La fiscal general ha pedido retomar al diálogo con «interlocutores válidos» para resolver la crispación política que ha generado hechos de violencia
Redacción La Razón
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó en rueda de presa el parte de fallecidos y aprehendidos durante hechos de violencia y conflictividad en los últimos días de protesta a nivel nacional. En total, la fiscal mencionó unas 26 muertes en investigación a las que se debe sumar otros cuatro fallecidos en la noche de este 25 de abril.
Además, el Ministerio Público ha contabilizado unas 437 personas lesionadas, de las cuales 182 fueron por delitos comunes y 247 por «derechos fundamentales».
Hoy serán presentadas en tribunales otras 217 personas
Producto de estos hechos 1.289 personas han sido aprehendidas, unas 65 se mantienen privadas de libertad, mientras otras 217 están pendientes para ser presentadas hoy en tribunales.
La fiscal mencionó entre estas investigaciones la muerte de Jairo Ortiz, de 19 años, en el estado Miranda, por el que se encuentra privado de libertad un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Caso similar al que se presentó en el estado Carabobo, con la muerte del joven Daniel Queliz, y por el que se mantienen acusados a dos funcionarios de la policía estatal.
Ortega también confirmó la versión dada por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol sobre la muerte de Paola Ramírez a quien le dispararon desde el interior de un inmueble en el estado Mérida, según la información arrojada por las pruebas de balística.
Los hechos ocurridos el 20 de abril en el sector El Valle, en Caracas, merecieron una mención especial por parte de la fiscal. Aseguró que ocho de los fallecidos entre los hechos de «saqueos y violencia» murieron electrocutados por el contacto con agua y cables de electricidad al intentar entrar en un panadería de la calle Cajigal.
«Estamos evaluando los testimonios de vecinos del Barrio San Andrés, quienes aseguran que los grupos delictivos del sector aprovecharon el ambiente de crispación política para causar desmanes». La fiscal indicó que por estos eventos ya hay 10 privados de libertad.
Hasta ahora hay tres funcionarios policiales entre los acusados por homicidio
Desacato de Tribunales
En sus declaraciones, Luisa Ortega Díaz denunció irregularidades en las aprehensiones durante las últimas jornadas por falta de detalles en las actas policiales. Resaltó el caso de la detención de 38 personas en el estado Nueva Esparta el 19 de abril donde los tribunales no acataron la solicitud de libertad que presentó la fiscalía.
«Nos encontramos con una situación anómala. El CICPC, quien trasladó a los aprehendidos, no conocía el origen de los hechos por los que fueron detenidos, detención que hizo la Guardia Nacional”, explicó Ortega.
Según narra la fiscal, en las actas policiales de estas detenciones, presuntamente por flagrancia de delitos, no se narraron las circunstancias ni cuál era la conducta que presentaron las personas para aprehenderlas. Ante esto la fiscalía solicitó la nulidad de la aprehensión por falta de detalles pero tal presentación no fue acogida por el tribunal quien optó por mantener los detenidos hasta la presentación de fiadores.
«no se narraron las circunstancias ni cuál era la conducta que presentaron las personas para aprehenderlas»
«Los ciudadanos solo pueden aprehendidos en flagrancia o por orden de un tribunal. De ser aprehendido en flagrancia debe constar en un acta policial donde se narren los hechos», comentó Ortega. «El país necesita seguridad jurídica y debe haber certeza de que si una persona cometió un delito debe ser sancionado», añadió.
Estos casos ya han sido denunciados con anterioridad por miembros del Foro Penal Venezolano y otros defensores de derechos humanos durante las audiencias de presentación.
«Volver al diálogo»
La fiscal también recordó que «el Ministerio Público no es un órgano de seguridad ciudadana, es el titular de la acción penal», por lo que no le corresponde ningún tipo de responsabilidad en el desarrollo del control de las protestas.
Ortega Díaz lamentó las muertes, rechazó la violencia como arma de acción política y llamó a la conciliación nacional para «construir la paz».
«Los dirigentes deben bajar el tono de la confrontación, requerimos volver al diálogo pero con interlocutores válidos con poder de decisiones para permitir una agenda que permita salidas democrática. Nadie desea aquí una guerra civil», concluyó la fiscal.
