Humberto González Briceño
La capacidad de coordinar equipos, restablecer servicios públicos y administrar recursos bajo presión, será el verdadero examen para el gobierno de Rodríguez
Hay tragedias que suspenden el debate político por unas horas. Ninguna consigue eliminarlo. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, han dejado centenares de muertos, casi un millar de heridos y un país paralizado por el dolor y la incertidumbre. La prioridad absoluta es rescatar sobrevivientes, atender a las víctimas y reconstruir lo destruido. Pero precisamente porque la emergencia es tan devastadora, también constituye una prueba política de primer orden.
Los desastres naturales no distinguen ideologías; sí ponen al descubierto la fortaleza o la fragilidad de las instituciones. La capacidad de coordinar equipos de rescate, restablecer servicios públicos, garantizar información confiable y administrar recursos bajo presión será, desde hoy, el verdadero examen para el gobierno de Delcy Rodríguez. Las primeras medidas —estado de emergencia, movilización del sistema sanitario y suspensión de actividades— eran inevitables. Lo decisivo vendrá después.
También será determinante la relación con la comunidad internacional. Las ofertas de asistencia de Estados Unidos, España y otros gobiernos ya están sobre la mesa. La historia aconseja prudencia. En diciembre de 1999, tras la tragedia de Vargas, Hugo Chávez rechazó inicialmente el despliegue de ayuda militar estadounidense, una decisión ampliamente cuestionada por haber limitado recursos disponibles durante los primeros días de la emergencia.
Las catástrofes no admiten orgullos geopolíticos. Cada hora perdida puede medirse en vidas.
La oposición enfrenta un desafío no menor. Participar activamente en la recuperación es un deber cívico y humano, pero deberá hacerlo evitando que cualquier gesto sea interpretado como propaganda en medio del duelo colectivo. En política, las percepciones suelen pesar tanto como las intenciones.
Quizá la mayor enseñanza de estas horas sea tan evidente como improbable: oficialismo y oposición tienen la oportunidad de construir un acuerdo estrictamente humanitario. No para resolver la crisis política venezolana, sino para impedir que ésta agrave una tragedia que ya es suficientemente cruel. Sería un pacto limitado, temporal y profundamente pragmático.
Sabemos que en Venezuela todo termina siendo política. Precisamente por eso, esta vez la política debería demostrar que todavía puede servir para algo más que administrar diferencias: salvar vidas y acelerar la reconstrucción de un país que, una vez más, ha sido sacudido desde sus cimientos.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
