Mónica Duarte
El calvario parece estar por terminar para los jóvenes apresados en Maracay gracias a una medida de sobreseimiento de la fiscalía militar por falta de pruebas; pero la liberación no se ha concretado y el encierro ya se extiende por más de 60 días
Mónica Duarte
El sufrimiento de una detención arbitraria ha sido de nunca acabar para los familiares de los 27 jóvenes detenidos en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador (UPEL) de Maracay hace 70 días.
Luego del 2 de julio, cuando una emboscada militar se los llevó a los golpes de los espacios de la UPEL, violando la autonomía universitaria, los opositores que protestaban en las cercanías del Circulo Militar fueron juzgados y procesados. A las cinco mujeres del grupo les asignaron arresto domiciliario, a 11 de los hombres los trasladaron a la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico y a otros 10 los mandaron al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como “El Dorado”, en el municipio Sifontes de Bolívar.
Desde entonces, han tenido que enfrentar una audiencia militar exprés, la acusación de delitos militares, la siembra de evidencias, los golpes de funcionarios de la Guardia Nacional, el traslado a una cárcel común, el contagio de malaria, la falta de comida, el sobreseimiento de 22 de los acusados iniciales y la espera de una liberación que aún no llega.
Los familiares han debido costear los medicamentos, comida, el agua que beben, sus uniformes amarillos y sus viajes quincenales para poder verlos
Unos 30 días tardaron las familias de quienes llevaron a El Dorado en poder verlos y tener nuevamente contacto con ellos. A partir de allí, los esfuerzos por proveerles de todo lo que en la penitenciaría escasea no han cesado. La cuenta en bolívares ya la perdieron, relatan sus parientes. Los gastos de sus “uniformes” amarillos, de gran parte de la comida que les suministran, el agua que beben y los medicamentos que han necesitado han sido costeados por medios propios y gracias a donativos privados y públicos.
Abel Bandres, hermano de José Saldivia, uno de los 10 de El Dorado, es de los miembros más activos en la organización y recolección de los insumos. Relata que los viajes para verlos los hacen “cuando se puede y los que pueden”.
Aunque permiten las visitas semanales (durante viernes, sábado y domingo) el aislamiento ha sido impuesto por la lejanía de la cárcel: unos 1.400 kilómetros y dos días de camino desde Maracay, que se traducen en 600.000 bolívares por persona en cada viaje que coordinan sus allegados quincenalmente. Además, la ubicación en un área minera, asegura Bandres, triplica los precios de cualquier otra ciudad y los pagos deben realizarlos en efectivo porque “así se mueve la economía en la zona”.
Pero el precio que han tenido que pagar no es solo económico. Ausentes de sus hogares, muchos de ellos han dejado a padres ancianos, esposas e hijos, solo pudiendo recibir visitas de las mujeres. Dos de los detenidos, Alex González y Boris Quiñones, aún no han recibido ningún contacto de parientes y otro de ellos, Abraham Quiroz, incluso se ha perdido el nacimiento de su primer hijo, el pasado viernes 1 de septiembre.
“Ningún caso de tribunal militar lo ha ganado por inocencia la gente. Es casi que seguro que los van a condenar”
“Es muy difícil para ellos. El encierro es una tortura, más allá de que no haya maltrato, ya es algo muy fuerte. Hay situaciones delicadas, algunos han exteriorizado y confesado que les ha pasado por la mente suicidarse. Ellos son jóvenes y dinámicos, están acostumbrados a sus actividades y sus estudios, estar allí los tiene mal”, cuenta Abel Bandres.
Una de las madres, que prefirió no identificarse, también relata el dolor que sienten por los muchachos que sí van a ser presentados y que no han gozado de la medida de sobreseimiento que promete beneficiar a 22 de los 27 detenidos inicialmente. “Ellos están muy preocupados, Alex y Boris son dos de los cinco que van a ser presentados. Son tribunales militares, y ningún caso de tribunal militar lo ha ganado por inocencia la gente. Es casi que seguro que los van a condenar. Y son nada más y nada menos que los dirigentes estudiantiles”.
Esta detención, que se ha extendido un mes después del cese de las protestas de calle, no tiene un estatus definido ni definitivo. Los jóvenes, algunos estudiantes, otros no, se mantienen a la espera de la decisión del juez militar, quien tiene “la última palabra”. Y, por los momentos, el plazo de 45 días para investigar y decidir sobre el caso se ha vencido.
«El encierro es una tortura, más allá de que no haya maltrato, ya es algo muy fuerte. Algunos han exteriorizado y confesado que les ha pasado por la mente suicidarse»
SOBREVIVIENDO A LA MALARIA
A los estragos del encierro se le ha sumado uno de los males que azota al municipio Sifontes, donde se encuentra la cárcel: la malaria. Tres de los 10 ya han sido infectados.
