La Asamblea Nacional aprobó la desincorporación de los «diputados de la discordia» con lo cual dejaría sin efecto decisión del TSJ que establecía que actos del poder legislativos eran nulos
Gabriela González
La segunda sesión ordinaria de la Asamblea Nacional inició puntualmente a las 10:30am.
Como era de esperar, el punto más polémico era el relacionado con la carta enviada por los diputados Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana quienes resultaron electos por el estado Amazonas, en la que solicitan su desincorporación de la AN ya que sobre ellos pesa una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que anula los actos de proclamación, totalización y adjudicación hasta tanto se resuelva el amparo cautelar.
En su exposición de motivos, los «diputados de la discordia» rechazaron la sentencia y alegaron que solicitaban la desincorporación para «liberar al parlamento de la emboscada institucional a la que la quieren conducir». Además, señalaron que «se dedicarán de lleno a defenderse nacional e internacionalmente y que ejercerán los recursos que sean necesarios».
Una vez leída la carta por el Secretario Roberto Marrero, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup procedió a someter a votación la solicitud de desincorporación hecha por los diputados que fue aprobada.
La bancada del PSUV o «Bloque parlamentario de la Patria» no estaba contento. Exigían que la directiva dejara constancia de que acataban la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, lo que originó discusiones entre ambos bloques. Ramos Allup optó por llamar a los jefes de las fracciones, Hector Rodriguez y Julio Borges, quienes acordaron dar lectura del punto cuatro de la sentencia. El diputado Victor Clark aseguraba que el texto legal no podía «despacharse por la cuenta».
“Se acata o se cumple, o se observa, palabras sinónimas. No tenemos ningún problema con decirlo si eso satisface o contribuye a que ustedes asistan a la cámara a cumplir con sus deberes constitucionales”, dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
En ese momento la bancada oficialista se levantó, aplaudió y coreó «victoria popular», mientras se repartían cuadros con la foto del expresidente Hugo Chávez, que colocaron en sus curules.
El diputado Víctor Clark aprovechó para solicitar que se incluyera en el orden del día un acuerdo de repudio contra las declaraciones del gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, que fue rechazado por la mayoría de oposición.
Pero este tema de los diputados por Amazonas no culmina con sus respectivas desincorporaciones. Falta por dirimir y dejar claro cuál sería el quórum legal, mientras la Sala Electoral se pronuncia porque, de no ser fijado, las interpretaciones que surjan al respecto podrían seguir generando fricciones en el poder legislativo que se traducirían en ingobernabilidad.
Acuerdo unánime
Una vez calmados los ánimos con el punto que prometía mayor polémica, se procedió a juramentar a varios diputados suplentes que serían incorporados en la sesión y se pasó a leer el acuerdo por el fallecimiento de Demetrio Boersner, que fue aprobado por unanimidad.
Proyecto de propiedad vs valor de uso
El jefe de fracción de la MUD, Julio Borges, presento el Proyecto de Ley de Propiedad para los beneficiarios de la Misión Vivienda para el que pidió urgencia a los fines de que pueda ser discutida la próxima semana. Borges señaló que este proyecto de ley también abarcará a las viviendas entregadas por el Inavi y se «sacará del congelador» la Ley de Barrios que facilitaría que las personas sean dueñas de la propiedad.
La bancada del PSUV no perdió la oportunidad para calificar a Borges como «diputado maqueta», así como calificar el proyecto de ley como «demagógico». Ricardo Molina señaló que «la vivienda en la revolución bolivariana es chavista y que prevalece el valor de uso». Mientras que, el diputado Elio Serrano llamó a beneficiarios de Misión Vivienda a «movilizarse» en contra de las pretensiones de otorgar propiedad de viviendas.
El diputado Dario Vivas manifestó que este año «se construirán 500 mil viviendas, como sea. Y los obligaremos, así como los hicimos recular hoy, a que aprueben recursos para construir viviendas».
Por su parte, el diputado por la MUD, Juan Guaido le recordó a Molina cuando amenazó a trabajadores si votaban por una opción diferente y agregó que «son minoría porque abandonaron al pueblo». La diputada Adriana D´Elia expresó que existe una «gran deuda social en materia de viviendas».
La directiva acordó introducir el proyecto en el sistema automatizado de secretaría para que llegue a todos los diputados.
Para este punto, el presidente de la AN se había retirado del hemiciclo para participar en el programa «Vladimir a la 1» transmitido por Globovisión, mientras que, el diputado Diosdado Cabello también se retiró, no sin antes ofrecer declaraciones en los jardines del parlamento y confirmar que el Presidente Maduro asistiría el viernes a rendir la Memoria y Cuenta.
Cierre de fronteras y estados de excepción
La diputada Laidys Gómez presentó el acuerdo, ante cierre de frontera y estado de excepción en veinticuatro municipios de la República, que también desató un fuerte debate.
La bancada oficialista alegaba que era extemporánea porque «no existe estado de excepción puesto que el lapso venció» y que el cierre de frontera había ayudado en la disminución del contrabando de combustible. El diputado Ricardo Sanguino acusó a la bancada de oposición de «montar un tribunal de Inquisición para rechazar todo lo que haga el Ejecutivo», mientras el diputado Pedro Carreño señaló que «quien esté en contra del cierre de la frontera apoya el narcotráfico».
Los diputados por la MUD argumentaron que con el cierre de la frontera no se ha logrado nada positivo y que se mantienen los problemas de inseguridad, escasez y contrabando. El diputado Julio Montoya hizo referencia al auge del narcotráfico y mencionó los casos del llamado «Cartel de los Soles» y a los que llamo como «narcosobrinos» así como el caso de Walid Mackled. Indicó que el oficialismo no ha querido investigar estos casos.
Luego de un largo debate y acusaciones de parte y parte que culminó con la aprobación del acuerdo y la designación de una comision que investigie denunccias de habitantes de la frontera, la diputada Laidys Gomez señaló que «quedó claro que los 24 municipios que fueron sometidos a estado de excepción en este momento ya no están vigentes salvo el municipio Altuves del estado Amazonas».
La diputada calificó como un «acto de fuerza que no está legitimado por la Constitución que se siga manteniendo la frontera cerrada en Zulia y Táchira, situación que esta AN no puede permitir bajo ninguna circunstancia porque se están violentando derechos humanos, se están vulnerando economías formales».
«Si el Presidente Maduro no acata lo solicitado por el acuerdo y la comisión acudiremos a organismos nacionales e internacionales para que nos tomen la recepción de las respectivas denuncias de derechos humanos y vamos a trasladarnos a los municipios para reunirnos con los sectores sociales para que sea el mismo pueblo los que obliguen a este gobierno a cumplir con el mandato constitucional de respetar el derecho al libre tránsito», señaló la diputada.
Magistrados sin curriculum
El diputado Carlos Berrizbeitia, integrante de la comisión que investiga la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes al TSJ, informó que la comisión comenzó a revisar todo el expediente para verificar si los lapsos se cumplieron y señaló que, hasta ahora en lo que han podido ver del expediente solo reposan dos curriculum de los 34 que deberían estar. Agregó que esperan presentar el informe pronto.
La próxima sesión quedó fijada para este jueves 14 a las 10 de la mañana.
