razonnet
La ONG señala que el uso de la justicia militar contra civiles tiene larga data, pero se hizo habitual durante las protestas masivas de 2017, en las cuales el gobierno, para acallar a los manifestantes
La ONG Acceso a la Justicia advierte que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) todavía no ha fijado posición definitiva acerca de la posibilidad de que los jueces militares procesen a personas que no forman parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En tal sentido, recuerda que en diciembre del año 2020 el TSJ decidió reabrir la posibilidad de que las personas civiles sean procesadas por los tribunales castrenses y luego de haber considerado meses ante que este proceso es violatorio de los principios establecidos en la Constitución.
Indica que la nueva decisión estuvo a cargo de la Sala Constitucional del TSJ y quedó establecida en la sentencia n° 246, la cual fue publicada el día 14 de diciembre de 2020. Aunque la ONG acota que el contenido o texto del fallo apenas se conoció hace pocos días del presente año.
«La condición civil ostentada por un ciudadano detenido obliga a los Tribunales en Funciones de Control Penal Militar a efectuar preliminarmente un análisis motivado respecto de los límites de su competencia para conocer de oficio sin necesidad de requerir solicitud de parte interesada», establece la sentencia.
La ONG explica que la Constitución no prohíbe expresamente el enjuiciamiento de personas civiles por parte de los jueces militares, y, en tal sentido, consideró previamente que la Carta Magna no lo permitía de acuerdo con los parámetros de los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.
Al respecto, señala que el 24 de abril de 2002 publicó la sentencia número 838 donde indicó que la justicia militar solo se aplica a delitos de naturaleza militar perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento.
La ONG recuerda que el uso de la justicia militar contra civiles en Venezuela tiene larga data, pero se hizo habitual especialmente en las protestas masivas de 2017, en las cuales el gobierno, para acallar a los manifestantes, usó de manera extensiva esta jurisdicción.
“Quienes han terminado ante un juez castrense no solo no han visto respetadas sus garantías judiciales, sino que además han sido víctimas de torturas y malos tratos, tal y como lo constató la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas”, indica.
Acceso a la Justicia cuestiona la actitud dubitativa del TSJ sobre esta materia porque abre las puertas para que más ciudadanos civiles terminen ante una instancia que es controlada totalmente por el Ejecutivo Nacional.
“Los jueces militares no son escogidos por el TSJ como manda la Constitución sino por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, como denunciamos en un estudio realizado sobre la materia”, denuncia.
