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Rafael Narváez: “Cuerpos policiales del Estado están amparados en la impunidad”

Denuncian que la violación contra los derechos humanos es sistemática por parte del Estado

El director de la ONG Derechos Civiles, abogado Rafael Narváez, afirma que la democracia venezolana se encuentra en terapia intensiva producto de la desaparición del estado de derecho y la violación sistemática de los derechos humanos contra los venezolanos.

En este sentido, señala que los factores que han contribuido con el deterioro del estado democrático son la falta de separación e independencia de los poderes públicos, un poder judicial politizado que incumple el debido proceso y cuerpos policiales del Estado amparados en la impunidad.

“El Estado sigue violando sistemáticamente los derechos humanos, los derechos civiles y políticos, y la libertad de expresión. También viola el derecho a la salud, la alimentación y los servicios básicos desaparecieron”, asevera el defensor de los derechos humanos.

Analiza que el año 2020 deja un saldo de heridas, dolor, luto en hogares y agrega que las víctimas son innumerables. Recuerda los cinco millones de venezolanos que migraron para huir de la hambruna y han encontrado xenofobia, desprecio y muerte en los países donde han arribado.

“Es también el caso del naufragio en las costas de Güiria, en el estado Sucre, donde 35 venezolanos perdieron la vida en el mar en el intento de llegar a Trinidad y Tobago para buscar una mejor calidad de vida, la cual le fue negada en Venezuela por un Estado indolente”, afirma.

Señala que el balance de los derechos humanos en 2020 para Venezuela es muy triste y preocupante. “Estamos en presencia de un Estado intoxicado de poder, amparado en la FANB e impregnada de tinte político que cada día se aleja de la Constitución y deja al pueblo en el mayor grado de indefensión y sin esperanzas”, expresa.

El director de la ONG Derechos Civiles, Rafael Narváez, sostiene que frente a la violación sistemática de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado solo queda la reparación de los daños a través de la Corte Penal Internacional.