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El Gobierno/PSUV se contará el 30J. Puede salir “airoso”, pero también está ante la posibilidad de hundirse más con una votación mediocre
Manuel Isidro Molina
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro está tirando el resto hacia el próximo domingo 30 de julio. En medio de tan irracional conflictividad, se quedó sin otras opciones, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) resucitará o hundirá más al PSUV y a lo que queda de sus aliados del pomposamente llamado “Gran Polo Patriótico”, algo así como “el chiripero del siglo XXI”.
La abstención será mayoritaria, sin duda alguna, como lo fue el pasado domingo 16J, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) montó una operación política a riesgo, que no fraguó los resultados esperados ni generó consecuencias políticas de importancia que cambien el statu quo, en lo inmediato. Para la historia de la picaresca política venezolana quedarán los 11 millones 697.819 votos que el representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Naime, presentó muy orondo en un cuadro de Excel, para vergüenza de su partido COPEI y desconfianza general de la opinión pública hacia las cuentas “oficiales” de la MUD que luego anunció la rectora de la UCV, Cecilia García: 7 millones 535.259 participaciones, sin verificación posible ni control electoral alguno: 6.492.381 en Venezuela y 693.789 en el exterior.
Oficialmente, el registro de electores y electoras del CNE monta a 19 millones 805.002 personas mayores de 18 años, lo que indica que —aceptando como ”buena” la cifra de 6.492.381 electores en territorio venezolano, el 16J— la consulta de la MUD alcanzó el 32,78 por ciento de las personas con derecho a voto en Venezuela. No se expresó ninguna “mayoría”, aún con el beneficio de la duda. Fue una nueva frustración para los seguidores de la MUD, que la mayoría del país no asume como suya y el Gobierno/PSUV niega propagandísticamente, como si nadie hubiese salido a expresar su voluntad, lo cual tampoco es verdad. Fue un hecho político importante, pero no determinante. Seguimos entrampados.
El gobierno —con todo su abuso de poder, peculado de uso, desvío de recursos públicos y coacción a funcionarios— intenta, casi desesperado, cosechar millones de votos el 30J, más allá de los 3,5 a 4 millones que podría conservar con las ataduras de las políticas sociales y por efectos de la coacción política brutal que aplica a funcionarios, contratistas y ciudadanos, a niveles municipales, regionales y nacional. Con 4 MM coparía el 20,19 % del electorado, apenas una quinta parte, lo que quebrantaría la legitimidad de la ANC, algo así como un aborto político que negaría la posibilidad de materializar las amenazas jacobinas de Diosdado Cabello y otros candidatos constituyentes favorecidos por las fraudulentas normas electorales impuestas.
En definitiva, el Gobierno/PSUV se contará el 30J. Puede salir “airoso”, pero también está ante la posibilidad de hundirse más con una votación mediocre. Hoy, la convocatoria del Gobierno es muy limitada; y la del PSUV, realmente disminuida. Es decir, sin los recursos del Gobierno el PSUV quedaría reducido a su mínima expresión, sin liderazgo significativo ni reconocimiento de la sociedad, cuya mayoría no solo le es ajena sino contraria.
“El chiripero del siglo XXI” seguirá bajo el alero corrupto y extorsivo del PSUV, muy menguado. Ahí tampoco habrá novedad: ni se reúne ni es tomado en cuenta, salvo para una que otra alabanza propagandística de ocasión, muy a lo Chávez, quien personalmente se encargó —con su autocratismo maquiavélico y militarista— de destruir el Polo Patriótico original que lo llevó al poder en las elecciones de 1998.
Ante tal desnudez, el Gobierno/PSUV estará tentado a cometer un fraude electoral abierto, aumentando cuantitativamente los resultados sin alterar las proporciones, técnica mafiosa muy conocida desde los tiempos del extinto Consejo Supremo Electoral (CSE). No creo —sinceramente— que las rectoras del CNE, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D’Amelio y Socorro Hernández se presten a tan asquerosa tentación, que socavaría no solo sus reputaciones profesionales y personales, sino las bases mismas de la institucionalidad de los Poderes Públicos en Venezuela. Nacional e internacionalmente, no existe posibilidad alguna de que prospere una trampa grosera e inaceptable de tales dimensiones.
