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Como se recordará, han sido múltiples los llamamientos, propuestas, sugerencias, etc, que los distintos países del mundo (la Unión Europea, los latinoamericanos integrados en el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, los Estados Unidos, Japón, El Vaticano, etc) y los organismos unilaterales ONU, OEA, Mercosur, etc) le han hecho al régimen madurista y a la oposición venezolana, para que definan y acuerden fórmulas de diálogo y negociación política que abran caminos que permitan arribar a una solución pacífica, constitucional y electoral de la compleja crisis social y política que ha desmantelado y perturbado profundamente el funcionamiento normal de nuestra sociedad y la propia vida de los venezolanos, llegando a afectar incluso la estabilidad en algunos países de la región con el éxodo de millones de venezolanos que huyendo del hambre y la miseria instaurada por la dictadura madurista, buscan mejores condiciones de vida.
Al mismo tiempo han planteado que de adoptarse la vía electoral como el medio para resolver la crisis, las elecciones que se realicen con ese propósito deben ser las más justas, transparentes y confiables a fin de que sus resultados no despierten ningún asomo de duda que den pie para su impugnación. En atención a estos requerimientos han exigido que el organismo rector de esas elecciones (CNE) esté constituido de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República (Art. 293, parte final en la que se sostiene: “Los órganos del poder electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad (y) transparencia y 296, en el que se afirma categóricamente: “El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco (5) personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos … “Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados … por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”, etc.
Simultáneamente a esas gestiones se adelantaron iniciativas que, de alguna manera, presionaron para que lo propuesto fuese puesto en práctica cuanto antes. Es así como el Nuncio apostólico, representante diplomático del Papa en Venezuela, logró inicialmente reunir en Caracas al gobierno y la oposición en torno a una mesa de diálogo y negociación política que terminó en un estruendoso fracaso, debido a las maniobras obstruccionistas del régimen dirigidas a impedir deliberadamente la concertación de un acuerdo político con la oposición venezolana con base a los parámetros definidos por el Vaticano, la Comunidad Internacional y la propia Constitución venezolana. Actitud que obligó al canciller del Estado Pontificio Pietro Parolini a declarar que su gobierno había sido burlado por el régimen madurista.
Una situación semejante se repitió en República Dominicana, donde a instancias del presidente de ese país, Danilo Medina, se reunieron nuevamente los representantes del gobierno y la oposición venezolana sin que tampoco se llegara a un resultado positivo por las mismas razones que habían hecho fracasar las negociaciones políticas de Caracas; y que no son otras -es preciso reiterarlo- que el miedo que le produce a la camarilla en el poder, verse ante la posibilidad de tener que participar en un proceso electoral libre y transparente, lo que, inevitablemente, la arrojaría del poder.
La manera ostensible como esto se puso de manifiesto en este caso, igualmente obligó al presidente Danilo Medina a manifestar públicamente su disgusto por tal comportamiento y por el hecho de haber sido burlado en su buena fe.
En los casos de Oslo y Barbados, esa misma situación, como sabemos, se reprodujo al carbón. En estas oportunidades los representantes de la dictadura en las respectivas mesas de negociación (expertos en la mentira y el disimulo) fueron a esos eventos, sobre todo al de la isla de Barbados, con la expresa instrucción de ponerle término a esas negociaciones. Decisión que la dictadura militarista toma, no sólo presionada por las propuestas formuladas por la oposición entorno a las elecciones presidenciales libres, sino fundamentalmente porque para esos momentos, ya había logrado en reuniones secretas “amarrar” un acuerdo político con un sector de la “oposición” colaboracionista que le daba la oportunidad de: 1- abortar unas negociaciones que se habían convertido en un cerco político insuperable por cuanto no tenía nada que contraponerle a estas propuestas de la oposición democrática, las cuales estaban, como lo están ahora en completa sintonía con el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana y la comunidad internacional; y 2- de pasar a disponer de un obsecuente aliado interno embozado, el cual podría ser presentado falsamente como la representación de la “oposición” venezolana, y con el cual podía también aparecer públicamente negociando y llegando a acuerdos complacientes en materia de política nacional.
Lo urdido y ejecutado por este contubernio desde entonces, confirma plenamente esos cálculos. La mesa de un supuesto diálogo nacional, mejor conocida como “la mesita” de la Casa Amarilla; la imposición mediante sobornos de una “Asamblea Nacional” espuria, la designación por el TSJ de un directorio del CNE igualmente espurio, por cuanto eso se hizo mediante la declaratoria de una omisión legislativa inexistente y de una violación flagrante del ordenamiento constitucional sobre la materia electoral; la convocatoria de un proceso electoral parlamentario, en medio de una situación política viciada por múltiples irregularidades, entre las que destacan, además de las ya mencionadas, el hecho de que el organismo rector del proceso eleccionario en curso (CNE), continúe bajo el control determinante y ventajista del régimen dictatorial madurista; la ilegalización de los partidos políticos de oposición; la inhabilitación política de sus principales dirigentes; la transferencia arbitraria e interesada de la titularidad de sus principales partidos por el TSJ a los tránsfugas que han entrado en tratos viles con la dictadura; la anulación de sus tarjetas electorales, etc.
Lo más que evidente en todo eso es que la dictadura pretende repetir en esta oportunidad el fraude electoral del 20/05/2018, que en otra entrega hemos calificado como “La novedosa estrategia del fraude electoral”, y que, consiste en poner tantas trabas como le sea posible para impedir que ni la oposición ni el grueso de la población participen en las elecciones, tal y como ocurrió en las mencionadas “elecciones” bufas en las que apenas votó menos de un 30% del electorado nacional, circunstancia a la que el CNE presidido por Tibisay Lucena y el propio Maduro, le dieron la vuelta para afirmar con el mayor descaro posible, que había ganado aquellas elecciones con más del 60% de los votos escrutados.
Llegados a este punto, la conclusión que se impone es que la dictadura le ha puesto un cierre a toda posibilidad de una salida negociada a la crisis política en desarrollo.
Por lo pronto la comunidad internacional ha reiterado que no reconocerá un resultado electoral surgido de unas elecciones realizadas en las condiciones impuestas por la dictadura madurista. El pueblo venezolano tiene la palabra.