Sin embargo, un cuarto joven ha caído enfermo el pasado viernes 8 de septiembre, aunque aún no se confirma su diagnóstico. Se trata de José Matute Verde, de 32 años. «En las noches le da escalofríos y fiebre, se le duerme la parte izquierda de la cara, tiene unas ronchas que las tiene feas y con pus», explica una de las madres que pudo ir a la última visita familiar del fin de semana.
El último en ser detectado con malaria (Kevin Rojas) fue con un diagnóstico de tipo mixto, en el que se combinan las modalidades falciparum y vivax del paludismo.
En un video difundido por redes sociales, su esposa y madre piden entre llantos que le sea otorgada una medida humanitaria y se le traslade a un hospital. “A mi hijo lo encontré totalmente descompensado debido a una fiebre demasiado alta, demasiado amarillo y con los vasitos de los ojos rotos. No me reconocía. Hoy me dieron la noticia que mi hijo tiene paludismo mixto, uno de los más peligrosos”, dice su madre, Adriana Padrón.
Esta familia es una de las que ha pasado más trabajo; no sólo por el trago amargo de saberlo muy enfermo, sino por tener que encargarse económica y logísticamente de su tratamiento. Un esfuerzo que las ha llevado a vender sopa y pedir donaciones para costear los gastos. Sin embargo, la sociedad civil ha respondido y Kevin Rojas ya ha comenzado su tratamiento aunque con un progreso inestable.
Madres y Familiares de estudiantes de la UPEL piden ayuda humanitaria a sus hijos. FAVOR DIFUNDIR! pic.twitter.com/OXlMpTPuui
— Manuel García (@ManuelGGM) September 3, 2017
Según explican, en el penal no les garantizan los cuidados ni insumos médicos necesarios. Pero dentro de los detenidos se encontraba un estudiante de medicina de la Universidad de Los Andes, Boris Quiñones, quien les prestaba primeros auxilios en las actividades de calle y quien es ahora el que les coloca las soluciones y medica a sus compañeros enfermos.
Cuatro de los 10 jóvenes han caído enfermos dentro de su estadía en El Dorado
Alex González, el primero en caer infectado, se ha recuperado aunque también ha sufrido de diarreas por los efectos del agua contaminada del río Cuyuní de la que se abastecen todos los presos. José Saldivia es otro de los contagiados de malaria, su hermano explica que ya se encuentra mejor pero tuvo que esperar 15 días de agonía hasta que Corposalud le hiciera llegar los remedios.
Durante este tiempo corrió el rumor de su muerte, debido a su grave estado, lo que permitió que dejaran a Abel entrar a la prisión para ver a José como una fe de vida. Esta ha sido la única vez en que su hermano lo ha visto desde que está recluido.
“El tema es que él no pudo terminar el tratamiento, porque dentro del penal se perdió una parte. La Guardia hace estragos con esto, la mitad de lo que uno lleva no les llega. Eran 14 días y él a duras penas hizo 11. Y si no se controla bien el parásito en un corto tiempo vuelve a hacer estragos con su salud, a presentar los síntomas y deberá cumplir el tratamiento una vez más”, comenta Abel Bandres.
Aunque el peligro de que haya más contagiados todavía amenaza, la estadía dentro de la prisión no ha traído más maltratos físicos. Los golpes los recibieron en Maracay en su detención y traslado, desde entonces no los han tocado, asegura una de las madres.
UN “CASTIGO EJEMPLARIZANTE”
En el “caso UPEL”, como se le conoce, se han involucrado 31 abogados, unos de la ONG Foro Penal Venezolano, algunos de la MUD Aragua y otros particulares. Todos haciendo gestiones propias, si bien no han podido representarlos por completo debido a las restricciones de la jurisdicción militar.
Las últimas diligencias adelantadas hablaban de medidas humanitarias, traspaso del caso a un tribunal civil ordinario y de la liberación plena por la falta de pruebas, como ya lo solicitó la fiscal que lleva el caso, la mayor de la Aviación, Katiusca Ochoa Chacón. Pero ninguna de estas opciones se ha concretado.
Y, efectivamente, los expedientes a los que las familias han tenido acceso revelan que las acusaciones “no tienen concordancia”. Les imputan por ser capturados en flagrancia en la comisión de delitos militares, por instigación a la rebelión y violación de la zona de seguridad del círculo militar. Además, a otros les acusan por sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, artefactos que van desde balas, “sembradas” según relatan los parientes, chalecos de fabricación casera, radios y pancartas contra el Gobierno.