Ahora, si el Gobierno/PSUV logra el milagro de acercarse a los 7.505.338 votos obtenidos por el presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, el triunfo gubernamental sería de antología, algo realmente improbable por el descrédito de su gestión. Quedan por despejar incógnitas como los efectos de la acechanza de Estados Unidos con amenazas de Trump y otros voceros oficiales; y de la generación de “Poderes Públicos” paralelos por parte de la MUD a través de la Asamblea Nacional, declarada en “desacato” por el TSJ.
EL CONFESIONARIO
LA JURAMENTACIÓN DE 33 “MAGISTRADOS” de un supuesto “Tribunal Supremo de Justicia” por parte de la AN en desacato judicial supremo, pudiera tomarse como un chiste más de la irresponsable dirigencia de la MUD, si no formara parte de una estrategia internacional que busca socavar los Poderes Públicos en Venezuela, siguiendo las experiencias de poderes públicos paralelos y desconocimiento abierto de la institucionalidad pública, aplicada en Libia y Ucrania por Estados Unidos y la Unión Europea.
LOS 33 ESTÁN INCURSOS en usurpación de funciones, junto con el “presidente” de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien los “juramentó”, cadena de actos nulos y sin efectos legales o institucionales. De hecho, están en rebelión ante los Poderes Públicos constituidos.
ES COMO TIRARLE BESOS A LA LUNA, sin efectos en la realidad nacional, salvo que la intervención de gobiernos extranjeros –como Colombia, si se atreve, o Estados Unidos y otros vasallos suyos de América y Europa- le asigne “legalidad” diplomática, financiamiento perverso, bienes, armas y apoyo militar sobre territorio venezolano, como en Libia.
LUEGO VENDRÁ EL “NUEVO GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL”, anunciado por la MUD en boca de Henry Ramos Allup, ante lo cual el reconocimiento internacional de varios gobiernos significaría una guerra abierta contra Venezuela, cuyo efecto inmediato será la defensa mayoritaria de nuestra soberanía, integridad territorial e independencia nacional.
A PESAR DE ESTAS COMPLICACIONES, mi conclusión es que el 30J habrá elecciones para la ANC convocada por el presidente Maduro: el gobierno/PSUV ganará “de calle” por las bases fraudulentas impuestas; y la legitimidad de esa ANC en funciones sectarias tendrá una legitimidad muy precaria.
REITERO MI DECISIÓN DE NO VOTAR EL 30J por las razones expuestas abiertamente en mis columnas anteriores. Aunque reconocí y reconozco la facultad presidencial para convocar la ANC (348 constitucional), no avalo la trampa montada con las bases comiciales “a la carta” que contrarían derechos políticos constitucionales vigentes e irrenunciables. Quien vote el 30J, validará ese fraude a la Constitución.
SE AGRAVA LA SEQUÍA DE DÓLARES en la economía venezolana. El DICOM se ha convertido en una ficción: las divisas compradas en las subastas no se materializan, más allá de aparecer adjudicadas a las respectivas cuentas de personas naturales y jurídicas.
EN DÓLARES COBRAN “PEAJE” burócratas corrompidos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), adonde fueron enviados varios delincuentes del SENIAT, algunos de ellos involucrados en la extorsión develada en el restaurán “Terraza” de Las Mercedes.
NO PARA EL “BACHAQUEO” DE ALIMENTOS subsidiados por el Estado, a manos de militares corruptos en Fuerte Tiuna, y de las bandas armadas parapoliciales –mal llamadas “colectivos”- en Catia y 23 de Enero, con toda impunidad y descaro. “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, por estúpido o por cómplice. El malestar popular crece en la misma medida en que estos malandros militares y civiles se llenan suciamente los bolsillos.
EN FUERTE TIUNA, “todo el mundo sabe cómo, dónde y quiénes bachaquean los alimentos del pueblo”; en Catia, los “colectivos” comercian suciamente con la comida del pueblo desde los locales de “Leche Silsa”; y en el 23 de Enero, tienen sus depósitos delictivos en los antiguos espacios del INCE.
LA FISCAL GENERAL LUISA ORTEGA DÍAZ se está preparando para una confrontación, de hecho, con los factores de poder del gobierno/PSUV. El problema que tiene es el mismo que tienen sus contrincantes: se conocen y se temen, demasiados rabos de paja juntos. Sus gestiones de apoyo internacional y el “traslado de pruebas” al exterior que comprometerían a varios jerarcas de los poderes Ejecutivo y Judicial, se erigen como sus peores credenciales ante el presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Maikel Moreno, presidente del TSJ y su Sala Penal.
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