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“El Estado viola sistemáticamente los derechos humanos”, señaló el abogado Rafael Narváez
El defensor de los derechos humanos y director de la ONG Derechos Civiles, abogado Rafael Narváez, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro ha premiado y condecorado a militares de alto rango señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
“Militares de alto rango del Plan Zamora que torturaron y asesinaron a cientos de manifestantes en el 2017 son candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, para buscar inmunidad y así intentar salvarse de la Corte Penal Internacional (CPI)”, advirtió.
En tal sentido, Narváez recordó que la CPI y el sistema universal de los derechos humanos no conceden privilegios a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
También indicó que el informe de la misión de la ONU sobre la determinación de los hechos de violación de los derechos humanos en Venezuela está venciendo los obstáculos que colocó la Fiscal de la CPI, Fatou Bensaudad.
Al respecto, explicó que Bensaudad impidió que los informes de 2018 y 2020 pasaran la fase de aprobación y, de esta manera, poder ejercer la presión sobre el Estado venezolano como violador sistemático de los derechos humanos y luego procesar penalmente a los responsables.
Explicó que la CPI tiene la facultad y las competencias para intervenir directamente en la investigación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, motivado a que el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma.
“Es un paso sumamente importante que la fiscal de la CPI afirme que existen fundamentos razonables para creer que hubo delitos de lesa humanidad, y de esta manera efectuar la aprobación del informe preliminar. Este sería el primer caso latinoamericano procesado por la CPI”, indicó.
Narváez señaló que los informes están sustentados en evidencias sobre detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, violencia sexual, asesinatos cometidos por el Estado contra manifestantes y ejecuciones extra judiciales por parte del Faes y la OLP.
“Esto es una demostración que la violación sistemática de los derechos humanos es parte de una política pública que ejecuta el Estado. El propósito es la aniquilación definitiva de las garantías constitucionales y los derechos humanos en Venezuela, convirtiéndose el Estado en el mejor aliado de la impunidad”, agregó.
De igual modo, Narváez repudió y condenó la conducta reprochable en el uso de la ayuda humanitaria lograda por Unicef para hacer campaña electoral y calificó esta acción como criminal.
