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La asfixia presupuestaria forma parte de un proyecto de destrucción de la universidad autónoma venezolana, dice Gerardo Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo
Enrique Meléndez
Gerardo Vásquez, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo e integrante de la plataforma regional-sindical, capítulo Carabobo, afirma que las universidades esperan celebrar elecciones de sus autoridades a lo largo de este año sobre la base de lo pautado en la Constitución Nacional y en la Ley de Universidades, y no de acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que les imponía una fecha determinada, con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria.
¿De qué se trata la plataforma regional-sindical?
-En esta plataforma nos hemos constituido en función de intentar recuperar toda la pérdida de derecho, que nos han conculcado a lo largo de lo que ha venido siendo este proceso de la llamada Revolución Bolivariana que, amparándose en los cambios constitucionales de carácter político e institucional, ha devenido en una situación de desagravio de los derechos; que se fueron conquistado en todo lo que fue el siglo XX.
-Se diría que desde que llegaron las compañías petroleras, y se comenzó a luchar contra los capitales extranjeros; los cuales comenzaron a operar en el país sobre la base de concesiones. Se fueron ganando los derechos laborales; se fueron constituyendo normas y leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Trabajo de 1936, y a la cual, a lo largo del presente régimen, se le aplicaron una serie de modificaciones y de cambios institucionales que, en lugar de contribuir con el discurso inicial, para resolver los problemas que planteaba la democracia desde 1958 hasta 1998; bueno, terminó siendo una debacle de todos esas conquistas laborales.
-Pues hoy en día los trabajadores estamos en la peor de las situaciones desde el punto de vista institucional; desde el punto de vista de lo que son los salarios, las condiciones laborales; todas las empresas que fueron punta de lanza del desarrollo nacional; me refiero a las empresas básicas de Guayana, a la petrolera, a las de servicios como la Cantv, la Electricidad, las del agua; es decir, todas las empresas que sirvieron para modelar todo un emporio de un Estado, que se armó en una visión de desarrollismo desde 1973; bueno, se han venido al piso.
-Esto no sólo repercute, negativamente, en el caso de los trabajadores; sino también en el caso del desarrollo nacional y de todas las familias que, de alguna manera, tienen que ver con la relación que cada una de estas empresas irradia al resto de la sociedad venezolana.
¿Cómo está la situación hoy en día en la Universidad de Carabobo?
-En el caso de nosotros las universidades desde el año 2005, concretamente, se comenzó a vivir la situación derivada de un proyecto de destrucción de la universidad autónoma venezolana, y la creación de una universidad paralela; que tenía como propósito desvirtuar la condición del modelo de desarrollo; fundado en la formación de capital humano, de profesionales de alta capacidad, tanto en la investigación; como en la praxis cotidiana.
-Las universidades autónomas y, en general, las universidades experimentales tuvieron un proceso desde 1973; a raíz de la promulgación de la nueva Ley de Universidades, bajo el primer gobierno de Rafael Caldera… Bueno, el Estado comenzó con una cierta política de intervención de la autonomía universitaria. Pero esto fue dándose de una manera muy sutil.
-Porque también las universidades abrigaron siempre una conducta antigobierno: me refiero no políticamente, sino que los gobiernos han intentado una cierta imposición; a veces de violación de los principios institucionales, y las universidades; bueno, siempre se han arrogado la condición de tener el mejor juicio, la racionalidad; con respecto a la administración de los recursos, a la función pública y, por supuesto, nunca han estado de acuerdo con la forma como los gobiernos conducen al país; porque todos los gobiernos han tenido, unos más que otros, alguna que otra cosa, que hay que criticar y la universidad está para eso. Para decir cómo se hacen las cosas mejor; incluyendo la propia universidad; que también está sometida a esos procesos de transformación.
¿Qué piensa usted de la decisión del TSJ de suspender el proceso electoral en las universidades autónomas, que estaba planteado para este 27 de febrero?
-Desde el 2005 empezó un proceso que tiene dos intenciones; una, ir horadando la condición de los universitarios, por la vía de ir achatando las escalas salariales; haciendo diferenciaciones chocantes, de lo que era la preparación de los profesores universitarios; su condición de estar incursos en el modelo europeo, en lo que se refiere a sus políticas de educación superior, y que contemplan en sus funciones académicas el principio del ejercicio de su autonomía.
-Entonces, por la vía de ir destruyendo los salarios y las condiciones laborales, a través de la asfixia presupuestaria; la reconducción de los presupuestos; luego la negación de los recursos para el mantenimiento del funcionamiento y operatividad, se le fue ahogando. Eso trajo como consecuencia un proceso, que consistió en un ataque a las normas de homologación, que ya habían sido también en el gobierno de Luis Herrera Campins una propuesta, para tratar de que las universidades no aplicaran convenios colectivos con sus autoridades.
-En ese sentido, se trató de buscar un sistema para todas las universidades. Ese mismo criterio intentó utilizar el gobierno con el sistema que se llama las convenciones únicas. Pero en este caso no había discusión con los gremios organizados de las universidades con mayor experiencia; sino que el gobierno impuso un interlocutor, a través de la central de trabajadores oficialistas, esto es, la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela.
-Ellos implementaron una primera convención colectiva; negaron las normas de homologación, y entonces allí vino una primera acción judicial, con el objeto de atacar esas convenciones; reivindicar la validez de las normas de homologación. Pero que eso fue negado por el gobierno en su oportunidad. Posteriormente, se presentó en el año 2007 un referéndum, donde se sometió a votación la transformación aquella, que propuso Chávez, sobre un conjunto de leyes, relativas a un poder comunal, a las transformaciones de la Constitución, derechos constitucionales; donde estaba, precisamente, el tema relativo a la autonomía.