«Los acusan de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que van desde balas, chalecos de fabricación casera, radios y pancartas contra el Gobierno»
Los jóvenes se mantienen a la espera de una audiencia, hasta ahora diferida para el 27 de septiembre. Pero mantienen la esperanza de que el juez, Edgar Volcanes, del Tribunal 5to de Control Militar, comience a dar despacho el 11 de septiembre y apruebe la liberación o traslado.
Sin embargo, esta opción es poco probable pues los abogados y familias aseguran que el hermetismo ha reinado. En la audiencia de presentación el juez decía, contaron los abogados a los padres, que la decisión era “un castigo ejemplarizante”.
“Él llamaba a esto un castigo ejemplar. Así que para ellos, un castigo ejemplar es violar el debido proceso, juzgar a los muchachos en un tribunal cuando ellos son civiles y tenerlos en una cárcel para condenados de alta peligrosidad cuando ni siquiera fueron a una audiencia preliminar. Ellos deberían estar en una comisaría o cuando mucho en el Centro Penitenciario Alayón en Maracay, que es una cárcel de procesados”, comenta Abel, hermano de José Saldivia.
Y ese ejemplo fue lo que cayó en las calles. “Ellos querían infundir miedo y lo lograron”, añade Abel, quien asegura que por esto no han podido contar con el apoyo, en cuanto a insumos o ayudas, de ningún estudiante de la UPEL, institución de la que además es profesor. “Este es un silencio forzoso o forzado. Ese castigo ejemplarizante que dice el juez es para infundir miedo a los estudiantes, no de la UPEL sino de toda Venezuela”.
Para las familiares esta experiencia también los ha puesto en contacto y solidaridad con los demás casos de presos políticos, que hoy ascienden a 603 según el último anuncio del director del Foro Penal, Alfredo Romero.
«Ese castigo ejemplarizante que dice el juez es para infundir miedo a los estudiantes, no de la UPEL sino de toda Venezuela»
“A veces creemos que tenemos mucho tiempo en esto pero luego vemos a personas que llevan tres, cuatro y cinco años luchando por la libertad de sus familiares. Y uno dice: ¿qué quedará para nosotros? ¿Cuánto tiempo más estarán nuestros muchachos? Es muy fuerte, porque los tenemos olvidados. Al final ellos están ahí por pensar distinto, por eso son presos políticos. Ellos no tienen por qué estar allí y si lo están es por voluntad política”.
Aunque los detenidos de la UPEL han hecho revuelo en la opinión pública, lo que les ha permitido favores y buenos tratos dentro del penal, Bandres asegura que las figuras que más han estado al pendiente de los avances y necesidades de los 10 de El Dorado han sido María Corina Machado, líder del movimiento opositor Vente, y Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.
En cuanto a los organismos oficiales, esta semana varios padres y abogados han tenido que acercarse a la Defensoría del Pueblo para llevar la denuncia formal y dar cuenta de las irregularidades y violaciones que se han cometido a la espera de nuevos favores desde esta instancia.
Actualización
Para el viernes 15 de septiembre, familiares informaron que los 10 jóvenes estaban siendo trasladados al estado Carabobo, específicamente a al Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, ubicado en el sector Tocuyito.
La medida habría sido aprobada por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, luego de numerosas solicitudes de una medida humanitaria.
TRAVESÍA PARA UN ENCUENTRO
- Las madres y esposas que viajan a las visitas penitenciarias salen los miércoles de Maracay y regresan los martes. Solo en el camino hasta Tumeremo tardan dos días.
- El pasaje en autobús ida y vuelta cuesta 120.000 bolívares.
- Una vez en Bolívar, durante los tres días a la semana que dejan verlos, deben pagar entre 15.000 y 20.000 en taxi para llegar a El Dorado, dependiendo de la disponibilidad de gasolina.
- Además, la última parte del trayecto hasta la penitenciaría deben hacerla en lancha, necesitando 5.000 bolívares más por cada cruce.
- En total, el traslado por persona sale en 195.000 bolívares.
- Los parientes también deben costear sus comidas y alojamientos. En ocasiones se han quedado a dormir en el cuartel de los bomberos de Sifontes, gracias al alcalde Carlos Chancellor.
- Dentro de los insumos que llevan al penal hay comida cruda y cocinada para los jóvenes, agua y medicinas. Algunas familias han realizado ventas y recolección de donativos para cubrir estos gastos.
- Entre 14 medicamentos que necesitan los contagiados de malaria, la Cloroquina y Primaquina son fundamentales para su tratamiento por 14 días.
- Igualmente llevan inyectadoras, soluciones y antidiarréicos para quienes les afecta el agua contaminada por la minería que les dan en el penal.
- Si desea colaborar con las familias en la recolección de los insumos, puede ayudar con:
