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Venezuela, un país sin salario I Opinión I Absalón Méndez Cegarra

Los bonos no salariales no pueden denominarse salario, simplemente, son limosnas.

Absalón Méndez Cegarra  

Con sobrada razón el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, notificó a la opinión pública venezolana e internacional que su padre era un gran economista, que debería estar en la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América, dictando clases de economía. Y, posiblemente, logre ser nominado para el Premio Nobel de Economía, 2023, por su enorme contribución al pensamiento económico universal, toda vez que su teoría económica novedosa e innovadora, es algo nunca visto en la historia económica del mundo. Su fórmula es magistral para destruir el aparato productivo de un país y el mercado laboral al mismo tiempo. Consiste, sencillamente, en hacer desaparecer el salario   de la relación laboral para frenar la inflación y, en simultáneo, incrementar los precios de todos los bienes y servicios. Al no existir salario, los trabajadores no tienen capacidad de compra, no hay demanda y, como quiera que los precios se incrementan, pues, menos aún, los trabajadores pueden adquirir los bienes que permitan satisfacer las necesidades fundamentales de los trabajadores y de su grupo familiar. Fórmula mágica para frenar la inflación y todos los problemas económicos y sociales del país.  Su magistral contribución se sintetiza en: Como convertir, en corto tiempo, un país rico en un país pobre.

Es lugar común decir que la prueba o verificación de la teoría es la práctica.  Esta prueba no le ha resultado favorable al gran economista Nicolás Maduro. Al contrastar la teoría económica de Maduro con la realidad, el resultado es un desastre social. Un pueblo que muere de hambre porque no tiene dinero para adquirir alimentos debido a que los precios de los alimentos y de todos los bienes y servicios se incrementaron, consecuencia de un aumento de bonos discrecionales, no salariales, que impactan los precios de manera alarmante, generando mayor inflación, menor producción y menor consumo, es decir, todo lo contrario de lo que pregona la teoría económica madurista.

Sobre los anuncios de Maduro el día primero de mayo, 2023, necesario es hacer varias consideraciones, entre otras, las siguientes:

  1. Se producen en el marco de una conflictividad tremenda del gobierno, minado por todos lados de corrupción y robo descarado de los dineros públicos; en consecuencia, es injustificable que se argumente que no hay dinero para incrementar el salario, pero, sí, para el robo del alto, medio y bajo gobierno.
  2. La excusa del bloqueo económico no convence a nadie, pues, el mismo, ha sido burlado y permitido la creación de nuevas fuentes de corrupción.
  3. El proceso que podría denominarse, si cabe el término, desalarización del trabajo, es de la mayor gravedad. El trabajo en Venezuela carece de remuneración. Es un trabajo esclavo, compensado solo con gratificaciones discrecionales.
  4. Las gratificaciones, entiéndase bono de guerra económica y bono de alimentación, no tienen efectos salariales, no son salario; pero, ellos, sin ser salario, han impactado la calidad de vida del pueblo venezolano, han potenciado la inflación y el acceso a la compra de bienes esenciales para la subsistencia de los venezolanos.
  5. Las gratificaciones, sí alguna vez se materializan, no vaya a suceder lo mismo que lo que ocurrió con el bono de los diez mil bolívares y otros más, todos incumplidos, han causado un gran efecto en los precios de los alimentos, medicinas, cuidados a la salud, gastos educativos, condominios y servicios básicos. El solo anuncio, sin concreción alguna, disparó los precios, toda vez que el fulano cesta ticket, llevado a 40$, debe pagarlo el consumidor final y, además, con creces; pero, hay algo aún más grave, un asalto a los usuarios de los servicios de electricidad, agua servida y telefonía. Es el enriquecimiento indebido o sin causa del Estado al cobrar por unos servicios que no presta o los presta deficientemente. Hay miles de personas que pagan mensualmente la renta telefónica y no tienen desde años servicio de telefonía, tampoco, internet, menos, agua, gas y electricidad. Una exacción fiscal sin causa. Un auténtico Estado forajido.
  6. Capítulo aparte lo constituye el incremento de la Unidad Tributaria, mediante la cual se pagan aranceles, impuestos, multas y servicios públicos. La Unidad Tributaria ha pasado de 0,40 bolívares a 9,00 bolívares, un incremento injustificado de 2.150%.
  7. Los bonos no salariales ya los está pagando el pueblo, sin recibir nada a cambio por la actividad laboral que realiza, pues, las migajas de pan que ruedan de la mesa gubernamental, no pueden denominarse salario, simplemente, son limosnas y, con ellas, debe pagar bienes y servicios con altísimos precios.
  8. Las limosnas tienen un propósito, una intención, el control social de la población. Un pueblo muerto de hambre no piensa, solo, agradece cualquier mendrugo que le dan. Creación de clientela electoral. Populismo barato e indigno.
  9. Finalmente, estamos en presencia de abiertas y descaradas discriminaciones por razón de condición social. Los trabajadores subordinados reciben cesta ticket y, posiblemente, bono de guerra; los pensionados, sólo el invento macabro del bono de guerra disminuido; y, los jubilados, un bono de guerra mayor. En Venezuela, millones de personas tienen jubilación y pensión, por lo que les correspondería un bono como pensionados por vejez y, un bono como jubilado. La improvisación no permite pensar racionalmente.

Un pueblo resignado, es un pueblo desgraciado. Resignación es lo que reina entre los venezolanos.  El gobierno, muy tempranamente, logró conocer la idiosincrasia de nosotros los venezolanos y sacar provecho de ella.

@absalonmendez1

EL AUTOR es abogado y licenciado en trabajo social. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV. MSc en Administración Privada, doctor en Ciencias Sociales. Ha participado en la redacción de la Ley Orgánica del Sistema de los Seguros Sociales, Ley de Vivienda y Hábitat, Ley del Régimen Prestacional de Salud, Ley del Régimen Prestacional de Empleo, entre otras.

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