El decreto de de Excepción y de la Emergencia Económica vulnera la garantía de los derechos y establece un sistema de control ilegal
Redacción La Razón
El ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte de un Ejecutivo Nacional sin control se ve legitimado con el decreto N 2.323, mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro Moros declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, así lo anunciaron un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos agrupadas en el Foro por La Vida en un comunicado público.
Para las organizaciones el decreto no cumple las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y ni con los límites que contempla la propia Constitución venezolana, estableciendo una «ruptura del orden constitucional».
«Exhortamos a los Poderes Públicos del Estado venezolano que conforme al artículo 339 de la Constitución decidan y declaren la incompatibilidad del Decreto 2.323 especialmente por lo relativo a la protección y garantía de los derechos humanos», manifiestan en el comunicado.
En un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado un contexto de mucha escasez de medicinas y alimentos; además de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad, el decreto establece la militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.
Asamblea sin atribuciones
El Foro por la vida califica como una clara «usurpación de poderes» la eliminación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional en el decreto, que la califica como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”.
En su contenido, el anuncio de Emergencia posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo.
El decreto despoja de sus atribuciones de control y sanción al parlamento
Despoja de sus atribuciones al parlamento con la suspensión de la posibilidad de sancionar políticamente a los funcionarios. El decreto también le atribuye al Presidente la posibilidad de tomar cualquier medida adicional, de manera unilateral y discrecional, sin ningún contrapeso o control institucional.
Pretende dar legalidad a una doctrina que considera la Seguridad Nacional un valor superior a los derechos de las personas. Al mismo tiempo califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno.
«Es un instrumento que convierte en política de Estado la criminalización del derecho de los ciudadanos a denunciar, cuestionar u oponerse a los abusos», explican las organizaciones.
Control ilegal del orden público
El decreto número 2.323, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.227, permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias por su ambigüedad y amplitud, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio de derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica.
Expresamente se permite la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional.
Los Comités Locales de Abastecimiento y las Fuerzas Armadas enfrentarían“acciones desestabilizadoras”
Las organizaciones también hacen referencia a la promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP). De acuerdo al decreto, estos grupos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas “acciones desestabilizadoras”.
«La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles enemigos internos, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de derechos humanos», se lee en el comunicado.
«El Estado tiene la obligación de prevenir y evitar el uso violento o abusivo del poder público contra los ciudadanos en el control de manifestaciones y en el trato hacia manifestantes», explica el comunicado del Foro por la Vida.
Las organizaciones piden reanudar los mecanismos tradicionales y pacíficos de resolución de conflictos para hacer frente a la crisis venezolana y no optar por medidas extraordinarias que afectan el desenvolvimiento normal de la nación.
