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El gobierno nacional y su brazo político, el PSUV, cada día que pasa realizan actos violatorios de la Constitución y leyes de la República que cierran la vía electoral para que el pueblo ejerza su soberanía.
Absalón Méndez Cegarra
La población venezolana, durante el siglo XX, alcanzó cierto grado de madurez política. Durante el gobierno del General Isaías Medina Angarita y el surgir de organizaciones políticas modernas, como AD, COPEI, URD y PCV, los venezolanos comenzamos a transitar tímidamente el ejercicio del voto; pero, es, con el derrocamiento de Medina Angarita cuando dicho ejercicio se activa y constituye uno de los elementos justificativos del golpe de Estado que puso fin al medinismo, considerado por muchos como la continuación de la vida democrática en el país o, caso contrario, la iniciación de la misma, en el supuesto que la primacía corresponda a su antecesor, el General Eleazar López Contreras. El reclamo para instaurar en Venezuela un sistema electoral libre, universal y secreto, como expresión de democracia, soberanía popular y forma racional de elegir a los gobernantes y alcanzar el poder político, comenzó a ser consigna política central.
La dictadura de Pérez Jiménez eclipsó el desarrollo electoral y abrió camino al fraude electoral, camino que se ha ido alargando con el correr de los años hasta ensancharse brutalmente con el chavismo en el poder. El PSUV y su gobierno, han hecho de las elecciones una autopista para la comisión de los más vulgares fraudes electorales, al punto, que, hoy se conoce, por boca de actores que guardaron silencio cómplice por muchos años, que ninguna elección, salvo la que llevó a Chávez al poder en 1998-99, fue transparente, lo que significa que el poder político ha sido usurpado, producto de acciones electorales fraudulentas, hechos que alcanzan su cenit en las elecciones del 21N, al negar el triunfo electoral en una entidad federal, a un candidato clara y probadamente ganador, lo que se traduce en injerencia e intromisión electoral, usurpación de atribuciones y sumisión-dominación del poder electoral, con lo cual el país ha perdido total credibilidad en el voto. Y, en lo poco que quedaba de institucionalidad y decencia en el país, pues, la inconstitucional e ilegal decisión del TSJ, de anular las elecciones de Gobernador en el Estado Barinas, arrastró por el suelo a las FAN y su Plan República, Poder Electoral, Administración de Justicia y, por su supuesto, al Poder Ejecutivo y su partido-gobierno, el armador de todo el tinglado fraudulento.
A partir de esta acción fraudulenta, desconocedora de la voluntad popular, nadie, en su sano juicio, puede tener en adelante, credibilidad en el voto como forma de expresar dicha voluntad, lo que va a profundizar, aún más, el alejamiento de la gente de las urnas electorales y del activismo político y afiliación a organizaciones políticas, con lo cual el partido- gobierno ha cerrado la vía electoral como salida a la crisis política que vivimos los venezolanos.
Resultan cínicos los llamados del Jefe del Estado, con la CRBV en la mano, al mejor estilo de Hugo Chávez, al diálogo, a la concordia, a la paz, reconciliación y entendimiento con todos los sectores de la vida nacional. Eso, no se lo creen ni ellos mismos. Y, resulta condenable toda conducta que se preste a semejante burla y engaño nacional y acompañe la comparsa gubernamental.
Venezuela, constitucionalmente, desde el año 1864, se ha definido como un Estado Federal. El artículo 4 de la CRBV, 1999, establece, que: La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”
El tipo de federalismo venezolanos es sumamente curioso. Algunos distinguidos constitucionalistas, señalan, que, Venezuela es un Estado centralista, unitario, con ribetes federales, pues, la verdad, es que el Poder Estadal luce completamente disminuido, no tanto, constitucionalmente, sino en la práctica de la acción de gobierno.
El artículo 159 de la CRBV, establece, que: “Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República”. Pero, ahora, resulta, que los gobernadores de las entidades federales, aun cuando son electos, deben obediencia y sumisión al Presidente de la República, regresando al momento cuando eran designados por dicho funcionario; pero, lo más grave, es lo que sucedió en el pasado reciente con el gobernador electo del Estado Zulia que fue destituido por no aceptar juramentarse ante una asamblea constituyente irrita, o, lo actual, el despojo de las competencias de las entidad zuliana, señaladas expresamente en el artículo 164 de la Constitución, solo porque el gobernador electo no es del agrado del partido-gobierno. Y, más grave, aun, es el reparto que el partido – gobierno está haciendo de las entidades federales. Así, tenemos, que el Estado Barinas pasó en absoluta propiedad a la familia Chávez; el Estado Bolívar a Rangel Silva y sucesores; y, el Estado Yaracuy, a la familia Heredia.
El territorio patrio ya no es la herencia que dejó la colonial provincia de Venezuela por aplicación del principio del “uti possidetis juris”, lo que poseías, lo seguirá poseyendo, sino, que, ahora, al estilo de los grandes magnates del mundo, el territorio patrio se vende o entrega en propiedad a particulares.
En dictadura, las elecciones son una burla al pueblo. No constituyen la vía para la renovación del poder político. El gobierno nacional, cuando no gana empata o arrebata. Barinas, cual legado, volverá a la familia Chávez, pues, le pertenece en propiedad. No, nos llamemos a engaños.
@absalonmendez1
