El Arco Minero del Orinoco será evaluado en una audiencia especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 2 de diciembre para la exposición de los daños y peligros que conlleva la explotación de minerales en zonas protegidas y la violación de los derechos de las comunidades indígenas
Mónica Duarte
La apuesta del Gobierno nacional hacia un proyecto de explotación minera en 12% del territorio venezolano, denominado Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, ha prendido las alarmas de los activistas ambientales e indígenas desde su creación el 24 de febrero de 2016.
Entre ellos, las organizaciones Provea, Laboratorio de Paz y el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes han obtenido una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Panamá, para el 2 de diciembre de este año, en un intento por conseguir un llamado de atención internacional a la nueva política de apertura minera.
Las organizaciones esperan exponer el peligro que representa la aplicación de un plan de minería intensiva en 111.843 km2 del estado Bolívar para extraer oro, bauxita, coltán, diamante, cobre, caolín, dolomita, hierro y tierras raras.
Temen un “genocidio cultural” que convierta al Arco Minero “en una extinción de los pueblos indígenas”
“Estamos tratando con un área extremadamente frágil donde se ubican grandes fuentes de agua y las fuentes de energía del país. Además, en el estado Bolívar es donde se encuentran la mayor concentración de áreas protegidas bajo régimen de administración especial de Venezuela, entre parque nacionales, monumentos naturales y reservas forestales”, explica el director del GTAI de la Universidad de los Andes y abogado especializado en derecho indígena, Vladimir Aguilar, quien menciona también la existencia de una enorme amenaza cultural hacia unos 12 pueblos indígenas que hacen vida en la zona vulnerada.
Las instancias nacionales quedaron agotadas, luego de que fuese desestimado en el mes de octubre un recurso de nulidad interpuesto ante la Sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de frenar el Decreto Presidencial 2.248, que oficializaba la creación del Arco. Por su parte, esta audiencia internacional sería la primera en su tipo en tratar un caso de minería y estaría sentando un precedente que, si bien no es de obligatorio cumplimiento para Venezuela, evaluará la realidad del proyecto y dará recomendaciones independientes.
Al respecto, Aguilar asegura que “aunque ya no sean vinculantes los mecanismos de amparo, el Gobierno no puede renunciar a la protección de los derechos humanos y reviste de obligatoriedad los resultados de la audiencia”.
Los derechos de las comunidades indígenas se han visto vulnerados de diferentes formas. Aguilar señala que la preservación de la integridad cultural, social y económica no se está respetando y podríamos estar en presencia de un “genocidio cultural” que convierta al Arco Minero “en una extinción de los pueblos indígenas”.
Inti Rodríguez, coordinador de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, añade a esta preocupación la falta de consulta previa, pública e informada a los pueblos indígenas, que, según el artículo 120 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, es necesaria para aprobar proyectos económicos en zonas ancestralmente habitadas por ellos.
“El Gobierno ha utilizado una serie de asambleas dirigidas con consejos comunales indígenas como formas de legitimización. Pero el procedimiento de consulta va más allá, deben respetarse los rituales propios y costumbres para tomar decisiones, sin que exista tutela del Estado o de algún partido político, y eso no se ha respetado”, afirma Rodríguez.
«Venezuela es uno de los países que más ha desconocido los derechos indígenas en la región»
El coordinador de Provea asegura que Venezuela es uno de los países que más ha desconocido los derechos indígenas en la región, esto propiciado por el carácter “extractivista” de su economía.
A pesar de que existe un marco legal favorable a la realización de estos derechos, en la práctica el Estado venezolano ha desconocido sus obligaciones: aún tiene deudas con la demarcación de los territorios indígenas y no ha realizado ningún proceso de consulta para el consentimiento legítimo los proyectos en la Guajira y la faja del Orinoco.
Derechos laborales restringidos
El Arco Minero involucra a 150 empresas privadas y trasnacionales en participación mixta con el Estado en un negocio que espera traer al país ganancias equivalentes a los 4.000 millones de dólares. Esta estrategia contempla el funcionamiento interno de los acuerdos en una forma de Zona Económica Exclusiva que no solo permite la explotación de recursos nacionales a empresas extranjeras, sino que despliega una Zona Militar Especial para proteger los intereses del proyecto.
El Arco Minero despliega una Zona Militar Especial para proteger los intereses del proyecto
Pero los expertos también denuncian que el régimen previsto en el decreto de creación del Arco Minero también conlleva a la proscripción de los derechos de reunión, derechos laborales y gremiales de los trabajadores y residentes de la zona.
