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Las trabajadoras sexuales denuncian que son víctimas de extorsión, robos, maltratos físicos y verbales. Entre los cuerpos de seguridad que son denunciados por esta clase de práctica se encuentra la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Poli Chacao.
La ONG Provea destaca que las trabajadoras sexuales en Venezuela denuncian maltratos físicos y procedimientos ilegales en su contra, y los cuales son ejecutados por efectivos de los organismos de seguridad del Estado.
Explica que son víctimas de extorsión, robos, maltratos físicos y verbales. Entre los cuerpos de seguridad que son denunciados por esta clase de práctica se encuentra la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Poli Chacao.
Añaden que los cuerpos policiales son señalados de extorsionar también a los clientes de las trabajadoras sexuales, y motivo por el cual muchos de estos han dejado de frecuentar los lugares donde ofrecen sus servicios.
Explican que han realizadas las denuncias ante los organismos competentes, sin embargo, indican que las conductas de los policías no han sido corregidas ni evitadas. Agregan que los funcionarios reiteran en violaciones contra los derechos de este grupo de mujeres.
En tal sentido, Provea recoge el testimonio de una embarazada que fue perseguida y pateada por funcionarios de la PNB, provocándole una caída. También señalan que son detenidas y montadas en las patrullas alegando que no llevan tapabocas cuando sí lo usan.
Indica que en diciembre de 2020, la organización AMBAR atendió el llamado por los abusos cometidos por la brigada motorizada de Poli Chacao. AMBAR efectuó las denuncias formales y logró la destitución de algunos funcionarios.
Asimismo, AMBAR destaca que ha recibido la denuncia de que todos los viernes las trabajadoras sexuales de Chacao y el centro de Caracas deben pagarles a los funcionarios policiales que patrullan, entre 15 a 20 dólares semanales.
Esta organización resalta que uno de los mayores desafíos que enfrentan actualmente estas trabajadoras sexuales es continuar laborando cuando, producto de la pandemia del Covid-19, los locales fueron cerrados temporalmente.
A partir de allí se han encontrado más expuestas en las calles expuestas y vulnerables frente a la actuación de bandas criminales y también de los efectivos de cuerpos de seguridad policiales que cometen distintos tipos de abuso.
Provea explica que en Venezuela el trabajo sexual no está penalizado pero quienes lo ejercen suelen ser estigmatizados y se convierte en otro grupo desprotegido de la sociedad.
Al respecto, añade que a estas personas se les dificulta obtener apoyo legal en casos de discriminación, violencia, atención médica adecuada o educación sobre la sexualidad y empoderamiento sobre sus cuerpos.
