Especialistas explican que hasta ahora no se ha logrado avanzar en ninguno de los puntos de discusión del diálogo y por el contrario los procedimientos conllevan obstáculos institucionales para su ejecución
Mónica Duarte
Las conversaciones entre representantes del Gobierno y la oposición venezolana cumplen cinco semanas de haber iniciado en el marco de un proceso de diálogo acompañado por mediadores internacionales como el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Hasta los momentos, dos encuentros plenarios han llevado a la instalación de cuatro mesas técnicas, el pronunciamiento de cinco puntos de acuerdo y la liberación de siete presos políticos.
Estas negociaciones buscan resolver la crisis del país al “poner en práctica una hoja de ruta que permita normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado”, así lo plantean ambos participantes en el último comunicado emitido de forma conjunta el 12 de noviembre de 2016. Sin embargo, los anuncios que se han desprendido de estos encuentros han dado pocos detalles sobre los procedimientos administrativos y jurídicos que deberán tomarse para llegar a los resultados por vía constitucional. Por el contrario, los objetivos que se han planteado en materia electoral, política y judicial parecen estar minados de filtros institucionales, por lo que deben pasar varios procesos administrativos para cumplir con los acuerdos.
La MUD podría “convalidar la inconstitucionalidad del Gobierno y de sus decisiones supra institucionales”
El abogado constitucionalista Alejandro González Valenzuela explica que hay una diferencia entre el aspecto sustantivo y el aspecto procedimental del diálogo. “Existen dos principios que no se están cumpliendo, un principio democrático de respeto a la soberanía popular, a la mayoría que el Gobierno no es en este momento. Y el principio jurídico de respeto a la supremacía de la Constitución. En la medida en que uno de los anuncios sea pedir al interlocutor el respeto mínimo de algunos aspectos de la Constitución se deja mucho que desear con respecto a la entidad y la calidad de los logros”.
Al respecto, Edwin Ojeda, investigador y profesor de negociación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa), explica que si se entiende el diálogo como un proceso de negociación, hay que conocer los objetivos de las partes para valorar el éxito de los resultados. “Si bien el hecho de que el Gobierno acepte sentarse con la MUD reconoce el poder que tiene esta en el país, los deseos no son objetivos y la mesa de la unidad parece no tener muy claros los suyos”.
Valenzuela también considera que la actuación de la representación opositora dentro de las mesas podría estar en riesgo de “convalidar la inconstitucionalidad del Gobierno y de sus decisiones supra institucionales”. Sin embargo, el constitucionalista observa una oportunidad en este proceso para restaurar el respeto a poderes como la Asamblea Nacional y hacer valer las decisiones que se han intentado encausar por la vía parlamentaria sin éxito.
“El régimen ha venido mutando el sentido político y significado jurídico de las normas constitucionales, en este proceso ilegítimo de mutación, las normas si bien permanecen en apariencia intactas, su sentido político y su significado legal ha sido modificado. En la práctica constitucional oficialista, las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público las definen actos de Gobierno, sentencias del TSJ, providencias y actos de otras ramas del Poder Público”, comenta González Valenzuela, quien también afirma que el diálogo desde el punto de vista práctico es una solución, pero desde el punto de vista principista y jurídico es un aval a una situación inconstitucional.
“Aunque se está reconociendo cómo funciona el sistema político nacional en la realidad, esta fórmula de concesiones y negociación le correspondía a la Asamblea Nacional como mecanismo institucional y democrático para superar los impases, pero los consensos y cuoteos que se hacen dentro del diálogo parecen incomprensibles al vulnerar la Constitución”, afirma el abogado.
«La oposición debería tener contacto más orgánico con otros sectores para que se sientan representados»
Esta falta de representación plural ha dejado a muchos sectores políticos descontentos, haciendo parecer al diálogo como la nueva instancia que debe discutir cualquier decisión que se tome, explica Felix Arellano, internacionalista y profesor universitario, quien define a los actores participantes como “un grupo minoritario y focalizado”.
“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo hacía las veces de poder por encima de todas las instituciones y esta figura le ha hecho mucho daño al país, por lo que debe eliminarse y no replicarse”, asegura el internacionalista.
