El régimen espera de los presos políticos una confesión o facilitación de información y los maltrata física, psicológica y emocionalmente
Tamara Suju Roa
Pérfido es aquel que utiliza la justicia para manipular al prójimo a través de sus sentimientos. Esto es lo que han hecho los representantes del sistema de justicia venezolano con algunos de los injustamente encarcelados en nuestro país.
Desde que escribo en “La Razón” he tenido la oportunidad de plasmar en artículos, como algunos presos políticos pasan por diferentes etapas, a medida que van perdiendo la esperanza en el sistema o, mejor dicho, se van dando cuenta de que son presos políticos y que al gobierno le importa poco si les violan sus derechos humanos o el debido proceso. Algunos, por ejemplo, no querían tener visibilidad ni publicidad bajo la premisa, unos, de que quizás podrían solucionar todo más rápido; y otros, de que si los vinculaban con motivos políticos, podría perjudicar sus causas.
La mayoría terminan después de uno o dos años, inclusive, aceptando que están presos porque el gobierno los quiere presos, y que no habría abogados ni ONG’S que los saquen de las mazmorras. Entonces entienden que el silencio y el desconocimiento de sus casos por el resto de los mortales los mantendrá eternamente encerrados. Luego viene el tiempo más duro… aquel en el que se dan cuenta que por ser presos del régimen no tendrán oportunidades legales de un juicio justo, del cumplimiento de los lapsos procesales y de no ir a la cárcel. Entonces, las mazmorras pasan a ser una tumba personal de los sueños y las esperanzas.
La peor parte se la han llevado quienes están en peores condiciones de reclusión. Quienes han sido sometidos incluso a torturas o tratos crueles e inhumanos. El régimen espera de ellos una confesión o facilitación de información y los maltrata física, psicológica y emocionalmente. En la mayoría de los casos se presentan el celador “bueno” y el celador “malo” y tanto el detenido como sus familiares terminan confiando en el “bueno”, uno de los signos del Síndrome de Estocolmo. El “bueno” siempre trae “noticias”, alguna prensa, quizás un café o el permiso de hablar unos minutos más por teléfono. El malo le quita las cartas a la madre o esposa, les mete la mano en la comida que llevan, los encierra más temprano o los maltrata con gritos o empujones. Se crea entonces una dependencia psicológica del “bueno” al que se acude para que el familiar detenido sea mejor tratado, y además recibe agradecimientos por hechos que no son favores, sino derechos de los detenidos. A veces la familia siente que “algunos no son tan malos” y siembran la esperanza en ello, aunque su familiar esté preso porque sencillamente el gobierno es perverso.
Hoy este trato cruel se ha sofisticado o pulido. En los procesados, se juega con los tiempos de las audiencias y sus sitios de reclusión. En los sentenciados, con los tiempos para obtener las medidas sustitutivas por cumplimiento de la pena por ejemplo. En ambos casos la tortura o trato cruel se extiende a la falta de atención médica oportuna. Imagine usted, estimado lector, qué sentiría luego de varios meses de injusto encarcelamiento y audiencias preliminares suspendidas, y que el día asignado para otra supuesta audiencia, lo mandan a vestir, a acomodarse para el traslado, y éste nunca llega o si llegó, hicieron la simulación de trasladarlo al tribunal donde se entera que la audiencia es nuevamente suspendida y a usted lo dejaron vestido y con la esperanza de que quizás en ésta presentación, usted hubiera podido quedar libre. Cada vez su familia, a la que le ha cambiado la vida por completo desde que usted está preso, se le apaga la luz de la esperanza de verlo libre.
Marcelo Crovato, abogado colaborador de Foro Penal, pasó 10 meses en la cárcel de Yare 3 y su audiencia preliminar fue diferida ocho veces. Cuando llegaba al tribunal lo encontraba sin despacho o sin el traslado de las otras personas que estaban con él en el proceso. Nunca tuvo acceso a su expediente. Enfermo, con cáncer en la piel, alejado de su esposa e hijos pequeños, tuvo una crisis depresiva y la desesperanza lo llevó a intentar quitarse la vida en noviembre de 2014. El abogado había vivido en carne propia la perversidad de la justicia tanto por su injusta detención como la aplicación del retardo procesal. Hoy tiene casa por cárcel.
Rodolfo González, de 63 años, reconocido como el “Aviador” fue detenido en abril de 2014 en el medio de las manifestaciones y llevado al Helicoide, sede del Sebin, donde compartió por 11 meses con los jóvenes que también estaban detenidos por manifestar. Aparte de los múltiples diferimientos de su audiencia preliminar, a Rodolfo González y los jóvenes ahí recluidos les aplicaban el terrorismo psicológico de posibles traslados a otras cárceles comunes, cuyos nombres encierran muerte, droga, armas y todo aquello que los venezolanos conocemos muy bien: los sumideros de seres humanos que son las cárceles de nuestro país. El 12 de marzo de este año, les fue anunciado el traslado a esas otras cárceles, con la consecuente crisis psicológica que ya venían arrastrando hacía meses. Rodolfo González, quien había manifestado que no haría pasar a su familia por más sufrimiento y que se conmovió ante la reacción de los muchachos ese día, tomó la decisión de quitarse la vida esa noche. Rodolfo perdió la esperanza de la justicia para sí mismo, para darle esperanza a quienes para él, tenían en ese momento el futuro por delante.
Lorent Saleh esta juntó con Gabriel Valles en “La Tumba”, cárcel ya conocida por todos. Desde la aprehensión en el mes de septiembre de 2014 hasta febrero de 2015, éstos jóvenes, junto a Gerardo Carrero, vivieron un infierno en esta especie de bóveda bancaria ubicada 5 pisos por debajo de la superficie, aislados, encerrados las 24 horas en celdas 2×3, sin relojes, sin ruidos, sin libros ni periódicos, sin luz ni ventilación natural y con un aire acondicionado tan frío que les quebraba la piel. Una huelga de hambre, el escándalo público, las cautelares de la CIDH lograron que bajo promesa del gobierno de mejorarles las condiciones, cesara la huelga. Carrero fue trasladado al Helicoide. Lorent y Gabriel permanecen en “La Tumba”. La audiencia preliminar ha sido diferida en 10 oportunidades. Los jóvenes han sido trasladados a los tribunales y en vez de subirlos a la mezzanina donde están los juzgados, los dejan en los sótanos, sin la oportunidad de ver al juez, conversar con sus abogados y mucho menos con sus familiares. Son devueltos a “La Tumba”, sin siquiera tener acceso a su expediente. La desesperanza se ha apoderado de Lorent en dos oportunidades en los que ha atentado contra su vida. Ambos han sufrido del síndrome de la depresión. Continúan hoy, después de casi 11 meses presos, esperando su audiencia preliminar.
Las 24 horas del día transcurren para cada uno de los presos del gobierno de forma muy lenta. Yo me imagino la zozobra en cada uno de sus pensamientos, de sus emociones. Meses y años de sus vidas presos sin justificación, sin que se les haya demostrado que han o cometieron delito alguno y además, víctimas de la saña y de la perversidad de la “justicia” venezolana. Los casos, por ejemplo, de los policías metropolitanos Arube Pérez, Héctor Rovain, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Marcos Hurtado y el de Rolando, Otoniel y Juan Guevara y la negación del gobierno a concederles lo que por Ley les corresponde es escandaloso. El retardo e incumplimiento procesal se han convertido junto con la falta de atención médica profesional oportuna, en mecanismos sofisticados de tortura que se aplica no sólo a los presos políticos, sino a sus familias y abogados en Venezuela.
