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La Relatora especial para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, insta a los bancos de Reino Unido, Portugal y demás países que mantienen retenidos recursos que le pertenecen a Venezuela a que los devuelvan para ser utilizados para la atención de los efectos de la crisis económica y social
La Relatora especial para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, asegura este viernes que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han exacerbado las calamidades sobre la población.
Esta aseveración fue realizada por la funcionaria de la ONU durante una rueda de prensa que ofreció desde Caracas, con la finalidad de brindar detalles del informe acerca del trabajo que desarrolló durante su visita a nuestro país y la cual se prolongó durante un total de 12 días consecutivos.
Douhan muestra preocupación que las sanciones hayan afectado las actividades petroleras del país, el congelamiento de cuentas y transacciones contra el Banco Central de Venezuela, y las cuales, en su opinión, han impedido ingresos para mantener los programas sociales.
En tal sentido, indica que Venezuela antes de las sanciones económicas usaba el 76 % de sus ingresos producto del petróleo para el funcionamiento de programas sociales. “Ahora con el bloqueo no puedes invertir el 1 % de lo que invertía el país. Venezuela no puede comprar vacunas porque no tiene derecho ni a usar su dinero”, señala.
“Debido a las sanciones coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela aumenta las crisis, tensiones, separación de las familias, mano de obra forzada y migración. Hay mano de obra infantil que participa en la economía gris, hay actividades delictivas tales como el tráfico de drogas y de personas. Hay mano de obra forzada y migración”, agrega.
Asimismo, indica que el programa Clap, que comenzó en el año 2017, ha disminuido en su diversidad de artículos. “Venezuela depende en su totalidad de la importación de medicinas desde el extranjero y anteriormente el Estado las ofrecía libres de costo. Los impedimentos para la atención pública incluyen la falta o insuficiencia de medicinas y vacunas, aumento de precios, cortes eléctricos y escasez de agua”, asegura.
“Se incluyen problemas sanitarios que afectan la higiene, infraestructura en decadencia, ausencia de repuestos, falta de disponibilidad de equipos nuevos, condiciones de trabajo degradantes y falta de equipos de protección contra enfermedades infecciosas, pérdida de personal en las áreas médicas debido a los bajos salarios y la interrupción en la construcción de hospitales”, añade.
“Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos y, especialmente en la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo. Insto al gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a implementar el acuerdo de cooperación firmado entre ellos para establecer la presencia del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos para monitorear el impacto de las sanciones y organizar visitas al país”, afirma.
La Relatora Especial insta a los bancos de Reino Unido, Portugal y demás países que mantienen retenidos recursos que le pertenecen a Venezuela a que los devuelvan para ser utilizados para la atención de los efectos de la crisis económica y social en el país.
En tal sentido, menciona que el desvío de activos de la refinería Citgo, en Estados Unidos, impidió la disposición de recursos que se encontraban previstos para la intervención quirúrgica de 53 niños venezolanos que necesitan el trasplante de hígado y de médula ósea, para intervenciones quirúrgicas que se iban a realizar en Italia y Argentina.
“Observo el aumento de la mortalidad materna y neonatal desde el año 2013, con una ligera mejora en el 2019 cuando la cooperación humanitaria de Unicef y las iglesias se activó”, afirma.
“Otros efectos negativos de la crisis es el creciente embarazo de adolescentes de 12 y 13 años de edad, en medio de la falta de información y sin uso de anticonceptivos y lo cual ha llevado a un aumento del VIH”, agrega.
Indica que la educación media y universitaria también han enfrentado una disminución grave de apoyo gubernamental desde el año 2016, en los renglones de uniformes, calzados, morrales, útiles escolares y de las comidas diarias en los centros educativos.
La falta de disponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las compañías extranjeras para comerciar con instituciones públicas y privadas de Venezuela llevó a suspender el programa Canaima que comenzó en el 2015 para ensamblar computadoras portátiles con fines académicos.
Añade que en 2019 un incidente técnico dejó sin servicio el satélite Simón Bolívar, lo cual ocasionó la disminución significativa de la cobertura de Internet en el país.
El contenido del informe presentado por Douhan ha generado diversas reacciones en el país. Aquí compartimos varias de ellas.
El exdiputado Julio Borges, comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores, asevera que el informe de Douhan “no concuerda” con la realidad de los venezolanos y lo que piensa la comunidad internacional.
“Tal y como lo advertimos, esta relatora tenía una posición previa y una relación con gobiernos que han ayudado a la dictadura a mantenerse en el poder. Lamentamos que su reporte no refleje los principios de imparcialidad y amplitud, fue una reproducción del discurso de Maduro”, escribe a través de su cuenta @JulioBorges, en la red Twitter.
El periodista Víctor Amaya, a través de su cuenta @victoramaya en la red social Twitter, escribe que Alena Douhan dijo que es complicado responder por qué Irán produce petróleo y Venezuela no, si ambos están sancionados. “Dijo que mejor preguntárselo a los países que impusieron las sanciones”, acota el comunicador en su tuit.
Por su parte, el economista José Guerra, a través de su cuenta @JoseAGuerra, escribe: “Tengamos en cuenta que la relatora de la ONU que vino a Venezuela, la señora Alena Douhan es de Bielorrusia y partidaria del dictador Lukachenko”.
