Los poderes públicos están constituidos de tal manera, que imponen su propia ley mediante procedimientos autoritarios inescrupulosos e ilegítimos
Oscar Battaglini
Personalmente pienso que no es tanto el asombro que provocan las confesiones reveladas por este fiscal sobre el juicio a Leopoldo López, por cuanto o que hacen es confirmar algo que ya se sabía: la enorme degradación ética y moral que rodea a quienes actualmente tienen en sus manos la conducción política-administrativa del país. Se confirma, sobre todo, la sentencia popular de que “esta gente es capaz de cualquier cosa”; que son capaces de aplicar cualquier procedimiento, por aberrante que este sea, con tal de alcanzar el objetivo de mantenerse en el poder. Lo ocurrido en este caso, demuestra la inmensa descomposición que hoy existe en el aparato judicial del Estado; así que no se incurre en ninguna exageración cuando se afirma que los poderes públicos están constituidos de tal manera, que imponen su propia ley mediante procedimientos autoritarios inescrupulosos e ilegítimos.
Lo denunciado por el fiscal Nieves es de tal contundencia, que imposibilita la realización de todo intento dirigido a desmentirlo. Nieves fue el fiscal quien personalmente dirigió todos los procedimientos judiciales conducentes al encarcelamiento, juicio y sentencia condenatoria de Leopoldo López, lo que quiere decir que posee un amplio y cabal conocimiento de todas y cada una de las actuaciones relacionadas con este caso; y sobre todo, acerca de la injerencia y las presiones ejercidas desde las más altas instancias del poder, para determinar que el resultado del juicio culminara en una sentencia condenatoria al dirigente opositor.
En tal sentido, sus declaraciones y las razones que lo llevaron a formularlas, constituyen en sí mismas una prueba irrefutable en torno a lo ocurrido en ese juicio. Tanto es así que las expresiones de algunos voceros del oficialismo, en un intento por rebatirlas, no sólo han caído en el más absoluto vacío, sino que han tenido como efecto, el hecho de colocar a un embustero en el trance de justificar sus mentiras y sus actuaciones, por lo demás repudiables. En relación a esto, habría que decir que nada de lo acontecido en ese juicio es azaroso, se corresponde en primer lugar con la naturaleza y vocación autoritaria de un régimen que no puede sustraerse (al mejor estilo militarista) a la pulsión de castigar con toda la severidad del caso, a uno de sus principales adversarios; y en segundo lugar, con el grado de descomposición al que ha llegado el chavismo oficial.
Está visto que cuando un sistema o un orden político determinado apela a métodos y procedimientos envilecidos para imponerse, es porque está sometido a un innegable proceso de descomposición y desgaste, y porque ha perdido completamente el reconocimiento y el consenso de la sociedad. ¿Qué duda puede existir de que esa es la situación a la que se ve sometido el régimen chavista. El malestar generalizado que recorre a la sociedad venezolana y el enorme descontento que hoy se manifiesta en su interior, ha determinado tal situación. Eso es lo que igualmente explica el estado de desesperación y el lenguaje catastrofista que Maduro ha venido utilizando en los últimos días para referirse a las elecciones del próximo 6D. Después de decir que el gobierno ganará las elecciones “como sea”, ha comenzado a expresar que si la oposición es la que obtiene la victoria, él se lanzaría a las calles, al frente de un gobierno “cívico-militar” con la misión de “pasar a otra fase que profundice la revolución”, etc. Estas expresiones que podrían ser tomadas como balandronadas dictadas por la desesperada situación en la que se encuentra, además de la incertidumbre que sin duda todo esto le produce, deben ser asimiladas no sólo literalmente sino que, desde hace tiempo eso lo ha venido tramando el chavismo oficial y que ahora ante la posibilidad real de ser desplazados del poder, ha decidido exponerlo de manera más explícita, probablemente en un intento por amedrentar a quienes le hacen oposición. Si ese es el propósito de tal prédica, habría que decirle a Maduro y a todos cuantos se hacen eco de ella, que pierden doblemente su tiempo, fundamentalmente porque en el caso de que se atrevan a imponer un estado de excepción en términos más abiertos tal recurso no tendría ninguna viabilidad, ningún asidero; ni encontraría la forma de estabilizarse políticamente y de proyectarse en el tiempo, puesto que, -tal como lo he razonado con anterioridad en esta misma columna- la sociedad venezolana no aceptaría pasivamente una situación como esa, ni tampoco lo consentiría la comunidad internacional que tiene sus ojos puestos en Venezuela.
Una cuestión de gran importancia derivada de las declaraciones del fiscal Nieves, es el efecto extremadamente negativo que estas han ejercido sobre la opinión pública en relación a un gobierno que aparece como el principal responsable del desastre que estamos viviendo los venezolanos. Es indudable que esta apreciación no sólo se ha visto reforzada por dichas declaraciones, sino que las mismas reafirman la determinación en el ánimo de la gente, de votar en contra del gobierno el próximo 6D.
El golpe recibido por el chavismo oficial ha sido tan contundente que se ha visto imposibilitado de reaccionar de manera sensata y ensayar una respuesta medianamente convincente o al menos creíble frente a esas declaraciones. A lo más que han llegado los representantes de la burocracia chavista, es a proferir contra el fiscal Nieves, las ya conocidas descalificaciones y ofensas que se reservan contra toda persona o institución (nacional o extranjera) que se atreva a enfrentarlos o a cuestionar su desastrosa gestión gubernamental.
Las consecuencias inmediatas que tienen las confesiones del fiscal Nieves, es que anula todo lo efectuado en contra de Leopoldo López. Es decir, todo queda sin efecto legal. Por lo tanto, carecen de legalidad: las acusaciones de las que ha sido objeto, el juicio que le fue incoado, la sentencia impuesta y su encarcelamiento. Pero a pesar de esto, resulta imposible admitir la remota posibilidad de que la Fiscalía General de la República y los poderes públicos que forzaron la realización de ese juicio, tomen la decisión de reponerlo sobre la base de las declaraciones emitidas por el fiscal Nieves. Lo expresado públicamente por la Fiscal General y por algunos de los representantes de esos poderes, no contempla tal posibilidad. Ellos van a seguir con su plan de castigar sádicamente, y de cobrarse en la persona de Leopoldo López y de todas las personas que tienen en cautiverio debido al creciente y pertinaz mensaje de repudio que clamorosamente brota de la calle y aturde sus oídos.
