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El narco penetra la Corte Penal Internacional #CrónicasDeLaRobolución #OmarEstacio

No hay que ser muy zahorí para sospechar de encubrimiento de la señora Bensouda, para favorecer a integrantes del narcogobierno  de Venezuela. En la gráfica superior junto a Maykel Moreno y Haifa Aissami

Omar Estacio

Pronunciar el apellido, El Aisami, es evocar el narcoterrorismo. Nada personal, sea  dicho muy de paso. Corrían los primeros meses de 2010 y la contrainteligencia de EE UU,  profundizaba la llamada, “Operación Casandra”, para desmantelar grupos del narcofundamentalismo musulmán. Fue la primera vez que el mencionado apellido apareció como  player del tráfico ilícito internacional de sustancias psicotrópicas.

         Pero no ha sido nada más, Tarek El Aisami, acusado, en marzo de 2018, ante una Corte del estado de Nueva York, por ser  barón de la droga. El diario “Miami Herald” informaba en febrero de 2017 que, otro vinculado con tal red criminal era, Feras El Aisami, hermano de Tarek y encargado  de ejecutar muchas operaciones, entre ellas, el negocio de los sobornos y el ingreso, ilegal  a Venezuela de ciudadanos de origen árabe.

         Un tercer personaje “clave” en la supuesta organización criminal, es Husam El Aissami, primo de los dos referidos al comienzo. Huam no solo ha trabajado como consejero de la embajada de Venezuela en Jordania, sino que  ha sido protagonista en la entrega de visas y pasaportes a miembros del grupo terrorista islámico Hezbolá.  Otro primo, Fady El Aissami, también ha sido señalado, públicamente, como gestor de contrataciones públicas, para favorecer  a empresas de la familia.

Imposible no mencionar a Haifa El Aissami, hermana del exvicepresidente, embajadora de Venezuela ante el Reino de los Países Bajos y representante del régimen ante la CPI. Haifa ha fungido de lobista o cabildera, –   algo absolutamente ilegal en   el ámbito judicial-  ante dicha Corte, con sede en La Haya, para evitar que se profundicen investigaciones contra Nicolás Maduro y su propio hermano.

         Informaban “La Razón” y “El Cooperante” -impresos en Caracas, ediciones de febrero 2018-  de  la  supuesta existencia de la llamada “Mafia de las Togas” alrededor de la CPI. Los argentinos, Adolfo Pérez Esquivel, beneficiario a través de su fundación de jugosas donaciones otorgadas por el fallecido Hugo Chávez; Luis Moreno Ocampo, protegido de  Pérez Esquivel y exfiscal principal de la CPI; Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la CPI;  Fabrizio Guariglia, director de la División  de Acusaciones de esa misma Corte; la esposa de este último, de nacionalidad belga, defensora judicial del exjuez Baltazar Garzón, éste, a su vez,  supuesto asesor de Nicolás Maduro y relacionado con el susodicho Moreno Ocampo, para finalizar con Fatou Bensouda, Fiscal Principal de la CPI, nacional de Gambia.

         Ante la citada Corte Penal, han acudido, numerosas víctimas venezolanas, una delegación de parlamentarios  latinoamericanos, los gobiernos de Canadá, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay,  el secretario general de la OEA, Luis Almagro,  todos  a denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados, en Venezuela por, Hugo Chávez y Nicolás  Maduro.  Pero la señora Bensouda, no se ha dado por enterada y durante su mandato, no ha castigado ni a una sola persona por crímenes que han estado a la vista del Mundo entero.

         Además, la señora Bensouda se ha visto envuelta en varios escándalos que desdicen de su probidad. Uno de ellos, por traficar influencias, junto a su marido, para que un banco con sede en, Emiratos Árabes Unidos, le descongelase US $ 16 millones a un paisano suyo y otra falta aún más grave, su comadreo con la susodicha, Haifa El Aisami, como lo demuestran varios testimonios  fotograficos, en los que ambas damas aparecen compartiendo, como buenas amigotas, en eventos sociales.  La normativa universal prohíbe tal especie de intimidades, como penaliza  las llamadas reuniones ex parte,  esto es, los encuentros de operadores de Justicia, a solas, con una de las partes y por consiguiente, a espaldas del otro contendiente.

         No constituye ninguna desmesura afirmar, que la única instancia en materia de DD HH que no ha constatado la comisión, en Venezuela, de crímenes de lesa humanidad,  en los últimos   20 años,  ha sido la CPI. Los han  constatado,  entre otros, los siguientes órganos de la ONU: el Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias, el Comité  Contra la Tortura, los cinco últimos informes anuales, muy contundentes, rendidos  por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos;  la Comisión ad-hoc designada por la Secretaría General de la OEA y más recientemente, la Comisión, ad-hoc, Independiente creada por la ONU, en septiembre de 2019. En este último documento, se señalan como presuntos perpetradores, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Néstor Reverol.

         Todo parece indicar que  Nicolás Maduro, vía la mencionada integrante del clan El Aisami,  ha traficado influencias, con la señora Bensouda y dados los antecedentes de falta de probidad de esta última, no hay que ser muy zahorí para sospechar de encubrimiento, quizás individual de la señora Bensouda, quizás en bloque de la CPI,  para favorecer a integrantes del narcogobierno  de Venezuela.

@omarestacio

El autor es abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Caracas y acreditado ante la Barra de Abogados de Florida, EEUU, como experto en Derecho venezolano. Con el presente artículo no pretende emitir dictamen jurídico sino, simplemente, opinar libremente con base en sus derechos como ciudadano.