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Queda perfectamente claro que las violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el estado chavista, han sido “generalizadas y sistemáticas” contra la población civil.
Humberto González Briceño
En menos de una semana ha quedado documentada la participación de altos funcionarios al servicio de Juan Guaidó en la extorsión de una empresa contratada para la recuperación de activos de la nación venezolana en el exterior (denuncias de periodista Patricia Poleo) y la de figuras claves del régimen chavista autorizando la tortura y el asesinato por motivos políticos (Informe de la ONU sobre Venezuela). Ambas constataciones reflejan la decadencia de la política que ha destruido a la nación venezolana.
Seria perverso poner a los venezolanos a decidir cuál de ambas conductas criminales es más grave, si el saqueo de los recursos y activos de la nación venezolana o el asesinato y la tortura de quienes se oponen al régimen chavista. Se trata de una falsa dicotomía porque mientras una está matando a los venezolanos propagando el hambre la otra también los está asesinando mediante la violencia de estado.
Sin embargo, más allá del manoseo superfluo y banal que el interinato de Guaidó ha hecho del informe de la ONU, este contiene una detallada relación de violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos desde 2014 perpetradas por el estado mafioso chavista ahora dirigido por Nicolás Maduro, antes presidido por Hugo Chávez, aunque la falsa oposición deliberadamente se salte la figura de Chávez en un sospechoso y silencioso acto de reivindicación histórica en la inocultable línea de responsabilidad.
Y es que al revisar las 443 páginas del referido informe en sus 2105 apartados queda perfectamente claro que estas violaciones a los derechos humanos, ejecutadas por el estado chavista, han sido “generalizadas y sistemáticas” contra la población civil. Aquí estamos en presencia de la violencia como política de un estado cuya pseudo legalidad justifica la tortura y el asesinato por motivos políticos como parte de sus procedimientos.
«El documento de la comisión de la ONU ilustra, en forma inmejorable, la naturaleza criminal e impune del régimen chavista en su totalidad»
El informe de la ONU confirma lo que ya se sabía. No estamos frente al mal gobierno de Nicolás Maduro, aunque él sea hoy la cabeza de ese estado. Aquí estamos frente a un estado criminal que se comenzó a configurar con Hugo Chávez en 1999, con una constitución hecha a su medida, y desde entonces ha ido refinando sus métodos de violencia para controlar a toda la sociedad. Para esto el estado mafioso controla todos los poderes, incluso el ejército al cual ha reducido al papel de su brazo armado y cuyos miembros han sido instrumentales para ejecutar las violaciones “generalizadas y sistemáticas” que refiere el informe de la ONU.
Contrario a la prédica de la falsa oposición en sus dos sabores, la de Guaidó y la de Capriles, no estamos frente a un mal gobierno del cual se puede salir tan solo sacando a Nicolás Maduro del poder. Aquí estamos frente a un estado mafioso, tal como ha sido correctamente caracterizado en el informe de la ONU, y de este tipo de estructura no se sale con negociaciones, elecciones o gobierno de transición. Un estado que incorpora en sí mismo el crimen y lo sistematiza masivamente a través de sus estructuras mediante operaciones de tortura, asesinato, narcotráfico y otros delitos solo puede ser destruido militarmente por un ejecito profesional que defienda a la población civil o una coalición militar internacional.
El informe de la ONU hay que difundirlo ampliamente, pero no por las razones que le convendrían a la falsa oposición. Ese informe no debe ser usado como elemento de simple distracción a los escándalos de corrupción del hamponato interino de Guaidó o eventualmente como “presión” contra Maduro para obligarlo a negociar “condiciones electorales mínimas”. El documento de la comisión de la ONU ilustra, en forma inmejorable, la naturaleza criminal e impune del régimen chavista en su totalidad y fortalece la tesis de su derrocamiento por vías de fuerza como la única forma racional para su liquidación definitiva.-
