Hernan Lugo Galicia
Oficiales amigos del teniente asesinado en Chile, estiman que la dictadura evadirá la responsabilidad, debido a que Walter Rodríguez trabajó como escolta de TEA en la Gobernación de Aragua.
Hernán Lugo-Galicia
La muerte del primer teniente Ronald Ojeda, con participación de personal con formación militar, y la presencia del Tren de Aragua han activado las alarmas en Chile, donde evalúan la posibilidad de romper relaciones diplomáticas si, en las próximas horas, Miraflores no coopera con estos dos casos que han dejado malparado al país austral en materia de inteligencia, seguridad de Estado y de ciudadanos.
Chile solicitó a Venezuela la extradición de Walter Rodríguez, y otro sospechoso del asesinato del oficial, de nombre Maikel, y cuestionó que se tilde la existencia del grupo delictivo venezolano como “un invento mediático”.
El presidente Gabriel Boric criticó al embajador venezolano, Yván Gil, por expresar que el Tren de Aragua es “una ficción mediática internacional”, y llamó a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri.
“Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, que desconocen la existencia del Tren de Aragua, un grupo criminal conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en toda la región de Sudamérica, son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias (..) Esto no solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino también una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado”, dijo Boric.
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, manifestó: “El crimen organizado está metido; fueron los hechores, el tema es cuál fue el móvil que tuvieron (…) No hay ningún elemento para considerar, por ejemplo, un autosecuestro y ninguna otra hipótesis. Quienes tienen la clave de eso son estas personas que se fugaron de Chile, que fueron a Venezuela y que son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro”.
Tohá informó que el gobierno apoyará a la Fiscalía en la solicitud de asistencia penal internacional, a través de gestiones diplomáticas y contacto con las autoridades: “Participaremos con una voz muy clara y firme en los foros internacionales, demandando la colaboración del gobierno venezolano”.
“El crimen ocurrido en Chile -afirmó- es de mayor gravedad, e importante para Venezuela: Los ojos van a estar puestos en su comportamiento, y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos (…) Ambos países tenemos un tratado vigente de extradición, desde 1962. Y si bien la actual Constitución venezolana no contempla la extradición de nacionales, este tratado no ha sido desahuciado ni por Venezuela, ni por Chile”.
El Dato1:
“Los venezolanos buenos, que llegaron al principio, se sienten amenazados porque se provocó una ola de resentimiento y de rabia en su contra. O los expulsamos o tenemos que hacer cárceles especiales”: Evelyn Mathie, alcalde de Providencia.
Móvil político
Luego de 45 días de investigación, la Fiscalía de Chile descartó las hipótesis de crimen común en el secuestro y asesinato de Ojeda, y se confirma que se trata de un crimen político, debido al perfil del oficial.
Ojeda participó en operaciones para la libertad de Venezuela en 2017, fue detenido, torturado y logró huir del país y establecerse en Chile, donde solicitó asilo político. A finales de 2023, intentó ingresar al país, pero su compañero de armas, el capitán Anyelo Heredia, fue capturado en la frontera colombo-venezolana, y entregado por la guerrilla a la DGCIM.
Ojeda escapó, aunque fue herido y tuvo que recuperarse en Colombia hasta su retorno a Santiago de Chile, donde el 21 de febrero fue secuestrado por tres sujetos, que vestían uniformes de la Policía de Investigación de ese país (PDI) y se comportaron como militares en el procedimiento, el traslado del secuestrado en tres carros para despistar. 10 días más tarde, su cuerpo fue encontrado en una fosa, en una barriada chilena, en una maleta.
Desde el principio, la familia e investigaciones periodísticas atribuían el hecho a cuerpos de inteligencia venezolanos, tesis que no fue descartada por la Fiscalía de Chile, que manejó la hipótesis de “auto-secuestro”, secuestro extorsivo o su supuesta participación en alguna actividad delictiva, por lo que surgió el nombre del Tren de Aragua.
El 11 de abril, el fiscal Héctor Barros indicó que las tres hipótesis fueron desechadas: “La única que queda vigente es el móvil político”, respondió en una entrevista en ChileVision en la que se negó a señalar a la Dgcim como autora intelectual, pero sí admitió que los secuestradores están relacionados con él ámbito castrense: “Tenían formación militar”, expresó sobre el comportamiento del líder del secuestro, Walter Rodríguez, quien fue detectado por las huellas que dejó en el ascensor del edificio donde vivía Ojeda y en uno de los carros abandonados.
“Sostenemos que esto se organizó, se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda, desde Venezuela”, señaló Barro, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
“No lo sé”, respondió al ser consultado sobre una eventual intervención de la Dgcim: “Ahora, hay un grado de organización, de ejecución de este delito, que no habíamos visto. El Tren de Aragua jamás ha hecho una escena como en este caso: disfrazados de policías, donde además se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros de profundidad y cementar el lugar”.