-Ese fue el famoso referéndum, que no le fue aprobado a Chávez; sin embargo, volvió a incluirse aquello, a través de la Ley Orgánica de Educación y que, no obstante su carácter de orgánico, desarrolló una materia, particularmente, para el sector universitario. Pero un articulado que no se desarrolla, sino que se queda allí; para tratar de incluir esas intenciones de Chávez, repelidas en el 2007.
-Esa Ley Orgánica de Educación se aprobó. Está vigente. Pero no ha podido desarrollar el artículo 34, ordinal 3º; que es el que trata el problema de la inclusión de los sectores de los empleados y los obreros, fundamentalmente, con la finalidad de tratar de inmiscuirse en las elecciones universitarias, para tratar de apoderarse por la vía política y electoral de las universidades.
-Posteriormente, se hizo la Ley de Universidades. Yo no sé si tú recuerdas que fue en un diciembre; cuando nosotros iniciamos un conjunto de protestas a nivel nacional, y, a ese respecto, Chávez dijo: esa ley no va. Por supuesto, entonces, no se aprobó; de modo que aquella disposición del artículo 34, se negó. Sin embargo, la consecuencia de eso es que se dispuso, que no se podían celebrar elecciones en las universidades.
-El gobierno cada vez que se convocaban a elecciones, las mandaba a suspender por la vía de la Sala Electoral del TSJ, y así se fueron dando los procesos de suspensión, hasta el día de hoy, cuando se ha colado un tiempo entre 11 y 13 años, que no se celebran elecciones. Te imaginarás todo lo que eso significa. Hay autoridades que se han muerto. Personas que ya no pueden seguir; y esto ha traído como consecuencia el hecho de que la gerencia universitaria se ha venido al suelo.
-Es por eso que los rectores de las universidades nacionales demandaron en el año 2009 ese artículo; se hicieron unos 29 esfuerzos, para tratar de que se implementara la normativa dispuesta en la Ley de Universidades vigente, con resultados fallidos hasta agosto del año pasado; en un momento en que el sistema educativo entró de vacaciones, y el TSJ, a través de la Sala Constitucional, tomó decisión de darle respuesta a esa suspensión, que pesaba desde la Sala Electoral.
-El 28 de agosto de 2019 se emite la sentencia 0324; que ordena que se realicen las elecciones; con un reglamento que dispone la propia sentencia. En materia de derecho eso se llama una decisión extrapetita; porque, en vez de resolver el fondo, lo que hace es remitirse a algo, que no se le está pidiendo, como es un reglamento que, de paso, ellos no pueden normar; porque aquí quien puede hacerlo es la Asamblea Nacional o, en todo caso, las comisiones electorales de la universidad. La universidad no puede legislar en contra de sus propias leyes.
-De aquí se deriva todo este problema, que hemos tenido en estos seis meses; cuyo lapso se vencía el 27 de febrero, y el día anterior, justamente, se produce la sentencia 0047, y la cual establece que se acaba el término. Nosotros ahora eliminamos el término; pero confiamos en que las universidades puedan celebrar la elección; de acuerdo a lo que considera la sentencia 0324.
-Eso es lo que en derecho se conoce como una sentencia de ejecución imposible. Porque nadie va a ir en contra de las leyes que conforman su propia realidad institucional, y que constituye una materia de rango constitucional, establecida en el artículo 109, y en el 30 de la Ley de Universidades. Eso es decirle a la universidad que se fusile. Nadie va a hacer eso, y que es lo que lo convierte en una extinción de la obligación.
-En ese sentido, las universidades quedan llamadas a celebrar elecciones, y se van a convocar, pero tal cual como lo establece, tanto la Constitución, como la Ley de Universidades. De modo que esa es la situación.
Se ha especulado que el gobierno prepara una intervención de las universidades. ¿Qué piensa usted?
-Sí, es posible. Todo esto persigue una situación de presión; donde, por supuesto, el Ejecutivo Nacional; como ya todos estamos acostumbrados a ver que ellos violentan todas las normas o para que los demás las violenten; bueno, en el momento en que ellos lo dispongan, va a hacer valer, lo que ellos crean.
-Ahora, lo que pasa es que en el Zulia, muere una de las autoridades universitarias y, en lugar de hacerse una elección parcial, en su defecto, el Consejo Nacional de Universidades impone esa autoridad. En la Universidad Simón Bolívar también ocurre un deceso, además de una renuncia: lo mismo. En lugar de ser sustituidos por medio de un proceso electoral, sus cargos son ocupados por autoridades impuestas.
-En la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) se celebraron elecciones en el año 2009 con la propuesta que tenía el gobierno nacional, para darle cabida a todos los sectores de la comunidad universitaria, es decir, a los docentes, a los estudiantes, a los empleados y a los obreros; pero en una forma proporcional de acuerdo al rango de cada uno; sólo que a la larga allí hubo tres intervenciones de anulación, a medida que el oficialismo no ganaba ninguna de las elecciones; de modo que al final tuvieron que aceptar al vencedor de las mismas que es el actual rector.
-En el caso de la Universidad de Carabobo, tenemos una rectora con una gran capacidad gerencia, es verdad; pero está agotada. Ella no es ninguna muchachita. Lo mismo sucede en el caso de la rectora de la Universidad Central de Venezuela: una mujer que tiene una gran capacidad gerencial; pero que ya está cansada. Y el caso se repite a nivel de todas las universidades nacionales con respecto a sus autoridades, y que si tú te pones a revisar uno por uno, resulta que aquél arrastra un cáncer; el otro ya está muy anciano. Los procesos de gerencia universitaria están planificados para cuatro años. No para once años; aparte de las condiciones de deterioro total, en las que se encuentra nuestro sistema de educación superior.
