Humberto González Briceño
Uno de esos engendros que hoy pululan es CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas)
Humberto González Briceño
En la Venezuela del siglo XXI, las Fuerzas Armadas dejaron de ser el brazo armado de la República para transformarse en algo mucho más funcional a los intereses de la élite gobernante: un holding empresarial con uniforme, fusil y prerrogativas. Bajo el manto retórico de la “revolución bolivariana”, lo que en realidad se ha consolidado es una estructura híbrida: parte ejército, parte corporación, parte mafia organizada. La FANB —ese eufemismo que encubre lo que en esencia es la guardia pretoriana del chavismo— ha devenido en actor económico con intereses propios, autónomos incluso respecto del Estado fallido que fingen defender.
El proceso comenzó con la llegada de Hugo Chávez, quien entendió mejor que nadie que un poder armado empobrecido podía ser un poder desleal. Las primeras concesiones fueron simbólicas: ascensos exprés, medallas, homenajes. Pero pronto vino el festín material: empresas mixtas, participación en la renta petrolera, y, por supuesto, la entrega de parcelas enteras de la economía en ruinas. Así nacieron esos engendros que hoy pululan bajo el nombre de CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas) o de Agrosur y su constelación de negocios agrícolas con fachada bolivariana. El soldado dejó de ser soldado: ahora es empresario, contrabandista, gestor de bodegones, custodio de minas de oro y protector de corredores del narcotráfico.
Como bien ha documentado la periodista Sebastiana Barráez en diversos reportajes para Infobae, la FANB “se ha convertido en una corporación de poder que controla negocios, recursos naturales y hasta rutas de contrabando, todo bajo la bendición del alto gobierno”. Su trabajo desmenuza cómo la estructura castrense es hoy una federación de intereses cruzados, donde lo económico prima sobre lo institucional y lo patriótico es un adorno para discursos.
La “privatización” de la FANB no responde a una estrategia de modernización ni a una conversión productiva. Responde, simplemente, a un instinto de supervivencia: el régimen chavista necesitaba comprar lealtades, y qué mejor que permitir a los oficiales su propio pedazo de la decadencia. El modelo es sencillo: el Estado es un cascarón; la FANB, una federación de negocios privados con armas. Un teniente con acceso a un puesto de control fronterizo puede decidir quién pasa y cuánto paga. Un coronel a cargo de una empresa mixta minera se convierte en socio de hecho de mafias que desangran el Arco Minero. Un general con mando en puertos y aeropuertos es un gestor logístico de importaciones, exportaciones y contrabando.
Lo más notable es que el holding armado ha terminado por escapar del control político. La cúpula del poder civil, si es que aún existe tal cosa en Miraflores, depende de este conglomerado militar-empresarial que decide lealtades según el flujo de los negocios. Los gestos de obediencia son eso: gestos. Lo que impera es un pacto tácito donde el régimen tolera los excesos y las corruptelas a cambio de una estabilidad relativa, aunque cada vez más precaria. La FANB sostiene al régimen, sí, pero el precio de esa “sostenibilidad” es la entrega de las rentas nacionales, el territorio y la institucionalidad.
Algunos, con optimismo voluntarista, todavía hablan de “institucionalizar” las Fuerzas Armadas. Es un ejercicio de ingenuidad. ¿Cómo institucionalizar a un conglomerado cuya razón de ser es precisamente la informalidad, la opacidad y el negocio privado bajo sombra de uniforme? Lo que existe ya no es un ejército; es una franquicia armada con sucursales en puertos, minas, aduanas, agroindustrias, cadenas de bodegones y pistas clandestinas. Un holding armado cuya única lealtad es al dinero que fluye, no al país ni a la Constitución a la que un día juraron servir.
Quizá el mayor drama de esta metamorfosis no es solo la corrupción material. Es que, en el proceso, se perdió el último asidero para un cambio real. Porque ya no hay institución a la que apelar para restituir el orden. Hay un holding armado con intereses cruzados, y en ese holding, la idea de patria se diluyó hace tiempo entre oro, dólares y contrabando.-
