razonnet
“Subastan al país con la Ley y el Arco Minero”, advirtió Márquez en entrevista con La Razón
Enrique Meléndez
Gustavo Márquez, exministro de Industria y Comercio (1999) y de Estado para la Integración y Comercio Exterior (2005-2007), califica a la Ley Antibloqueo como una oferta engañosa: “Es planteada como una ley que va a permitir superar las sanciones contra el país, y eso no es verdad”, añade Márquez quien también es dirigente de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución,
“No es verdad, porque las sanciones son un acto soberano de otros países. En este caso, de EEUU por ejemplo. La única manera de que eso desaparezca, el que el gobierno de EEUU le levante esas sanciones. Eso no va a ocurrir, así simplemente porque aquí se apruebe una Ley Antibloqueo con todas estas características”, añade.
– Se ha considerado que la Ley Antibloqueo, tomando en cuenta que desconoce algunas disposiciones de la Constitución Nacional, vendría a ser un instrumento supraconstitucional ¿Qué piensa usted?
– La Ley Antibloqueo no solo pretende desaplicar leyes, sino a la propia Constitución. Dicho de otra manera, de facto está derogando la Constitución; porque pretende sustituirla al montarse en la cúspide del sistema jurídico venezolano; quedando la Constitución totalmente al margen.
“No existe en el sistema jurídico venezolano, y creo que en ningún país una ley supraconstitucional; porque la máxima ley es la Constitución; las leyes desarrollan la Constitución, pero no están por encima de la Constitución; aun cuando haya situaciones especiales o coyunturales, que justifiquen un régimen especial: eso está contemplado en la propia Constitución; donde se establece la figura del Estado de excepción, para situaciones excepcionales y extraordinarias; como podrían ser, por ejemplo, desastres naturales o una crisis económica, como la que está viviendo Venezuela”.
La ley sale, precisamente, de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); órgano que no tiene legitimidad de origen»
“También hay la figura de las Leyes Habilitantes; pero en ambos casos hay un procedimiento en la Constitución, para que puedan aplicarse y es, básicamente, que deben ser sometidas a la consideración de la Asamblea Nacional (AN), y siempre hay un plazo determinado de 30 días, un plazo que puede ser prorrogable por 30 días más”.
“Dicho de otra forma, lo normal es que sean estos instrumentos los que se utilicen; pero, por supuesto, también están de por medio otras cosas. Cuando hay una crisis, como la venezolana, lo lógico sería también que, a través del diálogo, se puedan convocar a todos los sectores de la vida nacional, para enfrentar esa situación”.
“No es el caso nuestro; donde tenemos una polarización y una destrucción de las instituciones; una crisis de Estado muy grave; donde no existe, prácticamente, AN; porque hay dos fracciones; se desintegró prácticamente esta institución, y las otras instituciones, que existen, todos sabemos que están subordinadas al poder Ejecutivo, y han perdido su propia autonomía”.
“De manera que la respuesta frente a esto, lo que yo quiero caracterizar, de lo que es esta Ley Antibloqueo, es que a mi modo de ver se trata de una oferta engañosa. Porque sale, precisamente, de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); órgano que no tiene legitimidad de origen y que no tiene la competencia, y aunque tuviese la legitimidad no posee la competencia, para aprobar una ley constitucional; porque, como dije antes, esa figura no existe, y la ANC, que es un órgano delegado de la soberanía popular no tiene facultades, para cambiar la Constitución”.
El objetivo es adoptar un proyecto político económico; político porque implica el desarrollo de un Estado autoritario; donde se concentra todo el poder en el Ejecutivo».
“Debe redactar una Constitución. Una cosa es aprobar una nueva y derogar la anterior. Eso solo le corresponde al poder constituyente originario; al pueblo; tal como lo establece la Constitución y por eso no puede esa Constituyente aprobar esa ley, que pueda tener algún tipo de legalidad”.
“Además de eso, es importante reiterar que esta ley surge también como una oferta engañosa, en la que se nos quiere pasar gato por liebre. Porque fíjate tú, que en los años que lleva de instalada esa ANC no ha producido un proyecto de Constitución, para someterlo a la voluntad popular; sin embargo, se anunciaba que había cambios. Incluso, se aprobaron unas supuestas leyes constitucionales; que tampoco existen, como tales. Pero, las inventaron”.
– ¿Usted podría poner un ejemplo de esas leyes?
– Por ejemplo, la Ley de Protección de Inversiones, que se aprobó al margen de la Constitución, con el supuesto de que como era esa ANC supraconstitucional y plenipotenciaria, podía hacer cualquier cosa; lo cual, como ya dije, eso está completamente fuera de la legalidad.
“Lo cierto es que no se atrevieron a sacar esa nueva Constitución. Porque en el fondo, lo que tiene planteado el gobierno de Maduro desde hace ya mucho tiempo, y te estoy hablando del 2014 es adoptar un proyecto político económico; político porque implica el desarrollo de un Estado autoritario; donde se concentra todo el poder en el Ejecutivo, y desde el punto de vista de su orientación económica, neoliberal”.
