Oscar Battaglini
El “Fraude Amoroso” derrumbó el principio de la soberanía popular y la institución del voto. Los resultados del simulacro del 25 de mayo se pueden predecir.
Oscar Battaglini
En nuestro país ha sido largo y escabroso el camino que conduce al establecimiento del principio de la soberanía popular y de la democracia como sistema de la organización política de la sociedad.
En el siglo XIX esos componentes políticos-institucionales no tuvieron cabida en la República surgida finalmente de la Guerra de Independencia, y es ya muy entrado el siglo XX (1936) cuando comienzan a darse los primeros pasos dirigidos a introducir e institucionalizar esos valores políticos en nuestra realidad social.
Sin embargo, hay que decir que fueron pasos muy débiles e inciertos dados en medio de un fuerte forcejeo entre, por un lado, los sectores sociales oligárquicos tradicionales, los factores de poder caudillescos (civiles y militares) que habían monopolizado desde siempre el poder político, y por el otro, los sectores sociales y fuerzas democráticas que emergen a la vida política del país a partir de la muerte de Gómez, y particularmente desde el año mencionado.
Lo expresado significa que los derechos democráticos efectivos conquistados por el pueblo venezolano no han sido el producto de una concesión graciosa de ninguno de los gobiernos que se han sucedido en el poder a lo largo del periodo histórico que va de aquella fecha a esta parte, sino de duras y permanentes luchas contra los contenidos autoritarios y pseudo-democráticos que han permanecido tejidos a la estructura institucional (particularmente al elemento militar) y a la dinámica política de ese Estado forjado, sobre todo, por el binomio Castro-Gómez.
El pueblo venezolano hizo suya la determinación de no participar en ningún proceso electoral hasta que quede aclarado el resultado del 28 de julio”
La demostración de que eso ha sido así, es el hecho de que la historia de Venezuela de ese periodo no puede escribirse sin que necesariamente tenga que hacerse una obligada referencia al lugar preeminente que en ella ocupa desde entonces el conflicto político que de manera recurrente ha existido entre ese Estado y las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Muestra de ello son: la jornada de lucha por la democracia de los años 36, 37 y 38 del siglo pasado; los derrocamientos de los gobiernos democráticos de los presidentes Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos; la implantación de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez y su derrocamiento por el levantamiento popular del 23 de enero de 1958; el conato de acción armada guerrillera de los años 60; la caída del régimen puntofijista y la emergencia de la aberración chavista.
La acción delictiva conocida como el «Fraude Amoroso» tiene todas las características de un golpe de Estado, del mismo modo que lo hiciera el dictador Pérez Jiménez en 1952″
Del desarrollo de ese conflicto político se derivó finalmente una suerte de democracia liberal más formal que real, es decir, en la que «se le ofrece y garantiza» a la sociedad venezolana el ejercicio pleno de los derechos políticos republicanos universales tomados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (entre otros, la elección del poder público mediante el ejercicio de la soberanía popular), pero en la práctica y en lo fundamental todo continuó dependiendo de la voluntad omnímoda del autócrata y de las burocracias en cuyas manos han permanecido los mecanismos del poder central del Estado. A tales extremos se ha llegado en la recurrencia de esa práctica espuria y delictiva (que fuera aplicada en el pasado de manera sistemática, en particular durante el régimen puntofijista y ahora bajo la dominación chavista), que en nuestro país nadie cree en la palabra del gobierno de turno y se considera a todo su funcionariado como corrupto. Pero donde esta desconfianza sube de grado es en el ámbito de la cuestión electoral con respecto al cual siempre ha existido (en la mayoría de los casos con justificada razón) la certeza de que los resultados electorales han sido trampeados por los factores políticos oficiales que han ejercido el control de los organismos institucionales encargados de dirigir y organizar los procesos electorales establecidos constitucionalmente. Esto es, como se sabe, lo ocurrido en las presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados fueron objeto de lo que se conoce nacional e internacionalmente como el «Fraude Amoroso», acción delictiva que tiene todas las características de un golpe de Estado ejecutado por la burocracia dictatorial madurista del mismo modo que lo hiciera el dictador Marcos Pérez Jiménez en el año de 1952; es decir, prevalida esta burocracia del control abusivo inmoral y violatorio de la Constitución aún vigente (Artículos 293, 294 y 296) que ejerce sobre el CNE, y particularmente con el respaldo de la Fuerza Armada chavista, elemento que a todas luces se ha constituido definitivamente no solo en el puntal básico de la dictadura madurista, sino en su expresión concreta y directa. Funciones que este aparato militar ha venido desempeñando desde hace años completamente al margen y en abierta y flagrante violación de la Constitución de la República en sus Artículos 328 y 330. Con esa acción (realizada descarada y sin que sus autores se cuidaran de cubrir en alguna medida con las apariencias) el régimen madurista le asestó un golpe de muerte al proceso democrático nacional; fundamentalmente al principio de la soberanía popular y a la institución del voto como medio o mecanismo de la participación de la ciudadanía venezolana en la designación de los poderes públicos de elección popular, etc. Se trata de una situación que se acentúa e intensifica todavía más, si se tiene en cuenta:
1) Que la inmensa mayoría del pueblo venezolano (venciendo sus dudas sobre la posibilidad de que la dictadura respetara los resultados electorales) salió a votar con los resultados ya conocidos.
2) Que el pueblo venezolano hizo suya la determinación de no participar en ningún proceso electoral hasta que quede aclarado y puesto a derecho el resultado de las presidenciales del 28 de julio, y mucho menos con un CNE bajo el control político de la burocracia dictatorial madurista y la presidencia de Elvis Amoroso.
He ahí, en una buena medida, los condicionantes que le sirven de contexto político a las «elecciones» fijadas finalmente por la dictadura para el próximo 25 de mayo.
Siendo ese en lo fundamental el marco político de dicho evento, no resulta difícil
determinar, por un lado, lo que se propone conseguir la burocracia dictatorial madurista con ese simulacro electoral, y por otro, predecir cuáles serán sus resultados. En el primer caso, darle continuidad a la maniobra dirigida a crear en el país un clima de falsa normalidad política e institucional que desvíe la atención de los venezolanos del «Fraude Amoroso» y de su exigencia de que se respeten los resultados de las presidenciales del pasado 28 de julio. Y, en el segundo caso, lo que se percibe ostensiblemente en el seno de nuestra sociedad es una total falta de interés por esas «elecciones», lo que hace suponer que en estas solo votarán la clientela chavista, los enchufados y la complicidad colaboracionista de todos los matices.
Mientras tanto el país sigue desmoronándose con grave daño para la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero a esa situación no escapará el régimen dictatorial, el cual inexorablemente marcha hacia su caída inevitable.
EL AUTOR es historiador, escritor y profesor de la Universidad Central de Venezuela, exdirigente del MIR y co-fundador de la Liga Socialista y formó parte de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral.