Barros abogó por la extradición de Rodríguez y Maikel para juzgarlo en Chile. Sin embargo, la legislación venezolana impide la extradición de sus ciudadanos.
El Dato2:
12 de abril. El fiscal del chavismo, Tarek William Saab, informó que -por correo electrónico- el Ministerio Público de Chile efectuó una solicitud de cooperación interinstitucional, en el marco de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, sobre los datos personales y antecedentes penales de Ronald Ojeda, Anyelo Heredia y otros tres más: “Se está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención”.
Reuniones de Estado con familia de Ojeda
Aunque el fiscal Barros no lo mencionó, en este caso ha salido a relucir el nombre de un militar retirado que hizo amistad con la familia de Ojeda y se presume los espió para delatarlos y entregarlos a las autoridades venezolanas.
El sujeto, con rango de alférez y quien trabajó en la DGCIM, asistió, incluso, a las exequias de Ojeda y se mostró dolorido por el deceso del ex compañero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo que ya se cuenta con fotos y su identidad.
El agente del DGCIM llegó a Chile hace un año y trabajó en una empresa de empaque con otro militar, que se investiga si participó o contactó a Walter Rodríguez para la operación.
El dato fue consultado a Josmarghy Castillo, viuda del oficial, el 5 de abril, cuando fue contactada por la PDI para la entrega de un informe del caso, el cual, aseguraron, “no está cerrado”. Ese mismo día, de manera paralela, Castillo fue recibida en La Moneda, palacio de gobierno, mediante una invitación del subsecretario Manuel Monsalve, en un giro del gobierno chileno en mostrar el interés en aclarar el incidente que evidencia la falta de controles y de una política de seguridad nacional.
El abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, espera que las conclusiones del caso se conviertan, muy pronto, en sentencias judiciales firmes ante los tribunales chilenos, o incluso ante la justicia internacional. No obstante, oficiales amigos de Ojeda creen que el chavismo evadirá la responsabilidad y emitirá un falso positivo, según la cual, detrás del secuestro y muerte del oficial, esté el ex ministro Tareck El Aissami, debido a que Walter Rodríguez trabajó como su escolta en 2015 en la Gobernación de Aragua.
El Assaimi es considerado traidor en el chavismo, acusado de planear la salida de Maduro y de destruir la economía, por lo que fue detenido en el transcurso de la semana pasada.
Una investigación de Caracol-Colombia confirmó como el territorio granadino es usado por la DGCIM para espiar a los disidentes al chavismo y cómo, a partir de la detención de Anyelo Heredia se inició una “cacería” en esa nación contra los oficiales que prepararon la Operación Libertad Venezuela (o “operación brazalete blanco”, como la llamó el gobierno) y siguió hasta Chile, donde secuestran y asesinan a Ojeda.
Miraflores busca a “El Gato Briceño”
“La cacería del chavismo” contra opositores continúa en el exterior, como lo demuestra un informe de Interpol, luego de una solicitud hecha por el Ministerio de Interior de Venezuela a finales de marzo.
El último es contra el ex gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, por su supuesta participación en un plan contra Nicolás Maduro, sin vinculación al caso de Ronald Ojeda. Se trataría de la tercera solicitud de captura en su contra, indicaron agentes de investigación.
A finales de 2013, MRI logró activar el código rojo de Interpol contra Briceño, el cual no fue procesado porque, en 2014, el abogado Alfredo Romero, coordinador del Foro Penal Venezolano, rebatió los argumentos en un documento enviado a la sede de Interpol en Francia. “Fuí objeto de un atentado siendo gobernador y en el hecho murieron un guardaespaldas y un delincuente. Se detuvo a un sicario que resultó ser vecino de la mamá de Diosdado Cabello en El Furrial. Luego hubo dos intentos de secuestro en Costa Rica en 2015 y 2018 para pasarme a Nicaragua. Esa vez volvieron a solicitar el código rojo pero se los negaron. En 2020, en plena pandemia, me inventaron otro expediente por terrorista y traición a la patria por el contrabando de armas. Ahora, no sé qué inventarán en 2024”, respondió el ex mandatario sobre el nuevo código en Interpol.
@HLGNapita
El autor es escritor y periodista venezolano, actualmente exiliado en Estados Unidos.
El fiscal Tarek Saab en su acusación pública al exministro y exgobernador del Estado Aragua, Tareck El Aisaami, llegó a decir, que se trataba de un «Pran» y que además estaría involucrado «en las conspiraciones para matar al Presidente Maduro», casualmente la misma acusación que a finales de enero lanzó el funcionario contra el teniente Ojeda, secuestrado el 21 de febrero de 2024 en Chile. A continuación,la intervención completa del fiscal de la dictadura venezolana:
