La brillantez mental de nuestros gobernantes actuales sólo les ha servido para organizar y hacer eficiente la corrupción y el robo
Luis Fuenmayor Toro
Cuando no existe suficiente cantidad de una o varias mercancías, para satisfacer las necesidades de una población, los gobiernos recurren al racionamiento de las mismas, es decir, a limitar la cantidad de productos que puede ser obtenida por las distintas personas. Estas decisiones se producen cuando, por distintas circunstancias, existe una disminución importante de la producción o de los recursos destinados por la sociedad afectada para la adquisición de lo que requiere. En ambos casos, la demanda de la población excedería grandemente a la oferta de los productos, por lo que para garantizar su disponibilidad a todos, se procede a la medida de racionamiento. Por tanto, toda la población afectada por la escasez debe tener acceso a cierta cantidad equitativa de los productos racionados, siempre por debajo del uso acostumbrado, por lo que cualquier medida, que quebrantara estas condiciones, sería una acción de discriminación inaceptable hacia una parte de los integrantes de la sociedad afectada.
Ésta última premisa descalifica totalmente la política del Gobierno Nacional de distribuir alimentos y otros productos, mediante las llamadas bolsas de los CLAP, comités encargados de esta tarea, cuya constitución niega la afirmación de sus propulsores de no ser instrumentos de discriminación política ni de demagogia clientelar. De hecho, la comunidad no afecta en forma evidente al Gobierno participa con uno sólo de los cinco integrantes de los CLAP, lo que significa que está en completa minoría a la hora de la toma de decisiones. Esto es mucho más grave si sabemos que el resto de sus miembros son generalmente activistas del Gobierno. No se trata de gente que simpatiza o que ha votado por el chavecismo, que los puede haber, sino de personas comprometidas políticamente con lo que ellos llaman la revolución, muchas veces muy sectarias e incluso agresivas, que además reciben órdenes de funcionarios del partido de gobierno y del aparato gubernamental.
La experiencia histórica, en prácticamente todos los sitios donde se han instrumentado mecanismos como el descrito, ha sido muy negativa. No son sustitutos del mercado en lo que a distribución de mercancías se refiere, por lo que la accesibilidad a los productos está entorpecida al no depender de las decisiones de los consumidores. No es que los demandantes de las mercancías van a unos locales, donde las bolsas de los CLAP les son entregadas, a un precio asequible a los sectores más pobres. No. Los consumidores tienen que esperar el llamado de los distribuidores, para entonces movilizarse a los sitios que les indiquen o, en ciertos casos, deben esperar en sus hogares pacientemente la llegada de los repartidores, hechos que no guardan ninguna relación con el momento de aparición de la necesidad del consumo, lo que en síntesis significa que la distribución no es oportuna en la mayoría de los casos. Y últimamente, esta situación se agrava pues el costo de la bolsa debe pagarse por anticipado y se está elevando considerablemente.
Adicionalmente, el consumidor no decide que productos adquirir, es decir, no participa en la estructuración de los productos contenidos en las bolsas, por lo que los mismos no llenan las expectativas de los grupos familiares. El consumidor no decide qué comprar, simplemente recibe lo que otros disponen, muchas veces por motivaciones que no tienen nada que ver con la satisfacción de las necesidades de los sectores más pobres. Esta situación deriva en una falta de control de la calidad de los productos, lo que de hecho ya ha venido generando la entrega de mercancías de mala calidad. Alrededor de este modo de distribución se genera también lo que se ha visto en otros países en su momento: la aparición de corrupción y de mafias que trafican con los productos a distribuir, lo que termina creando un mercado negro que lleva al contrabando y termina por comprometer los ya limitados efectos positivos de la política misma de racionamiento.
Ni las bolsas de los CLAP ni los otros sistemas impuestos por el Gobierno, como el control de precios, el mantenimiento de un dólar barato para importar los productos requeridos por los más vulnerables, la limitación de las compras de toda la población según los números de las cédulas de identidad de los consumidores, la utilización de capta huellas, instrumentos que siguen vigentes y que no han sido ni serán evaluados, han logrado garantizar el suministro ni siquiera de los productos alimentarios básicos ni de otros de primera necesidad, como los de higiene personal y los medicamentos. La escasez, que había sido ocasional y muy baja en 2005, que se incrementó en 2008 hasta afectar un 24,7 por ciento de los productos, se destapa a partir de 2011 y alcanza casi un 30 por ciento en 2014, año a partir del cual el Gobierno dejó de publicar las cifras correspondientes, tratando de tapar el sol con un dedo.
Por si lo anterior fuera poco, en su desquiciado accionar, el Gobierno asigna a estos comités de distribución labores de producción de alimentos. Son medidas desesperadas, como la de los cultivos en las ciudades, que pretendían sustituir millones de hectáreas dejadas de cultivar en el campo venezolano por cultivos en patios, corrales, techos y jardineras de las viviendas urbanas. Habrá que prepararse para la próxima gran medida que ya se avizora, la de la entrega de tierras a los chinos, para que traigan a parte de su población a cultivar en Venezuela. La brillantez mental de nuestros gobernantes actuales sólo les ha servido para organizar y hacer eficiente la corrupción y el robo, la demagogia y el engaño y el autoritarismo y la represión descarada. Construyen la “Dictadura del Siglo XXI”, que se deslizará paulatinamente hasta llegar lo más cerca posible de las dictaduras tradicionales del pasado latinoamericano. Su único objetivo: mantenerse en el poder.
