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La lucha contra la corrupción que se libra en los países vecinos es una clase magistral para la Fiscalía y la Contraloría
Editorial
Las investigaciones sobre los sobornos pagados por la constructora brasilera Odebrecht avanzan y tienen resultados tangibles… en otras latitudes. El Gobierno peruano, por ejemplo, ha ofrecido una recompensa de 30.000 dólares a quien pueda ofrecer información sobre el paradero de Alejandro Toledo, expresidente de aquel país que está acusado de recibir 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa en la concesión de la carretera que une a Perú con Brasil. En Colombia el escándalo es mayúsculo porque se cree que Odebrecht pudo aportar recursos a la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos… y también a la del opositor Oscar Iván Zuluaga. Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, ya ha anunciado que viajará a Brasil para reunirse con sus pares de Panamá, República Dominicana, Ecuador y Bolivia y así recabar más información sobre el caso “Lava Jato”. En Panamá se ha pedido la renuncia del presidente Juan Carlos Varela, también acusado de recibir “donaciones” por parte de la trasnacional. El expresidente Martinelli y sus hijos ya han sido acusados de recibir coimas. En Bolivia el presidente Morales ha pedido ser investigado y le ha solicitado a sus colaboradores que se despojen de privilegios para que actúe la Justicia. El saliente presidente ecuatoriano Rafael Correa ha establecido un mecanismo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para descubrir a los miembros de su Gobierno que se dejaron sobornar por la multinacional de la corrupción con sede en Sao Paulo. En una prisión de procesados comunes, en Curitiba, estado de Paraná, paga condena de diez años el magnate Marcelo Odebrecht y los expresidentes Lula Dasilva y Delma Rouseff están bajo procesos judiciales. En Argentina la expresidenta Cristina Kirchner y su exministro Julio De Vido están a las puertas de la cárcel, también familiares cercanos del actual presidente Macri. Venezuela es uno de los países donde Odebrecht pagó más en sobornos durante el fraude que se prolongó por más de una década. Según declaraciones de la propia empresa, el monto asciende a 98 millones de dólares pagados a funcionarios gubernamentales y los intermediarios para mantener los contratos de obras públicas, pero la Fiscalía General de la República y la Contraloría no han actuado en consecuencia ante semejantes evidencias. Ambos organismos están recibiendo una lección en la lucha contra la corrupción que se libra en los países vecinos. ¿Qué esconden? ¿A qué se le teme? ¿O es que esperan que los organismos de justicia internacional se le adelanten y ordenen la persecución judicial de los altos funcionarios de la “revolución” que recibieron colosales coimas?
