La gente de a pie, el pueblo, sufre la tragedia, la inmensa desventura que significan la escasez, la inflación, la inseguridad
Luis Fuenmayor Toro
El Gobierno en forma inconstitucional y delictiva ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como cómplice en la supresión de las decisiones de la Asamblea Nacional electa a finales de 2015.
La situación ha avanzado hasta anular al primer poder de la República. Un poder derivado y de elección indirecta, el TSJ, ha abolido totalmente de hecho, que no de derecho, al poder encargado incluso de designarlo.
Es la Asamblea Nacional quien designa a los magistrados del TSJ, pero la actual aberración gubernamental, por la vía ilegítima de la fuerza, ha llevado a que este poder derivado desconozca y elimine al poder encargado de constituirlo, supervisarlo y controlarlo.
Las últimas decisiones del TSJ: la que anticipadamente declara que toda decisión de la Asamblea Nacional es inválida, debido a vicios en su integración, y la sentencia que auto faculta a la Sala Constitucional para aprobar el presupuesto nacional anual, el cual es una ley de la República.
Esto significa que el Gobierno eliminó todo el capítulo I del Título V y una gran cantidad de artículos de otros títulos y capítulos de nuestra Constitución.
La Constitución actual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente elegida en 1999 y luego fue refrendada por el pueblo soberano en referéndum en diciembre de ese mismo año.
Su violación permanente por parte de Nicolás Maduro y del TSJ es inaceptable para la mayoría de los venezolanos, quienes votamos y exigimos el cumplimiento de las reglas acordadas en nuestra Carta Magna.
Además, el Gobierno parece no percatarse de que Venezuela es signataria de una serie de convenios internacionales, firmados incluso por ellos mismos, y que además pertenece a distintos organismos regionales y mundiales, con los cuales acordó en diferentes momentos el respeto a determinadas formas de gobierno, así como a la legalidad y constitucionalidad vigentes.
La actitud ilegal y contraria a las leyes y la Constitución, desplegada en forma tan pública y notoria que no requiere la presentación de pruebas, es por tanto un hecho irresponsable de gigantesca magnitud, al cual parecen ajenos sus autores quienes insisten en seguir la ruta de llevar a Venezuela hacia un despeñadero de consecuencias gravísimas.
Maduro y los magistrados que lo acompañan en esta desquiciada aventura parecen no entender que no pueden eliminar al Poder Legislativo sin que eso les traiga consecuencias nefastas, no sólo al país, lo cual no les importa, sino a ellos mismos como gobierno.
Los acerca indefectiblemente a su caída y aleja las posibilidades de lograr acuerdos y de obtener una salida menos deshonrosa, en orden y menos dolorosa para todos.
Como se los sugirió hace poco un ministro de su Gabinete actual, al referirse al caso de la destituida Presidente de Brasil, el momento de buscar una salida que los deje mejor parados hacia el futuro no se puede dejar pasar, como lo dejó pasar Dilma Rousseff, pues luego esta posibilidad se extingue, como le ocurrió a la mandataria brasileña, que cuando quiso alcanzar el acuerdo ya no le era posible.
El poder parece producir una situación de irrealidad y sensación de invencibilidad, que termina por hacer caer a la gente en la imbecilidad de no darse cuenta de la vulnerabilidad que se tiene.
La aplicación de la Carta Democrática de 2001, que Venezuela terminó firmando independientemente que años más tarde se retirara, es una seria contingencia que no se puede enfrentar con las bravuconadas presidenciales ni con el mazo de Diosdado o las patadas de Darío Vivas.
Y no estoy hablando de invasión militar colombiana o guyanesa, apoyados por la OTAN y por uno de sus principales integrantes, respectivamente, que, en las condiciones de país a que nos han llevado los “revolucionarios” gobernantes, sería muy difícil de repeler a pesar de la valentía y el arrojo de los venezolanos y de que muchos diferiríamos nuestras diferencias internas, para hacer frente a los invasores.
No. Hablo de medidas de carácter financiero, de embargos de nuestros activos en el exterior, de nuestras compras de alimentos y demás mercancías fundamentales para el funcionamiento del país.
Algo que nos haría colapsar y dejaría al país en un estado de debilidad e indefensión, que sufrirán por décadas las generaciones futuras, si es que logramos recuperarnos.
Hay acuerdos entre Maduro y el Departamento de Estado que no han sido informados a los seguidores del régimen ni al resto de la nación.
Son dos conversaciones realizadas con Thomas Shannon, que algo deben significar y sobre las cuales existe absoluto secreto.
Con John Kerry, Maduro conversa en Cartagena y luego, como informe al país, sólo se limita a decir unas pocas palabras que no significan ni explican ni informan absolutamente nada: “Le pido a Dios que lo que ahí se conversó se haga realidad”.
Con esta expresión mantiene en secreto los acuerdos, evita hablar de los mismos, niega su existencia y puede continuar con el discurso amenazante y beligerante que mantiene ante la MUD, lo que le permitirá luego, de tener que abandonar la Presidencia, decir que defendió la revolución y al pueblo hasta dónde pudo, pero que lo derrotaron por las inconsecuencias internas de distintos sectores del chavecismo.
Pero la MUD, conocedora de los acuerdos, le sigue el juego en esta suerte de tragicomedia montada ante los venezolanos.
Ellos, los payasos, los cómicos, quienes se burlan de toda la nación, actúan en la comedia como factores enfrentados a muerte; nosotros, la gente de a pie, el pueblo, sufrimos la tragedia, la inmensa desventura que significan la escasez, la inflación, la inseguridad y el desplome de todos los servicios públicos.
