Tenemos prohibido olvidar cómo la estructura represiva que encabeza hoy Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos
Tamara Suju Roa
Los últimos meses los diablos andan de fiesta en Venezuela. Los organismos de seguridad acechan, intimidan y detienen a ciudadanos, estén donde estén y, además, los acompañan los colectivos armados, que ya ni se molestan en esconder las armas para que no les saquen fotos.
Esto lo permite primero, Nicolás Maduro; segundo, Aristóbulo Istúriz; tercero, Néstor Reverol; cuarto, Luisa Ortega Díaz; y quinto, el sistema de “seguridad policial y de inteligencia” y el sistema judicial venezolano.
No hay nadie que pueda oponerse a las detenciones arbitrarias, a los allanamientos, al encarcelamiento de venezolanos indefensos, a la amenaza y al amedrentamiento, porque los uniformados armados y los paramilitares del régimen tienen el “permiso supremo de la impunidad” para hacer lo que les da la gana.
Para papel de baño quedaron los códigos de procedimientos y la Constitución. El organismo de seguridad más usado últimamente, son los llamados hombres de negro del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Ellos han ido a buscar a sus casas al alcalde Lester Toledo y, como no lo han conseguido, han allanado no solo su residencia, sino la de sus padres.
Retuvieron a los alcaldes Pedro Loreto y Orlando Hernández durante su traslado a Caracas para participar en la marcha del 1 de Septiembre, se llevaron a Yon Goicoechea encapuchado, detuvieron al alcalde Nelson Guárate y allanaron su residencia con testigos que ellos mismos llevaron, citaron ilegalmente al alcalde David Smolansky, prácticamente secuestraron al periodista Braulio Jatar y, además, allanaron su hogar.
También detuvieron a Carlos Melo, al concejal Luis Barrios, a Alejandro Puglia, allanaron la casa de los padres del concejal Calero, allanaron la casa del alcalde Richard Fermín, la residencia de la profesora Andreína Febres Cordero, madre de Andrés Eloy Moreno, al que acusan de ayudar a producir videos de protestas, y por el cual presentaron en los tribunales militares el pasado sábado a James Mathinson, Marco Trejo y Cesar Cuellar, quienes permanecen detenidos en el Sebin.
Por otro lado, los colectivos armados que el régimen mantiene desde el primer mandato de Chávez, destrozaron la Alcaldía de Valera, y atacaron a los manifestantes.
Las agresiones de estos grupos contra periodistas, diputados, y personalidades de la oposición están denunciadas en todas las instancias, pero la justicia cómplice calla y el Gobierno paternal los protege.
Yo me pregunto estimados lectores, ¿qué pasa por la cabeza de todos aquellos que están amarrados por sus acciones u omisiones a estas aberraciones que se están cometiendo casi a diario?.
Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, ha demostrado que obedece y ejecuta ordenes desconociendo la ley.
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, sabe que a su despacho le corresponde la responsabilidad de actuación de los dos organismos de inteligencia: El Sebin y la DGCIM.
Luisa Ortega Díaz -que los últimos tiempos se ha mantenido calladita- ha permitido que el Sebin tome prácticamente las funciones del Ministerio Público, violando los derechos de los venezolanos perseguidos y aprehendidos.
¿Con qué cara Luisa Ortega te vas a presentar en Ginebra, para el Examen Periódico Universal?
Pero el Sebin no solo persigue, detiene y allana, sino que maltrata a los presos políticos encarcelados en sus instalaciones.
Según Foro Penal, 35 de los 96 presos políticos están enfermos, sin recibir la atención medica que necesitan y esto ha ocasionado que sus cuadros médicos se compliquen.
La mayoría de ellos en celdas del Sebin, en el Helicoide, sin asepsia, hacinados y, además, recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de sus custodios.
Y para demostrar más arbitrariedad y autonomía en su actuación, el cuerpo de seguridad se niega a obedecer órdenes de excarcelación y órdenes de traslado a centros hospitalarios emitidas por los tribunales que llevan las causas de los detenidos.
El Estatuto de Roma establece como “crímenes de lesa humanidad”, en su artículo 7, parágrafo F, las “torturas”, entendiendo por ésta, “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”.
Imaginen ustedes, estimados lectores, cuánto dolor y sufrimiento han causado en los últimos 15 años muchos de los que hoy están en el poder, o aquellos que estuvieron y todavía lo rondan y aquellos que dirigen estos organismos de seguridad. Las mismas caras con distintos cargos, pero ahí están.
Y la responsabilidad la lleva, no solo el que ejecuta la orden, sino el que la ordena, la permite, o la omite.
Una vez escribí un artículo donde me preguntaba quiénes eran estos malévolos personajes que gozaban torturando a nuestra gente.
Hoy ya no me hago esta pregunta, porque la respuesta es muy clara: son ellos, los que están o estuvieron en el poder los últimos 17 años, los que se aprovecharon de la voluntad popular que un día los llevo a la silla, para destruir a Venezuela, robarse el dinero, secuestrar las instituciones, empobrecer para someter a la gente y perseguir, torturar y matar a nuestros muchachos.
Tenemos prohibido olvidar cómo la estructura represiva que encabeza hoy Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos, permitiendo la persecución y la tortura sistemática contra una población civil indefensa, que está en la calle reclamando sus derechos.
Documentarlo para la justicia que vendrá, es tarea de todos.
