Humberto González Briceño
La geopolítica, reducida a contabilidad. El petróleo, convertido en flujo de caja. Y los Estados, degradados a socios —o a sucursales
Donald Trump no habla en metáforas: habla en balances. Cuando sugiere que la nueva relación con Venezuela puede entenderse como una “empresa conjunta”, no incurre en una licencia retórica sino en una confesión de método. La geopolítica, reducida a contabilidad. El petróleo, convertido en flujo de caja. Y los Estados, degradados a socios —o a sucursales.
La pregunta, entonces, no es si la analogía es correcta. La pregunta es quién firma los cheques.
Porque, en efecto, todo parece dispuesto como una arquitectura empresarial. Estados Unidos levanta sanciones, habilita licencias, autoriza operaciones y, lo más revelador, se reserva mecanismos de control sobre los ingresos petroleros, que en parte terminan en fondos bajo su supervisión . A cambio, Venezuela —o más bien el aparato chavista que la administra— ofrece lo único que aún posee valor: reservas, contratos, concesiones.
Una empresa conjunta, sí. Pero con cláusulas que no aparecen en ningún estatuto mercantil.
¿Quiénes son los gerentes? Del lado norteamericano, la respuesta es trivial: agencias, reguladores, tribunales, un Congreso que —con mayor o menor cinismo— exige rendición de cuentas. Hay, en suma, un sistema. Puede fallar, pero existe.
Del lado venezolano, la figura del gerente se diluye en una constelación opaca: Delcy Rodríguez, el Ministerio de Petróleo, los operadores de PDVSA reciclados, los intermediarios de siempre. Una gerencia sin actas, sin auditorías, sin responsabilidad jurídica real. Una gerencia que no administra: reparte.
Aquí la ironía alcanza su punto más fino. Formalmente, el dueño es el Estado venezolano. En la práctica, el control de activos estratégicos —como CITGO— ha sido objeto de maniobras donde Washington decide, bloquea o habilita según su conveniencia . Al mismo tiempo, actores vinculados al entorno de Trump han mostrado interés directo en esos mismos activos, en un cruce inquietante entre política pública y oportunidad de negocio .
En cualquier manual de gobierno corporativo, esto tendría un nombre menos elegante: conflicto de intereses.
Quedan los accionistas. Y aquí la metáfora se rompe o, mejor dicho, se revela. Porque si esta empresa existe, los venezolanos serían sus accionistas naturales. Pero no reciben dividendos, no participan en decisiones, no tienen acceso a información. Son, en el mejor de los casos, accionistas fantasmas.
Y es justamente allí donde la pregunta incómoda adquiere sentido: ¿a quién rinde cuentas esta empresa?
En Estados Unidos, al menos en teoría, a sus instituciones. En Venezuela, a nadie. O peor: a quienes detentan el poder armado y económico, esa “macolla” que —como ya se ha dicho— convirtió al Estado en una caja negra donde las lealtades se compran y se venden .
Por eso no sorprende que muchos venezolanos comiencen a preguntarse si el remedio no ha resultado más costoso que la enfermedad. La salida de Maduro —si algo concreto produjo— fue abrir un nuevo ciclo de relaciones con Washington, sí, pero también reconfigurar los incentivos del chavismo. Ya no se trata de resistir sanciones, sino de negociar su levantamiento a cambio de concesiones cada vez más profundas.
Una paradoja casi literaria: el mismo régimen que durante años se negó a ceder ahora parece dispuesto a hacerlo todo. Y uno imagina a Maduro —en algún lugar de su exilio o confinamiento— preguntándose con amargura por qué nunca le exigieron a él lo que hoy Delcy concede sin rubor.
Quizás porque, al final, esto nunca fue un problema de principios sino de oportunidad.
Las empresas conjuntas, en el mundo real, se crean para compartir riesgos y beneficios. Esta, en cambio, parece diseñada para socializar pérdidas y privatizar ganancias. Y en ese reparto desigual, Venezuela sigue siendo lo que siempre fue en esta historia: no el socio, sino el activo.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
