Los dueños de locales comerciales aseguran que se ven obligados a pagar dinero en efectivo a las bandas locales para que no ataquen sus negocios, aunque las denuncias de extorsión rara vez llegan a la policía
Redacción La Razón
A medida que las bandas criminales aseguran un mayor control en el país los crímenes de extorsión van en aumento. Según las estadísticas oficiales y entrevistas con empresarios que reseña un reportaje para Business Insider, los números se han disparado en los últimos dos años.
Los fiscales estatales dicen que se completaron 215 investigaciones sobre extorsión y secuestro en 2014, más del doble que el año anterior. Aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aseguran que ven sólo una parte del problema, porque la extorsión es rara vez denunciada.
Una encuesta realizada este año por el Observatorio Venezolano de Violencia encontró que el 34% de los entrevistados dijo que la extorsión es un mal «muy presente» en la zona donde viven, en comparación con el 25% que respondió lo mismo en 2013, la última vez que se realizó la encuesta.
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Caracas, la extorsión en Venezuela estuvo durante muchos años concentrada en la región fronteriza pero es cada vez más común en la capital, añadiendo presiones económicas a tiendas que han salido del mercado de forma forzada.
«Una orden social alternativo e ilegal se ha establecido en Caracas», dijo el director ejecutivo de la Cámara, Víctor Maldonado. Explica que el 20% de los miembros cerró negocios el año pasado debido a la recesión y el crimen, incluyendo la extorsión.
“Aquí todo el mundo paga”
Los dueños de negocios dicen que reciben llamadas telefónicas anónimas de personas que aseguran tener vínculos con el crimen organizado. Las personas que llaman prometen protección a cambio de pago y amenazan con violencia contra los que se niegan.
Un inmigrante portugués que abrió su tienda en una zona industrial de Caracas hace 25 años, cuenta que debe almacenar fajos de billetes en una bolsa negra cada semana en la espera a que suene el teléfono y la banda local pase a recoger su pago.
Cuando llega la llamada, la voz de un joven comprueba que está dispuesto a pagar, y una moto pasa poco tiempo después para recoger 5.000 bolívares en efectivo. Este dinero asegura que la pandilla no atacará de nuevo el almacén de materiales de construcción “como lo hicieron el año pasado”.
«Me negué la primera vez que llamó por teléfono, y luego un viernes temprano le dispararon al exterior del negocio. Otro día, vinieron en bicicleta cerca de mediodía y dispararon», asegura el comerciante. “Aquí, todo el mundo paga. Cualquier persona que dice que no lo hacen está mintiendo».
Alberto Quintero, propietario de una tienda de pinturas en la ciudad de San Cristóbal, es otro comerciante que admite ser víctima de extorsión. Dice que es amenazado de forma esporádica por parte de bandas y obligado a realizar pagos, el último de 30.000 bolívares. “Vivimos en un estado de miedo. A veces llamamos a la policía, pero ellos ni siquiera vienen», comenta.
Algunos conductores de camiones de cargamentos, que transitan a través de llanos centrales, dicen que pagan a las bandas criminales en las paradas de descanso para que los vehículos no serán robados, sin embargo, esto no los protege contra el robo común.
Muchos comerciantes se resisten a llamar a la policía debido a la preocupación de que los propios policías estén involucrados. «Es un crimen que es difícil de probar», explica Elisio Guzmán, jefe de la Policía de Miranda. «La única manera de evitar que esto ocurra es tener un sistema de justicia que funcione.»