Al respecto, el artículo 25 del referido decreto establece que: “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociación o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”.
Inti Rodríguez señala que con esta disposición las empresas quedan exentas de la jurisdicción laboral venezolana. “El Gobierno ha ofrecido como una de las ventajas a las empresas en el marco de estos convenios esta posibilidad inconstitucional de no tener que cumplir con la Ley Orgánica del Trabajo y las normas que en ella se contemplan, pero va más allá, porque se añaden las prerrogativas de anular el derecho a la manifestación y a la asociación y contar con una brigada especial de seguridad militar que protegerá estos intereses”.
Por su parte, Vladimir Aguilar, investigador de la ULA, señala el peligro de que la criminalización de la protesta indígena lleve a casos como los ocurridos en La Guajira con la resistencia a las corporaciones del carbón y el apoderamiento de las tierras que ha llevado al asesinato de más de 25 indígenas Wayúu. “Los militares van a tener carta abierta para reprimir, encarcelar a los luchadores que se opongan a las actividades ilegales que puedan realizarse”, comenta Aguilar.
Denuncian la falta de una consulta previa, pública e informada a los pueblos indígenas
Daños ambientales sin precedentes
La amenaza a espacios naturales y la vulneración del ambiente es uno de los grandes problemas que supone la actividad minera en las áreas protegidas que abarcan los cuatro bloques de actividad que configuran el Arco Minero.
Para los especialistas la región alta del río Caura, las zonas aledañas al río Caroní y al Parque Nacional Canaima son algunas de las más sensibles, que a pesar de no estar bajo la zona de extracción se verán afectadas por su cercanía. Para evitar consecuencias negativas las compañías y el Estado debieron realizar una evaluación ambiental, que hasta los momentos no se ha publicado.
Así lo estipula el artículo 129 de la Constitución sobre los derechos ambientales, que establece que todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural.
Estrella Villamizar, profesora de la facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Instituto de Zoología y Ecología Tropical, explica que la minería a cielo abierto que se proyecta en el Arco es la más peligrosa que existe y puede provocar un daño a nivel de suelos, aguas, atmosfera, fauna y flora.
“Cuando se despeja un área boscosa el efecto no solo se siente en la zona de la minería sino en el resto del ambiente que queda sin una región de liberación ambiental. Existe también en este tipo de explotación una dispersión que acaba con los ecosistemas. No es solo la superficie de la sabana, es el uso de explosivos, es la tala de bosques, la erosión de los suelos y la cantidad de polvillo que se lanza a la atmósfera tapona el intercambio gaseoso de los árboles”, asegura la investigadora.
la región alta del río Caura, las zonas aledañas al río Caroní y al Parque Nacional Canaima son algunas de las más sensibles
A pesar de que no todos los bloques están sobrepuestos totalmente sobre áreas protegidas, Villamizar asegura que la dispersión del cuarto bloque podría afectar el trabajo de generación eléctrica al incidir en la acumulación de agua de la represa del Guri, que tendría que compartir espacio con los sedimentos minerales.
Esta opinión la comparte Alexander Luzardo, corredactor de las normas ambientales contenidas en la Constitución de 1999 y asesor de Provea en los derechos ambientales que se expondrán en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luzardo ha explicado a la organización que las cuencas hidrográficas cercanas al delta del río Orinoco podrían contaminarse y los recursos pesqueros recibirían la descarga de los minerales.
«hay una enorme amenaza a los ecosistemas, la salud y una enorme amenaza a las culturas venezolanas”
“En la escala en la que está planteado el proyecto del 12% del territorio nacional estaríamos hablando de un impacto sin precedentes que no podríamos imaginar. Ni los derrames petroleros podrían compararse con esto. La minería de tantos materiales peligrosos estaría acabando con toda la biodiversidad del estado”, asegura Villamizar.
Para la investigadora, no vale la pena el daño que se le estaría ocasionando al pulmón vegetal del país. Vladimir Aguilar coincide con esta visión y añade que ni siquiera una riqueza millonaria compensaría el impacto que se tiene previsto.
“El Arco Minero no es otra cosa sino la legalización de la minería ilegal. Es decir, toda la minería y el proyecto minero en Venezuela arrancan con la minería ilegal que ya ha causado un daño ambiental increíble y se formaliza ahora con el Arco Minero. Es una estrategia muy perversa que ha venido usando el Estado donde se pretende legalizar lo ilegal. Y en este sentido hay una enorme amenaza a los ecosistemas, la salud y una enorme amenaza a las culturas venezolanas”.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: monicaduarte@larazon.net
