Ante la falta de quórum en la sesión de la mañana de este martes en la Asamblea Nacional, la junta directiva convocó una nueva sesión para este miércoles. Mientras los diputados del PSUV presentaron nuevas pruebas contra los diputados impugnados del estado Amazonas
Gabriela González
La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) suspendió este martes la sesión ordinaria prevista por falta de quórum. Las inmediaciones de la Asamblea Nacional amanecieron acordonadas por efectivos de seguridad que impidieron el paso a la prensa y un grupo de personas afectas al chavismo se concentró en la Esquina de San Francisco. La situación fue confusa.
A las 10.30 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, suspendió la sesión de este martes porque no hubo quórum ni de la bancada del PSUV ni de la MUD y convocó la sesión para este miércoles.
Mientras Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria —como se autodenomina la fracción chavista—, aseguró que en el estado Amazonas se han dado “graves delitos electorales que niegan la voluntad del pueblo” y recordó que la nueva Asamblea se ha puesto en desacato la voluntad del Tribunal Supremo de Justicia que tomó sobre las elecciones del estado Amazonas.
Rodríguez presentó un video en el que se puede ver como el presidente de la mesa del centro de votación Bambú Lucera, Humberto Yusino, habla con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y le explica que manipulaba la máquina de votación en dicha entidad. “Queremos que se respete la voluntad del pueblo de amazonas”, expresó Rodríguez.
A las afueras del Palacio Federal Legislativo, el diputado Diosdado Cabello dijo a los medios de comunicación que no es culpa del chavismo que no hubiese sesión. «Ellos deben cumplir la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia es un poder como los demás», añadió.
Sobre el video que presentara Rodríguez, explicó que «ahí hubo violaciones graves de la Ley Orgánica de Procesos electorales». Asimismo instó a la prensa preguntarle a Ramos Allup por qué no asistieron los diputados de oposición y sentenció que la bancada del PSUV «no hará el quórum a la oposición».
El diputado Pedro Carreño por su parte aseguró que hasta tanto la Asamblea Nacional no se meta por el camino de la legalidad todos sus actos quedan sin efectos “son írritos y nulos” y “cesan temporalmente los actos hasta tanto no se dirima la materia de fondo y el TSJ decida”.
«Estamos en presencia de una institución que está al margen de la ley, de la Constitución. Ante la barbarie, diría Rómulo Gallegos en Doña Bárbara, está Santos Luzardo, el Estado de Derecho, los diputados de la patria», esgrimió Carreño.
Tras presentar públicamente nuevas pruebas en contra del proceso electoral, Héctor Rodríguez rindió declaraciones la prensa junto a sus compañeros del PSUV. “Aspiramos que la oposición venezolano se ponga a derecho, no valide la corrupción y respete la voluntad de pueblo”, expresó.
“Se presentará el decreto de emergencia económica cuando la Asamblea Nacional se ponga a derecho”, sentenció Rodríguez.
Admiten desacato
La tarde de este lunes, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió la denuncia de desacato que realizara la bancada del PSUV luego que la directiva de la Asamblea Nacional (AN) juramentara a tres diputados electos por el estado Amazonas sobre quienes pesaba un amparo cautelar que suspendía sus procesos de totalización, adjudicación y proclamación.
La sentencia admite la intervención de terceros, es decir, de los diputados que introdujeron la solicitud de desacato, Pedro Carreño, Francisco Torrealba y Víctor Clark; ratifica la sentencia número 260 del 30 de diciembre contra los diputados por Amazonas por lo que procede el desacato de la junta directiva encabezada por Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla y ordena a que los diputados sean desincorporados, así como declara nulos los actos en los que hayan participado.
Ahora bien, hay que recordar que, pese a que Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana fueron juramentados el miércoles 6 de enero, no fueron incorporados a la sesión por lo que no participaron ni votaron en ninguno de los puntos tratados ese día.
De hecho, el presidente de la AN se lo recordó a Héctor Rodríguez, jefe de fracción del PSUV, cuando éste hizo constar que la bancada oficialista no votaría por considerar que la AN era nula al participar estos diputados. Ramos Allup le indicó «diputado, votaron 109. Los diputados juramentados no están en el hemiciclo».
Jugada cantada
Desde el mismo día de la instalación de la AN, el sector oficial había adelantado que, ante la pretensión de la MUD de juramentar a sus tres diputados que le darían los 2/3 tercios del parlamento, se emprenderían acciones legales.
Dichas acciones, que llegaron el jueves 7 de enero, han desatado todo un mar de interpretaciones jurídicas y no jurídicas.
Por un lado, el oficialismo basa su denuncia de desacato en la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre y la MUD se defiende con la jurisprudencia de la Sala Constitucional que, según afirman da entender que una vez ocurrido el acto de proclamación, ningún poder público puede desproclamar a un funcionario.
Posibles escenarios
El hecho es que la oposición llega a la segunda sesión ordinaria con una sentencia por delante que les ordena desincorporar a los «diputados de la discordia». ¿Lo harán? Todo parece indicar que no.
La consecuencia de desacatar un amparo cautelar es la privativa de libertad, pero diversos juristas y representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señalan que tanto la directiva como los diputados por Amazonas gozan de inmunidad parlamentaria.
La sentencia de la Sala Electoral no «coincide» con ellos y dictamina que estos tres diputados no gozan de dicha inmunidad por cuanto todavía no son diputados, a pesar que el Consejo Nacional Electoral los proclamo como tal.
Algunas versiones indicarían que la Sala Electoral no ordenó la privativa de libertad contra los diputados por una «jugada política».
¿De qué trataría esta jugada? De que sea el Ministerio Público el que solicite el allanamiento de inmunidad contra los diputados que conforman la directiva. De cualquier forma, el juego está como se dice coloquialmente «trancado».
El abogado Juan Manuel Raffalli, consultado anteriormente, señalaba que la Constitución contempla que el funcionamiento del Estado está amparado en el Poder Público constituido por los cinco poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral) y que ninguno puede desconocerse o estaríamos ante un «Estado de facto». La pregunta es qué papel jugará cada uno de los poderes.
¿Actuará el TSJ como una AN paralela desconociendo al Poder Legislativo? El otro tema es que, aún cuando la bancada oficialista ha dejado claro que considera nula la actuación de la AN, su presencia allí convalida a la AN como poder.
Decreto de emergencia
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, había informado que este martes sería entregado el decreto de emergencia económica «para ver si la Asamblea Nacional lo va a aprobar o lo va a negar». Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías, señaló este lunes que sería el propio presidente Maduro quien presentase el decreto, por lo que se espera que se el viernes 15 enero cuando el primer mandatario nacional acuda a rendir su memoria y cuenta.
