad propone que PDVSA venda al Dicom, que al 4 de mayo de 2016 se situó en Bs/US$ 390,25, el 4,2% de las exportaciones petroleras. De esta manera, PDVSA, de un volumen exportado que genera caja de 1.700.000 barriles diarios a un precio promedio de US$/b 37,0 supliría divisas a Dicom por US$ 2.641.800 diarios, durante 194 días, a una tasa de cambio de Bs/US$ 420,0. Con estos datos se obtendrían Bs. 215.253.864.000, equivalente al 81,9% del costo del bono. El monto restante proviene de la disminución de 30.000 barriles diarios que se entregan a Petrocaribe, los cuales se venderían en el “mercado spot”. Con ello se obtendrían Bs. 48.500.000.000, los cuales representan el 18,1% del costo del bono. Conviene mencionar que los 30.000 barriles diarios de petróleo equivale al cobro del 25% de la factura que financia PDVSA a los países de Petrocaribe.
- La otra vía sería aumentar de 4% a 5,12% la venta de dólares por parte de PDVSA al Dicom. Así, a un precio de US$/b 37,0 PDVSA supliría US$ 3.200.000 diarios durante 194 días. Esos dólares negociados a una tasa de cambio de Bs/US$ 420,0 generarían caja por Bs 262.800.000.000, con lo cual se financiaría totalmente el costo del ticket de alimentación y medicamento.
- El universo estimado de beneficiarios de este bono sería de 3.300.000 personas.
- El valor del bono sería de Bs 12.000 mensuales.
- Se asume que el bono se comenzaría a pagar en junio de 2016 hasta diciembre de 2016 y para 2017 los recursos se contemplarían en la Ley de Presupuesto.
- El costo durante siete meses sería de Bs. 262.800.000.000, equivalente a 0,58% del PIB.
- El bono de alimentación y medicinas cubriría el 21,5% de la canasta alimentaria, según el INE.
Este jueves también se discutió y aprobó el informe final de la comisión especial que estudiaba el tema universitario así como un Acuerdo de desagravio a las Universidades.
En 2016 el presupuesto aprobado para las universidades es de Bs 186.563.004 mientras que, en 2015 fue de Bs 265.710.027. Según datos oficiales, la población estudiantil se calcula en 2.622.000 estudiantes.
Otra cifra oficial que refleja la situación por la que atraviesan las universidades es lo que ocurre con la Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para los Estudiantes de Educación Superior (FAMES), adscrita al Ministerio para el Poder Popular de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología, que solo atendió 4214 casos en 2015. Es decir, solo el 0.16% de los estudiantes universitarios fueron atendidos.
Entre otras cosas, el informe concluye que se debe:
- Aprobar un nuevo instrumento jurídico que norme al sector universitario conforme a los principios de autonomía contenidos en la Constitución.
- Sincerar y derivar gastos recurrentes calculados como presupuesto universitario. Se insiste en la necesidad urgente de que el Ejecutivo incremente el presupuesto aprobado para este año 2016 y en lo sucesivo, de acuerdo a las necesidades técnicas planteadas por la universidades
- Activar y coordinar un gran debate y consulta nacional sobre los pasivos laborales y el Sistema de Seguridad Social de los trabajadores universitarios y en general de los trabajadores venezolanos, vista la grave mora y vacío existente.
- Propiciar la reforma de la LOCTI con el propósito de que las universidades puedan, junto a las empresas públicas y privadas del país desarrollar Ciencia y Tecnología, logrando que las instituciones científicas y universitarias, nuevamente puedan captar recursos del sector productivo público y privado para invertir en la investigación científica y tecnológica.
- Elecciones democráticas y libres en las instituciones universitarias. Esto ante lo que califican como “doble moral” del gobireno puesto que, exige igualdad en Universidades públicas mientras en la Universidad Bolivariana y la UNEFA no se permite escoger a las autoridades sino que éstas son nombradas por el Ejecutivo.
- Abrir un debate sobre la Ley de Educación Universitaria.
Tribunal ¿popular?
A la par que se desarrollaba el debate, los alrededores de la Asamblea fueron tomados por simpatizantes del oficialismo. Varios de ellos lograron traspasar la primera reja que separa el ente legislativo de la calle y un —muy débil— cordón de seguridad de la Guardia Nacional.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, recibió una comisión que le hizo entrega de un documento en el que expresaban que se le “abría un Tribunal Popular” al parlamento electo el pasado 6 de diciembre por lo que “todas las leyes serían nulas”.
Una situación irregular se presentó con un comunicador comunitario de origen chileno que denunció que personal de la Asamblea le habría quitado la memoria de su cámara y golpeado. Los miembros del personal de seguridad del Poder Legislativo alegaron que el joven comunicador trató de provocarlos quitándole incluso a un funcionario su radio.
PSUV ausente
A las afueras del hemiciclo y mientras la bancada opositora verificaba el quórum para iniciar la sesión, el diputado oficialista Francisco Torrealba reiteró ante los medios la intención del PSUV de que se declare la nulidad de todas las sesiones de la Asamblea posteriores a la sentencia emitida por el TSJ, que suspende temporalmente algunos artículos del Reglamento de Interior y de Debate, basándose en una solicitud de 2011.
Antes de retirarse del parlamento el diputado Hector Rodríguez denunció también que la directiva de la Asamblea Nacional “violaba” el artículo 84 del Reglamento, referente a la convocatoria y calificó a la oposición de “flojos» que les hacen «perder el tiempo”.
Además de ratificar la solicitud hecha ante el TSJ en cuanto a la declaratoria de nulidad de sesiones, Rodríguez anunció que denunciarían ante la Fiscalía a “varios diputados por Traición a la Patria”. De acuerdo al jefe de la fracción oficial, estos diputados (sin especificar nombres) “han solicitado la intervención de varios países”.
