El objetivo ha sido siempre mantener el poder por el poder mismo, por los privilegios que otorga, por el enriquecimiento a que conduce
Luis Fuenmayor Toro
Vivimos uno de nuestros peores momentos. Han transcurrido casi 60 años de la caída de Pérez Jiménez, sin que hayamos podido encontrar una vía clara de desarrollo, que nos permita entrar exitosamente en la contemporaneidad. A pesar de ser evidente la posibilidad del despegue del subdesarrollo a partir de la diversificación industrial petrolera, el liderazgo político del país, el actual y el de la segunda mitad del siglo pasado, ha preferido la vía de sustentarse en la venta de una materia prima muy demandada, valiosa y abundante, que ha permitido períodos cortos de bonanza en medio de críticas situaciones de miseria nacional. Ningún aprendizaje se ha derivado de esta constante histórica. La democracia representativa de adecos y copeyanos, al igual que el socialismo chaveco del siglo XXI, han utilizado los momentos de crecimiento del bienestar en función de legitimar sus propuestas y sus liderazgos, para tratar de eternizarse en el poder.
Nada han importado los venezolanos, sus sufrimientos, sus miserias, sus inmensas necesidades insatisfechas, el deterioro cíclico de sus condiciones de vida. El objetivo ha sido siempre mantener el poder por el poder mismo, por los privilegios que otorga, por el enriquecimiento a que conduce, por el disfrute que permite. Con este propósito, la persistencia de una población ignorante y miserable siempre ha sido un elemento básico para el sostén de la dominación. El aparato propagandístico del Estado se ha especializado precisamente en el manejo de estas condiciones, a través de las permanentes promesas incumplidas, la creación de falsas esperanzas y la manipulación de las voluntades con la mentira, la calumnia y la amenaza velada. Es en estos aspectos, en los que el gobierno chaveco, presentándose mentirosamente como bolivariano y revolucionario, se ha destacado muy por encima de las manipulaciones adecocopeyanas del siglo pasado.
A pesar de todo el poder de los gobiernos, actuales y pasados, las crisis cíclicas de empobrecimiento y malestar llevan a que pierdan el mayoritario apoyo que usualmente logran, por lo que se producen evidencias sociales claras que demuestran los efectos deletéreos políticos generados por las dificultades: protestas sociales cada vez más frecuentes, concurridas y beligerantes; manifestaciones callejeras organizadas por fuerzas opositoras, reveses electorales gubernamentales, paros laborales y huelgas, abstención electoral, explosiones sociales tipo 27 de febrero 1989, sabotajes, violencia política, represión y hasta golpes militares. Nuestra historia reciente está llena de estas situaciones, que deberían servir para que los gobiernos cuestionados rectifiquen. La salida de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, luego del “Caracazo” y los golpes de Estado de febrero y noviembre 1992, obedeció a un intento de los grupos dirigentes de no perder el poder, como en efecto ocurrió con Caldera, primero, y luego con Chávez.
En este aspecto, el gobierno de Maduro muestra una conducta totalmente absurda, contradictoria y muy peligrosa. Fue derrotado ampliamente en las elecciones del 6 de diciembre pasado, lo que llevó a que se constituyera un Poder Legislativo integrado mayoritariamente por la oposición de la MUD. A pesar de que al principio hubo, luego de un cierto forcejeo, un reconocimiento de la victoria opositora, casi inmediatamente el Gobierno pasó a una posición negadora de la derrota, que ha venido creciendo peligrosamente para el futuro del país y la paz de los venezolanos. El Ejecutivo parece no considerar pueblo ni mucho menos soberano a quienes votaron por la MUD, por lo cual no se considera afectado en su funcionamiento por la existencia de una Asamblea Nacional adversa. Pretende ignorarla olímpicamente, violando la Constitución que dice defender.
Esta ilegal e ilegítima conducta lo ha llevado a utilizar al Tribunal Supremo para bloquear las decisiones legales de la Asamblea, sin tener en cuenta el impacto de las mismas ni su importancia o conveniencia. Simplemente, si las aprueban sin el voto de los diputados minoritarios del Polo Patriótico, las impugnan ante el TSJ para que éste inconstitucionalmente las anule. Es un inaceptable desconocimiento de la Constitución, una burla a los venezolanos votantes el 6 de diciembre, un irrespeto del Consejo Nacional Electoral chaveco y violación de la palabra presidencial que dijo reconocer los resultados electorales adversos. Es también renunciar a una fortaleza del régimen en la época de Chávez: su partida de nacimiento electoral, que lo protegió de las acciones de sus enemigos internacionales.
En este mismo sentido, se debe alertar sobre las declaraciones de Elías Jaua, quien, en respuesta a las advertencias de Ramos Allup de que la Asamblea, por mayoría simple, podía declarar la ausencia absoluta de Maduro, prácticamente lo ridiculizó al decirle que cómo va a destituir a Maduro si no tiene apoyo de los militares. Es decir que una atribución constitucional de la Asamblea no puede ejercerse sin el apoyo de la FAN. Los más de 7 millones de personas que votaron por la MUD no valen nada, pues están limitados por lo que diga Padrino López. En forma inaudita, la FAN, muy desprestigiada según últimos sondeos de opinión pública, tiene un peso mayor que el Poder Legislativo, que es expresión directa de la voluntad popular.
Pareciera que dentro del Gobierno hay una tendencia que busca llevar la confrontación a extremos, que degenerarían en violencia con consecuencias muy graves para Venezuela, pues nuestros vecinos del este y el oeste y el tan denunciado imperialismo aprovecharían de intervenir y disgregar a la nación venezolana, como ha sido práctica en el norte africano y en el mundo árabe.