Pero no todos están de acuerdo en este punto, para Edwin Ojeda la polarización del diálogo es un mecanismo para acortar los tiempos de discusión y llegar a decisiones rápidas. “En teoría son representativos de los dos bandos enfrentados como actores principales de la situación política, pero eso no quiere decir que otros actores que no estén en la mesa no puedan influir. La Mesa de la Unidad debería tener contacto más orgánico con otros sectores para que se sientan representados si es cierto que ellos constituyen un conglomerado mayor”, afirma Ojeda.
Acuerdos inacabados
Uno de los convenios anunciados en el último encuentro del diálogo es “la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”. Metodológicamente, esta decisión de naturaleza política pasaría por la celebración de las elecciones parlamentarias en Amazonas, como señala el documento oficial de la mesa de discusión.
Para superar el «desacato» la Asamblea debe convocar a elecciones en el estado Amazonas
González Valenzuela asegura que la falta de detalles procedimentales es un obstáculo grave pues “jurídicamente los 112 diputados han sido proclamados y juramentados, y así no se puede ejercer nuevamente el sufragio en Amazonas”.
En su sentencia, la Sala Constitucional enfatiza que “aún no se ha materializado el correspondiente acto formal de desincorporación en sesión plenaria”, por lo que “aún continúa el desacato”.Sin embargo, en la práctica ninguno de los requisitos institucionales se han cumplido: la Sala Electoral del TSJ no ha concluido el juicio de nulidad en contra de estas elecciones y, a pesar de que los diputados han sido desincorporados de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional del máximo Tribunal también ha solicitado “un acto parlamentario” para poder oficializar esta desincorporación.
“La oposición está buscando una salida para que la Asamblea Nacional se respete, es un movimiento desesperado pero pragmático para que estos temas avancen”, afirma el internacionalista Felix Arellano.
Dentro del comunicado de acuerdo del 12 de noviembre también se asumió el nombramiento de dos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, para renovar la nómina de autoridades producto del vencimiento de los periodos constitucionales de Socorro Hernández y Tania D’Amelio este 4 de diciembre.
Al respecto, la Asamblea Nacional ya ha comenzado el periodo de postulaciones a candidatos y se encuentra en una prórroga para que el Consejo Moral Republicano introduzca a sus elegidos. Los expertos asumen que los retrasos en esta decisión se ven influenciados por las discusiones que se realizan en el marco del proceso de negociación MUD-Gobierno aunque estos aún no tengan fecha de finalización y el plazo legal para las postulaciones indique que la Asamblea ya está en mora.
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González Valenzuela argumenta que este proceso no depende estrictamente del resultado de la mesa de diálogo por lo que debería seguir su cauce institucional sin demora. “No se entiende cuál es el dividendo de su consenso de esta naturaleza porque esto tampoco va a traer equilibrio al CNE. Es insólito que los sectores democráticos de la oposición tengan ese tipo de consenso con un régimen que ha demostrado su vocación totalitaria”, afirma.
Al cierre de esta edición, la última acción tomada sobre la designación de los nuevos rectores la tomaron los diputados del Psuv. Héctor Rodríguez, jefe del bloque parlamentario, introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que esta instancia se encargue del nombramiento de los dos rectores.
Su argumento se centró en la condición de desacato en la que estaría en la parlamento por la no desincorporación de los diputados de Amazonas, por lo que consideran que “todos los actos que genera la Asamblea Nacional son nulos hasta que sus miembros decidan acatar la Constitución”.
La “puerta giratoria” de presos políticos
Otro de los acuerdos no explícitos a los que se llegó en las mesas de negociación, pero que ha asegurado al menos el primer resultado concreto, es la libertad de los presos políticos.
Luego de la primera reunión de diálogo, celebrada el 30 de octubre en Caracas, se produjo la liberación de seis presos políticos. Carlos Melo, Marcos Trejo, Andrés Moreno, Pablo Parada, Jean Carlos Ortiz y Coromoto Rodríguez salieron de la cárcel entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
El siguiente en salir fue el diputado suplente, Rosmit Mantilla, quien pasó 930 días tras las rejas, siendo el único de los liberados que superaba el año de encarcelamiento y el único al que se otorgó libertad plena, mientras que los demás fueron soltados con libertades condiciones. Estas acciones han sido catalogadas por los voceros de la Mesa de la Unidad como un objetivo logrado gracias a la presión del diálogo.
