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La ONG Derechos Civiles recuerda a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que los hechos investigados contra los cuerpos de seguridad del Estado son detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, heridos, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes y abusos sexuales contra mujeres
La Organización de las Naciones Unidos (ONU) tiene las pruebas sobre las violaciones graves contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela por los cuerpos de seguridad del Estado, destaca el coordinador de la ONG Derechos Civiles, abogado y exdiputado de la Asamblea Nacional, Rafael Narváez.
Explica que, de igual modo, la Misión Independiente para la determinación de los hechos de la ONU presentó en su informe evidencias suficientes acerca de esta materia.
En tal sentido, Narváez recuerda que los hechos investigados son detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas, heridos, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, abusos sexuales contra mujeres en los centros de detención y asesinatos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los ciudadanos que protestaron durante los años 2014 y 2017.
Agrega que también fueron entregadas pruebas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes de las OLP, Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Investigaciones (Sebin), Comando Nacional Antisecuestro (Conas) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“Estos cuerpos policiales no tienen miramientos para violar los derechos civiles y políticos. Siguen cometiendo atrocidades contra los ciudadanos y el informe de hace horas.
Destaca que el informe de marzo 2021 de la oficina del Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, instalada en nuestro país, dio a conocer que 200 personas perdieron la vida durante ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado, encabezados principalmente por el FAES.
Enfatiza que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tiene una gran oportunidad para exigir justicia a favor de las personas que han sido víctimas de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“Es una oportunidad para lavarle el rostro a un Consejo General para los Derechos Humanos que se ha convertido en el refugio de representantes de países violadores graves de los derechos humanos y que solo están allí para proteger a sus aliados comerciales”, indica.
Narváez señala que Michelle Bachelet debe solicitar formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) la aprobación definitiva del informe preliminar, el cual ya tiene mucho tiempo de estar en fase 3. Añade que luego sigue el próximo paso que califica como histórico porque por primera vez en un país latinoamericano se realizará una investigación sobre hechos tipificados por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad.
