El juez federal estadounidense Thomas Griesa ordenó el viernes a Argentina y los fondos especulativos que sigan buscando una solución negociada al litigio por deuda en mora que ha colocado al país en default parcial, al tiempo que un organismo privado internacional competente ratificó el incumplimiento de pago.
«Volvamos a trabajar», dijo Griesa en una esperada audiencia este viernes en los tribunales de Nueva York, luego del fracaso de las negociaciones que colocó el miércoles a Argentina en default parcial por no poder cumplir un pago de su deuda reestructurada en 2005 y 2010, indicó AFP.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, rechazó que su país haya entrado en cesación de pagos: «Impedir que alguien pague no es default. El default selectivo no existe», dijo, según lo destaca la web de El Universal.
Pero este viernes la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, según sus siglas en inglés) determinó que se produjo «un evento de incumplimiento de pagos» cuando venció el plazo para que acreedores de deuda reestructurada recibieran 539 millones de dólares en concepto de intereses.
El anuncio del ISDA activa pagos de seguros privados por un monto estimado en 1.000 millones de dólares sobre esos títulos.
La primera agencia calificadora en declarar un «default selectivo» de Argentina, que implica incumplimiento de pagos sobre una parte de su deuda, fue Standard and Poor’s el mismo miércoles. El jueves fue el turno de Fitch, que puso los bonos argentinos en «default parcial».
Moody’s también consideró que se trata de «un caso de default» y, a pesar de mantener el viernes la nota de Argentina, rebajó su perspectiva a «negativa» al considerar que se acelerará el deterioro de su economía.
Argentina adelantó que pedirá una investigación al organismo regulador de los mercados estadounidenses (SEC) para que determine si el juicio en Nueva York que la enfrenta a los fondos que califica de «buitres» no es una «maniobra especulativa» para ganar con el default.
Según un comunicado del ministerio de Economía argentino, la audiencia que Griesa convocó fue para «beneficiar a los fondos buitres», ya que el magistrado «sigue sin resolver nada».
Griesa, que ya ha rechazado reponer una medida cautelar que podría haber evitado el default, denegó este viernes un pedido de Argentina para cambiar al mediador que designó en el caso, Daniel Pollack.
Argentina pidió el cambio con el argumento de que ya no había confianza en el papel de Pollack por declaraciones hechas tras el fracaso de las tratativas en las que habría demostrado no ser imparcial.
Griesa recordó que más allá de la cuestión del default, las «dos obligaciones» de Argentina, con los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 y con los fondos que ganaron un juicio, «permanecen» y deben ser resueltas.
La única buena noticia para Argentina fue que el juez completó una autorización para el pago de bonos reestructurados a través de dos agentes en Europa, tras considerar por única vez que no podían ser incluidos en su sentencia.
Griesa había fallado en ese sentido el pasado 28 de julio a favor del banco Citibank y ahora amplió su orden a los agentes de pago europeos Cleartream (con sede en Luxemburgo) y Euroclear (con sede en Bélgica), por los que transita el dinero en su camino a los bonistas en Europa.
El gobierno de Kirchner ha insistido en que defenderá los «exitosos» canjes de su deuda soberana, aceptados por el 92,4% de los tenedores de los títulos con quitas de hasta 70% de las acreencias.
Argentina ha afirmado que no puede pagar a los fondos especulativos el 100% de sus acreencias sin activar la cláusula «RUFO» de esos canjes, que determina que debe equiparar los pagos a todos los acreedores, lo que podría costarle una catarata de juicios por miles, incluso cientos de miles de millones de dólares.
Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los fondos, el jueves se supo que JP Morgan y otros grandes bancos mantenían discusiones con NML Capital y el fondo Aurelius para hallar una solución alternativa al caso.
Esta situación inédita de default, producto de un fallo judicial, tiene lugar trece años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando fue el gobierno argentino el que se declaró en moratoria por 100.000 millones de dólares.
Una de las consecuencias del nuevo default mencionadas por los expertos era el encarecimiento del acceso a los mercados externos para el país. Este viernes, Fitch recortó la nota crediticia de la petrolera YPF y otras nueve empresas argentinas.
De su lado, y tras caer el jueves un 8,43%, la Bolsa de Buenos Aires avanzó este viernes 1,69% para terminar la semana con una ganancia de 5,09%.
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