«las liberaciones deben darse como un acto jurídico no como un acto político»
Gonzalo Himiob, abogado y director de la ONG Foro Penal, afirma que la liberación de Mantilla ha sido la única que podría atribuírsele a las negociaciones, aunque los abogados del caso también habían adelantado gestiones. “Esto se debió a una mezcla del trabajo de los abogados con la presión de los representantes de la MUD, hasta ahora aparentemente el diálogo solo ha tenido una influencia marginal, porque como presos del poder, el único que sabe quién va a salir y bajo qué condiciones es el poder”.
El director del Foro Penal explica que, desde el año 2014 hasta los momentos, existen más de 2.000 personas con procesos penales abiertos y que están siendo procesados bajo medidas cautelares con restricciones a su libertad, “no están detenidos pero están perseguidos”. En este estatus se encuentran ahora los primeros seis liberados del diálogo, pudiendo ser encarcelados nuevamente si sus procesos judiciales así lo requiriesen.
Felix Arellano también critica esta continuidad de la persecución política que se ha mantenido a pesar de las liberaciones. “Se está demostrando que estos detenidos son rehenes políticos que se tienen para negociar su salida, por un lado los niegan y por otro los utilizan, esto es lo más peligroso porque además demuestra la falta de independencia que reina en el Poder Judicial, basta una orden ejecutiva para encarcelar o soltar a alguien”.
Al respecto Gonzalo Himiob explica lo que desde el Foro Penal han denominado “una puerta giratoria” de la justicia. “El primer fin de semana del diálogo se hicieron cinco liberaciones pero el domingo fueron encarcelados 13 jóvenes del estado Aragua. El día que liberaron a Francisco Márquez, activista de Voluntad Popular, metieron preso a un concejal de Voluntad Popular, José Vicente García, entonces el número de presos políticos no ha disminuido”.
Los especialistas definen como la fórmula legal y constitucional la aprobación de una ley de amnistía general que permitiría la libertad plena de los presos, perseguidos y exiliados políticos.
Además, detallan que de los 108 presos políticos contabilizados, 84 son procesados que podrían ser juzgados en libertad, según lo que establece el artículo 44 constitucional, otros cinco son policías metropolitanos que habiendo cumplido 14 años privados de libertad podrían cumplir su condena fuera de la cárcel como medida alternativa a la prisión.
“Otra traba es la falta de inclusión en estas discusiones a los familiares de los presos políticos y a las organizaciones de derechos humanos, que son los que realmente conocen qué se puede hacer legalmente para terminar cada proceso. El diálogo en sí no es el problema, el problema es un diálogo que no pasa de bases técnicas correctas, porque las liberaciones deben darse como un acto jurídico no como un acto político”, afirma Himiob.
«estos detenidos son rehenes políticos que se tienen para negociar su salida»
Desconfianza generalizada
Las dudas con respecto a los objetivos y resultados del diálogo también proliferan en la calle. Carlos Mancilla, estudiante universitario, compara la situación con otros procesos similares del pasado que no llevaron a acuerdos concretos. «En 2014 hubo un diálogo entre Gobierno y oposición. ¿Qué se logró con ese diálogo? Nada, ahora ¿quién puede asegurar que este diálogo será diferente?», comenta.
Como él, Xiomara Rodríguez, docente, critica la voluntad política real: «Si es por Maduro el diálogo puede durar hasta el 2019, él no tiene ningún interés en resolver la crisis, eso sería cambiar de raíz todas sus nefastas políticas económicas. La MUD sabe eso, no sé a qué juegan realmente».
Otras opiniones se escuchan en torno a soluciones rápidas y confiables a los problemas más inmediatos. Ramón Castro, comerciante, y Oscar Vargas, panadero, piensan así. «Necesitamos soluciones rápidas, el pueblo pasa hambre. Las personas no pueden esperar 4 o 5 meses para ver algún tipo de acuerdo», dice Castro. Ana Delgado, peluquera, es del bando más optimista y confía en los resultados más cercanos. «Si realmente ambos bandos políticos tienen interés en el país, deberían dejar de lado sus diferencias y ponerse de acuerdo para solucionar la escasez, ya que el hambre no perdona».
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net
