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En el año 2016 el contratista de PDVSA confesó que había sufragado los gastos judiciales de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que actualmente pagan condena en Estados Unidos por narcotráfico.
Luis Felipe Colina
La a Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le siguen la pista, muy de cerca, al magnate chavista Wilmer José Ruperti Perdomo, favorito del régimen de Nicolás Maduro y señalado por las autoridades norteamericanas de ser testaferro de varios jerarcas de la narcodictadura que usurpa el poder en Venezuela.
La investigación tiene por objeto determinar el origen de la inmensa fortuna que posee Ruperti Perdomo dentro y fuera de EEUU y sus estrechas relaciones con Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de Maduro y en general con la estructura del Estado venezolano.
En reciente entrevista, el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, ha señalado a Ruperti de ser parte del tinglado de negocios Maduro en torno a la gasolina importada. Igualmente es de conocimiento público el patrocinio del magnate chavista en el año 2016 a la defensa judicial de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, conocidos también como los “narcosobrinos”, quienes pagan condena en Estados Unidos por narcotráfico, bajo protección y patrocinio del Estado venezolano.
“Es un deber patrio para ayudar a la salud mental del presidente Nicolás Maduro”. Así justificó el contratista Ruperti Perdomo el 28 de septiembre de 2016 al diario Wall Street Journal, la razó por la que pagaba la costosa defensa de los parientes de Maduro, gobernante a quien las autoridades norteamericanas también persiguen por narcotráfico y ofrecen una recompensa de quince millones de dólares.
Ruperti Perdomo también apareció involucrado en el escándalo suscitado en el año 2019 con la defensa judicial, en España, del narcogeneral venezolano Hugo Carvajal Barrios, alias “El Pollo”. El propio magante admitió haberle entregado un millón ochocientos mil dólares al exjuez español Baltasar Garzón Real, por un “informe” sobre la situación procesal de Carvajal, hombre de estricta confianza del difunto presidente Hugo Chávez y jefe de contrainteligencia militar del chavismo durante doce años, quien tiene orden de captura en Estados Unidos, país que ofrece recompensa de diez millones de dólares a quien colabore con su aprehensión.
En septiembre del año pasado el magnate chavista tildó de estafador a Garzón por haberle cobrado diez veces el valor de la asesoría contratada que le contrató para defender a Carvajal, quien en noviembre de 2019 desapareció “misteriosamente” de Madrid una vez que tuvo conocimiento que la Audiencia Nacional española había autorizado su extradición a Estados Unidos, por narcotráfico.
De acuerdo a una versión que circula entre investigadores externos y “caza recompensas” vinculados a la Drug Enforcement Administration, en su sede del condado de Arlington, Virginia, el general Carvajal estaría a buen resguardo, con otra identidad, en una lujosa propiedad de su confeso financista legal e una isla del Caribe.
De acuerdo a un «cooperante» de la DEA, de nacionalidad española, Carvajal estaría ubicado en Mustique, una de las islas del archipiélago de las Granadinas, parte integrante de San Vicente y las Granadinas, país de las Antillas Menores que es miembro de la OEA y del Caricom y cuyo primer ministro desde el año 2001 es Ralph Everard Gonsalves, también conocido como “el camarada Ralph”. Aunque ese pequeño país de apenas cien mil habitantes forma parte de la Mancomunidad Británica de Naciones y la Reina Isabel II es su jefe de Estado, el poder es ejercido por el primer ministro Gonsalves, aliado entusiasta del dictador Nicolás Maduro y beneficiario de la dictadura venezolana.
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El narcoterrorismo con el apoyo de los ilegítimos poderes públicos avanza en sus planes, con miras a darles visos de legalidad al proceso electoral legislativo, que pretende convocar para el último trimestre del año en curso.
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De acuerdo con fuentes oficialistas, varios dirigentes del denominado G-4, alianza conformada por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, le sirven de quinta columna al régimen que preside Nicolás Maduro Moros, a través del exvicepresidente José Vicente Rangel Vale y los hermanos Jorge y Delcy Eloína Rodríguez Gómez.
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Antonio Campos Flores, Francisco Flores de Freitas, Ramón Eladio Aponte Aponte, Rafael Isea, Juan Gallardo, Clíver Alcalá Cordones, José Linares, Leamsy Salazar, Claudia Patricia Díaz Guillén, Hebert García Plaza, Raúl Antonio Gorrín Belisario, Nicolás Maduro Moros, Erick Malpica Flores y Adel El Zabayar son algunos de los personajes que la Fiscalía General del Sur de Nueva York investiga como cómplices necesarios de Cilia Flores de Maduro, a quien su expiloto y exguardaespaldas Yazenky Antonio Lamas Rondón, preso en Estados Unidos por narcotráfico, señala de dirigir una organización criminal dedicada a la exportación de droga. Fiscales federales estadounidenses y fuentes cercanas a la DEA aseguran que los numerosos testigos, que han declarado en las investigaciones que involucran a Flores de Maduro, también conocida como la “narco-tía”, indican que su enjuiciamiento por crímenes de narcoterrorismo es inevitable, por considerar que las pruebas presentadas en su contra por el exescolta Lamas Rondón son irrefutables.