“En este proyecto del arco minero se establecen las mismas condiciones de la Ley Antibloqueo, por ejemplo, el 12 % del territorio, como lo constituye el sur de Venezuela, se declara, prácticamente, como una especie de Estado dentro del Estado».
“Básicamente, lo que está planteado en ese proyecto es una subasta de país. Se quiere generar un proceso de inversiones extranjeras y nacionales; pero levantando, digamos, todas las restricciones, establecidas en la Constitución y las leyes, para facilitarle a esas inversiones con la entrada al país el amasar grandes ganancias; el profundizar el extractivismo minero, petrolero y en todos los órdenes; porque el extractivismo no es solo eso, minero, petrolero; hay un extractivismo, por ejemplo, del turismo, y todo eso a partir de las llamadas zonas estratégicas especiales, que fueron creadas en el 2014, cuando comenzaron a implementarse, y la más notable de todas, la más emblemática es el Arco Minero del Orinoco”.
“En este proyecto del arco minero se establecen las mismas condiciones de esta Ley Antibloqueo. Allí, por ejemplo, el 12 % del territorio nacional, como lo constituye el sur de Venezuela, se declara, prácticamente, como una especie de Estado dentro del Estado. Porque allí hay una autoridad única que tiene capacidad de legislar, de normar, de planificar por encima de los concejos municipales o de las gobernaciones de una manera, totalmente, autónoma”.
– Esta es una ley, que trata de evadir, precisamente, el impacto de las sanciones económicas, con vistas a obtener recursos, para el desarrollo nacional ¿No le parece?
– Claro, está pensada en un desarrollo nacional; pero un desarrollo nacional tipo Arco Minero. Vale decir, donde se regula: hay una regulación laboral, hay una regulación ambiental, una regulación sociocultural; en fin, crear una normativa especial, específica, de acuerdo a las condiciones que exijan los inversionistas; por ejemplo, que se baje el Impuesto sobre la Renta, que las Regalías sean inferiores; donde no existe ni el derecho al trabajo ni a los derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
“Que en el fondo no es sino una desregulación laboral, vale decir, todos aquellos derechos, que han conquistado los trabajadores; las convenciones colectivas; eso desaparece, porque lo exigen estos inversionistas”.
La Ley Antibloqueo imita el proyecto del Arco Minero, pero a nivel nacional; en una especie de paraíso fiscal, y paraíso para ciertas inversiones extractivistas”
“Por otro lado, en el ámbito, por ejemplo, industrial y comercial, los agentes económicos tienen el derecho de comercializar su producto de manera libremente, y lo que es pretender que esas materias primas, por ejemplo, se transformen en el país, no sería posible, porque el tema es simplemente extraer materia prima para exportar, y no habría posibilidad de desarrollo de agregar valor aguas abajo para la expansión de una industria nacional; que esté conectada con eso, y también, por supuesto, dentro de todo está, la sesión de soberanía; de jurisdicción, para que las disputas se resuelvan a nivel interno; por ejemplo en el CIADI; en estos órganos del arbitraje; de manera que se vacía completamente la institucionalidad venezolana”.
“Porque ni los gobiernos municipales les pueden poner impuestos ni lo puede hacer la Asamblea Nacional ni se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en términos de planificación, porque ese territorio ha sido entregado, para la extracción, en términos muy generales, y que se podría calificar como un proceso de desterritorialización; de concesión de los recursos naturales y de los espacios territoriales, para el usufructo económico de las grandes corporaciones transnacionales; donde Venezuela se convierte, y eso es lo que está detrás de la Ley Antibloqueo, imitando el proyecto del Arco Minero, pero a nivel nacional; en una especie de paraíso fiscal, y paraíso para ciertas inversiones extractivistas que, por supuesto, liquidan cualquier posibilidad de un verdadero desarrollo”.
– ¿Usted cree que esta ley, en cuestión, tiene la posibilidad de limitar desde Venezuela la legislación de otros países, a objeto de tener la potestad de quitarse de encima las sanciones?
– Por eso digo que se trata de una oferta engañosa; porque se plantea como una ley, que va a permitir superar las sanciones y eso no es verdad. No es verdad, porque las sanciones son un acto soberano de otros países. En este caso, de EEUU por ejemplo. La única manera de que eso desaparezca, el que el gobierno de EEUU le levante esas sanciones. Eso no va a ocurrir, así simplemente porque aquí se apruebe una Ley Antibloqueo con todas estas características.
Ley Antibloqueo tiene la capacidad de legislar, desaplicar leyes, desaplicar la Constitución; puede, además, liquidar activos, firmar tratados internacionales; reestructurar las empresas del Estado».
“No tiene que ver una cosa con la otra. Porque aquí se puede levantar un proyecto de desarrollo nacional; basado en las potencialidades que tiene Venezuela; de manera autónoma e independiente; que haga una política de inversiones soberana; no una política de inversiones entreguista; que puede recuperar la industria petrolera; generar la industria del gas; que puede promover la producción, sin necesidad de entregar el país”.
