Humberto González Briceño
Los edificios pueden levantarse otra vez, las carreteras también, lo verdaderamente difícil será reconstruir un Estado que lleva casi tres décadas derrumbándose mucho antes de que comenzara a temblar la tierra
Humberto González Briceño
Los terremotos no destruyen instituciones. Apenas revelan si existen. Cuando la tierra dejó de moverse en Venezuela, comenzó un movimiento mucho más inquietante: el de un aparato estatal incapaz de responder con orden, rapidez y eficacia a una emergencia nacional. La tragedia sísmica ha sido devastadora, pero el verdadero epicentro del desastre se encuentra en otro lugar: veintisiete años de demolición institucional.
Los primeros balances económicos son desoladores. Infraestructura colapsada, cadenas logísticas interrumpidas, pérdidas millonarias, sectores productivos paralizados y una reconstrucción que amenaza con prolongarse durante años. La economía venezolana, apenas en un frágil proceso de recuperación tras décadas de crisis, enfrenta ahora un golpe que compromete inversiones, empleo y crecimiento.
Sin embargo, reducir el problema al impacto de un fenómeno natural sería un error de diagnóstico. Los terremotos golpean con distinta intensidad según la fortaleza de las instituciones que reciben el impacto. Japón, Chile o Nueva Zelanda han demostrado que la diferencia entre una tragedia y una catástrofe prolongada reside menos en la magnitud del sismo que en la calidad del Estado.
En Venezuela ocurrió exactamente lo contrario.
Desde 1999, el chavismo emprendió una paciente, pero sistemática sustitución de las instituciones por estructuras de obediencia política. La profesionalización fue desplazada por la lealtad; la planificación por la propaganda; la meritocracia por el clientelismo. Ministerios, gobernaciones, empresas públicas y organismos de protección civil fueron creciendo en tamaño mientras disminuían en capacidad. Se multiplicó la burocracia al mismo ritmo que desaparecía la eficiencia.
El resultado está hoy a la vista. Una inmensa maquinaria administrativa, costosa y aparatosa, incapaz de coordinar operaciones básicas de rescate, distribuir recursos con rapidez o generar información confiable para orientar la toma de decisiones. Los reportes de los primeros días posteriores al desastre describen precisamente una respuesta lenta, descoordinada y dependiente, en buena medida, de la ayuda internacional y del esfuerzo espontáneo de voluntarios.
Las catástrofes naturales suelen tener una virtud involuntaria: eliminan las ficciones. Durante años se sostuvo que el Estado venezolano era omnipresente, poderoso y protector. Bastaron unos segundos de movimiento telúrico para comprobar que aquella fortaleza era, en gran medida, una escenografía.
No sorprende. Las instituciones no se improvisan en medio de una emergencia. Se construyen durante décadas mediante reglas estables, funcionarios competentes, presupuestos transparentes y mecanismos de coordinación. Todo aquello que fue considerado prescindible en nombre de la revolución termina convirtiéndose en indispensable cuando la naturaleza exige respuestas.
Ahora comienza el desafío más complejo: reconstruir carreteras, hospitales, puertos, viviendas, redes eléctricas y sistemas de transporte. Pero la reconstrucción física dependerá inevitablemente de otra mucho más profunda: la reconstrucción institucional.
Un país puede importar cemento, maquinaria o financiamiento internacional. Lo que no puede importar con la misma facilidad es capacidad estatal. Sin instituciones confiables, los recursos terminan diluyéndose entre la improvisación, la corrupción y el desorden administrativo. La historia latinoamericana ofrece abundantes ejemplos de reconstrucciones convertidas en oportunidades perdidas precisamente por esa razón.
La paradoja venezolana resulta dolorosamente evidente. El país necesita un Estado más eficiente, justo cuando dispone de uno extraordinariamente voluminoso pero extraordinariamente incapaz. No se trata de aumentar ministerios ni crear nuevas comisiones. Se trata de recuperar aquello que fue deliberadamente desmontado: instituciones que funcionen por encima de los intereses partidistas y servidores públicos seleccionados por competencia antes que por fidelidad.
Nada indica, sin embargo, que esa discusión ocupe hoy un lugar prioritario. La atención está concentrada —con razón— en atender la emergencia humanitaria y reparar los daños materiales. Pero si la reconstrucción se limita al concreto y al acero, el país habrá desperdiciado la única oportunidad que suelen ofrecer las grandes tragedias: corregir las causas profundas de su vulnerabilidad.
Porque los edificios pueden levantarse otra vez. Las carreteras también. Lo verdaderamente difícil será reconstruir un Estado que lleva casi tres décadas derrumbándose mucho antes de que comenzara a temblar la tierra.
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