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El general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, ordenó izar la bandera iraní en el centro de torturas del Sebin, ubicado en El Helicoide. No conforme con ello, obligó a sus esbirros a que entonaran el himno de Irán. “Este es un general patriota, revolucionario e hijo de Bolívar”, susurraban los propios agentes del referido organismo de seguridad del Estado, al enterarse de semejante decisión.
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La narcodictadura que preside Nicolás Maduro Moros, amparada en el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional Ilegítima y la espuria Asamblea Nacional Constituyente pretenden designar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral en breve. Un exdirigente del MAS y un exdirigente del PPT suenan como nuevos “rectores”.
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El juez español Juan Carlos Peinado profundiza en las investigaciones que adelanta, conjuntamente, con la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, y que guardan relación con contratos ilegítimos celebrados entre la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez y empresarios españoles, conectados con el gobierno de Pedro Sánchez, los cuales ascienden a un monto de 500 millones de euros.
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Autoridades estadounidenses sostienen que Samark López Bello, el principal testaferro del ministro de Petróleo Tarek El Aissami, acusado de narcoterrorismo, tendrá que responder “tarde o temprano”, ante las autoridades federales competentes por crímenes vinculados con narcotráfico y financiamiento del terrorismo.
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Autoridades federales norteamericanas aseguran que los venezolanos y cubanos, que fueron detenidos en los actos vandálicos y desestabilizadores; que se desarrollaron la semana pasada en varias ciudades de Estados Unidos, confesaron recibir financiamiento del régimen de Nicolás Maduro Moros.
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De manera reiterada, tanto el dictador Nicolás Maduro Moros como el segundo del régimen, teniente Diosdado Cabello, han amenazado públicamente a la disidencia con ordenar sus ejecuciones físicas desde el mismo momento, en que se conozca la presencia de efectivos militares norteamericanos en el territorio nacional.
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Nelson José Merentes Díaz, ex presidente del Banco Central de Venezuela, durante su gestión comprendida entre los años 2013 y 2014 le transfirió a la empresa de maletín española Parte-Buses S. A., registrada con un capital de 209 dólares, la suma de 100 mil millones de dólares, dinero que desapareció sin que hasta la presente fecha se conozca su destino del dinero, así como el paradero del propio Merentes.
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Doscientas cajas de finos escoceses (whisky) les fueron repartidas equitativamente a los integrantes de la Mesita de la Casa Amarrilla, recientemente, por orden de la llamada “narco-tía”, Cilia Flores de Maduro.
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Varios juristas venezolanos consideran que el decreto dictado la gobernadora del estado Lara, almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas, restringiendo el derecho al libre tránsito consagrado en la Carta Magna, vulnera el estado de derecho.
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Los fiscales del Ministerio Público con competencia en el circuito penal del estado Lara, Carlos Alberto León y María de Jesús Jiménez, quienes obedecen órdenes del Fiscal General de facto, Tarek Saab Halabbi, así como la juez noveno de Control del mismo circuito, Ana Tovar, dependiente del magistrado exprés y Maikel José Moreno Pérez, violaron los artículos 44, 45, 46, 47, 49 y 50 de la Constitución, en la causa que involucra a tres ciudadanos con diagnóstico médico especial (discapacitados), por supuestamente cacerolear, como protesta en virtud de la carencia de los servicios públicos más esenciales para la supervivencia.
Fuentes vinculadas a la defensa de los derechos humanos aseguran que el caso será denunciado ante los organismos internacionales competentes, a fin de que se condene a dichos funcionarias del poder judicial a las sanciones contempladas en los tratados internacionales.
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Comienza la guerra por los ascensos militares. Por ahora, Diosdado Cabello Rondón controla tanto el generalato (cuerpo de generales), como el listado de los oficiales que aspiran ascender el 5 de julio del presente año al grado inmediato superior con antigüedad.
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La guerra dentro del G-4 es a cuchillo. Henry Ramos Allup, secretario general de AD y partidario de las elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura, fue pillado por sus propios compañeros reunido con miembros de la llamada “Mesita de diálogo” la Casa Amarilla. Por su parte Voluntad Popular y Primero Justicia se oponen a los comicios maduristas y el partido Un Nuevo Tiempo deshoja la margarita.
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De acuerdo con fuentes oficialistas, Samark López Bello, Jesús Vidal Méndez, Jesús Salazar Rondón, Diego Salazar, Alejandro Dopazo, Rafael Sarría, Wilmer Ruperti, Raúl Antonio Gorrín Belisario, Franco Planas, Francisco D´Agostino (padre), Shadi Naim Saab Certaín, Alex Naim Saab Morán, Danilo Díaz Granados, Darío Osío, Alejandro Andrade Cedeño, Pedro Torres Ciliberto, Eudoro González Dellán, Víctor Vargas Irausquín, Leopoldo Martínez Nucete, José Ramón Medina, Elita del Valle Sacarías Díaz, María Eugenia Baptista Sacarías, Freddy Jacob Baptista González, y Nelson José Merentes son algunos de los testaferros de los altos jerarcas del régimen que usurpa el poder en Venezuela, razón por la que son investigados por las autoridades norteamericanas.