“Sin necesidad de plantear un gobierno autoritario con estas condiciones que, en lugar de retornarles los derechos a los venezolanos; lo que hace más bien es abrirle la puerta para una regresión total de esos derechos; porque no tiene sólo un ámbito, sino que afecta a todos los órdenes de la vida nacional”.
“Es decir, se liquida el Estado de derecho también; porque ahí tenemos la figura de un presidente autócrata, que tiene la capacidad de legislar, desaplicar leyes, desaplicar la Constitución; puede, además, liquidar activos, firmar tratados internacionales; reestructurar las empresas del Estado, decidir sobre el endeudamiento público; disponer de un presupuesto paralelo; totalmente confidencial, que no lo conocen los venezolanos”.
“De modo que si quisiéramos hacer un perfil, diría que se parece a lo que fue Juan Vicente Gómez, en los albores de la era petrolera, y quien decía que Venezuela era una hacienda, que él se había encontrado; y, en ese sentido, decidía lo que era bueno y lo que era malo. Les entregaba a sus compadres las concesiones petroleras, y estos a su vez las negociaban con las empresas transnacionales”.
Detrás está la consolidación de una burguesía emergente, nacida de la entrañas del Estado, en el marco de un proceso de acumulación mafiosa de capital»
“Creo que allí está la clave del asunto; que es lo que hay que develar: no se trata de una ley contra las sanciones o contra el bloqueo. Es una ley para imponer un Estado autoritario, neoliberal. Repito, se puede hacer una Ley Habilitante; a propósito de un estado de alarma, como una emergencia nacional, para enfrentar las sanciones; para neutralizar su impacto, y, en ese sentido, intentar la reactivación de la economía con las capacidades, que tiene el país; a partir de su relación con otros socios, sin necesidad de montar este modelo autocrático y neoliberal”.
“Que es lo que se quiere establecer, mediante la subasta del país; pues detrás de eso está la consolidación de una burguesía emergente, nacida de la entrañas del Estado, en el marco de un proceso de acumulación mafiosa de capital; que, por cierto, no es la primera vez que ocurre en Venezuela; porque en todos los ciclos de auge y depresión del petróleo, se crearon burguesías de este tipo que han venido estableciéndose en Venezuela, y que tienen como capital originario la corrupción.
– Hay la sospecha, asimismo, de que se trata de una ley diseñada para el lavado de dinero ¿Qué piensa usted?
– Claro que sí, pero cuando hablo de lavado, no es sólo lavado de dinero de la droga, sino que es lavado de dinero también proveniente de la corrupción, y donde entra la liquidación de las empresas del Estado, cuando en la ley se habla de la venta de activos, es decir, de la privatización de una cantidad de empresas estatales, y que, es verdad que algunas tienen que ser privatizadas.
Si esa ley se aplica tal como está; prácticamente, queda vaciada la AN de sus funciones. No tiene sentido que haga ningún tipo de trabajo; porque el presupuesto de la nación no se va a decidir allí».
“Pero una cosa es que se haga públicamente y otra cosa que se haga en la oscuridad, de manera opaca, a través de un proceso no muy transparente, y sin que participe el pueblo con sus distintos actores y, lo más importante, que esos activos, que están allí, puedan ser direccionados dentro de un plan de desarrollo que permita que Venezuela supere, precisamente, el modelo económico rentista, extractivista; que es el que está en crisis en este momento en el mundo”.
– ¿Qué piensa usted del articulado de la ley, donde se le concede al Estado el privilegio de llevar a cabo negociaciones en secreto; que no se ventilen públicamente?
– Que es inaceptable; porque implica eliminar todo tipo de control político y social. Es decir, los venezolanos no vamos a poder saber lo que se haga o se deshaga; ni nadie de nosotros; quizás en el exterior podrán estar más enterados que aquí. No hay ninguna justificación para eso, y la propia Constitución lo establece; ni siquiera en los Estados de excepción. No se puede suspender el acceso a la información.
“Sobre todo, cuando se trata de bienes que son del patrimonio público; porque esas empresas no son de Nicolás Maduro ni de los burócratas”.
“De tal manera que en lo sucesivo, yo estoy convencido de que la Asamblea Nacional, que se elija el próximo 6 de diciembre, el primer problema que va a tener al frente es esa Ley Antibloqueo; tomando en cuenta que, si esa ley se aplica tal como está; prácticamente, queda vaciada la AN de sus funciones. No tiene sentido que haga ningún tipo de trabajo; porque el presupuesto de la nación no se va a decidir allí; en segundo lugar, el control que puede ejercer sobre la administración pública, tampoco lo puede ejercer, por el tema de la confidencialidad”.
“En tercer lugar, que si se trata de leyes, específicamente, cualquier ley que se haga, puede ser desaplicada por el Ejecutivo; de acuerdo al contenido de la Ley Antibloqueo y a su supuesto carácter supraconstitucional; que, como dije antes, no es más que un ardid para ocultar un proceso de destrucción de la institucionalidad; prácticamente un golpe de Estado en proceso”.
