Humberto González Briceño
Quienes hoy controlan el Estado venezolano han decidido que unas elecciones presidenciales podrían celebrarse en 2030. Dependerá exclusivamente de sus intereses y de la correlación de fuerzas.
Cada cierto tiempo aparece una nueva explicación sobre por qué en Venezuela todavía no hay elecciones. Antes era el bloqueo, luego las sanciones, después la supuesta amenaza de una intervención extranjera. Ahora se nos dice que los partidos necesitan tiempo para reorganizarse, reconstruirse y prepararse adecuadamente antes de acudir a las urnas.
La tesis luce razonable. Como casi todas las justificaciones que se ofrecen para explicar la ausencia de democracia en Venezuela. El problema es que las cosas razonables no siempre son las verdaderas.
La discusión sobre si los partidos están listos o no para una elección tiene algo de distracción académica. Como aquellos debates bizantinos sobre el sexo de los ángeles mientras las murallas de Constantinopla ya estaban siendo derribadas. Porque el problema venezolano nunca ha sido la preparación de los partidos ni la falta de candidatos. Tampoco la ausencia de observadores internacionales, de auditorías o de sofisticados mecanismos electorales.
El problema es mucho más simple.
Si hoy no hay elecciones en Venezuela es porque el chavismo no quiere que las haya.
Todo lo demás son explicaciones accesorias que pueden sonar sensatas, prudentes o incluso responsables, pero que no constituyen la verdadera causa del problema.
Después de más de veinticinco años de experiencia chavista resulta difícil sostener seriamente que la celebración de elecciones depende de condiciones técnicas o administrativas. Cuando al chavismo le ha convenido convocar elecciones las ha convocado. Cuando le ha convenido suspenderlas, retrasarlas o modificarlas también lo ha hecho. La variable determinante nunca ha sido institucional sino política.
La fecha de unas futuras elecciones no está escrita en ninguna ley ni en ningún cronograma. Está escrita en los cálculos de conveniencia del poder.
Y todo indica que quienes hoy controlan el Estado venezolano han decidido que unas elecciones presidenciales podrían celebrarse en 2030. O quizás después. O quizás antes. Dependerá exclusivamente de sus intereses y de la correlación de fuerzas que perciban en cada momento.
Por eso resulta un error esperar que la solución venga de declaraciones, diagnósticos o cronogramas elaborados desde Washington.
Las elecciones venezolanas no dependen de debates sobre la madurez de los partidos ni de complejos procesos de reorganización política. Mucho menos de sofisticadas teorías sobre las etapas de una transición.
La experiencia reciente demuestra algo distinto: cuando existe voluntad política, los obstáculos desaparecen con sorprendente rapidez. Lo que durante años fue presentado como imposible suele resolverse en cuestión de días cuando quienes tienen el poder deciden que así sea.
Por eso el futuro electoral venezolano no está condicionado por el tiempo que requieran los partidos para organizarse. Está condicionado por decisiones políticas concretas.
Y si de verdad existiera la voluntad de despejar el camino hacia una elección, probablemente no harían falta meses de conferencias, mesas de trabajo o elaborados diseños institucionales. Bastaría una conversación entre quienes hoy tienen la capacidad real de influir sobre los acontecimientos. O quizás una llamada entre Washington y Caracas.
La tragedia venezolana consiste precisamente en eso. Mientras se multiplican las explicaciones técnicas, jurídicas o diplomáticas, la realidad sigue siendo extraordinariamente sencilla: las elecciones no ocurren porque quienes controlan el poder han decidido que todavía no les convienen.
Todo lo demás son notas al pie.
Y las notas al pie nunca han gobernado Venezuela.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
