Omar Estacio
La entrega a los Estados Unidos del control de más de 65 millardos de barriles de reservas probadas de petróleo es inconstitucional, ilícita y fraudulenta. La selección de los nuevos magistrados dependerá de sus disposiciones a avalar los acuerdos petroleros anunciados por el señor Trump.
Omar Jesús Estacio
“Las casualidades, no existen y lo que se nos presenta como azar surge de las causas más profundas de determinadas circunstancias”. La frase del poeta y filósofo alemán, Friedrich Schiller se ajusta al actual drama compatriota.
No es pura casualidad, la aprobación, el día viernes 28 de agosto, en primera discusión por la espuria Asamblea Nacional de Venezuela de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, haya coincidido con el anuncio de ayer mismo, del presidente Donald J. Trump de la celebración de un acuerdo a todas luces, inconstitucional, ilícito, fraudulento, según el cual la República de Venezuela le ha entregado a los Estados Unidos de América “el control de más de 65 millardos de barriles de reservas probadas de petróleo”. O lo que es lo mismo,a la entrega de nuestras reservas petroleras por los próximos 100 años.
No deja de ser una extravagancia, nuestra, advertir que un acuerdo en tal sentido, en primer término, tendría que ser aprobado por el parlamento de Venezuela, cosa que sepamos, ni siquiera se ha planteado hasta la fecha (artículo 187, ordinal 9º de nuestra Constitución). Además, ni siquiera el no menos espurio Parlamento nacional electo en 2025, podría autorizar una cesión petrolera como la anunciada por Trump, porque el Estado venezolano “por razones de conveniencia nacional se reserva la actividad petrolera” (artículos 302 y 303 de esa misma Constitución). Pero en la RoboLución mal llamada “Bolivariana” la única ley, es que no hay ley ni Constitución. Mayormente, cuando se trata de saquear el Patrimonio Público de todos los venezolanos.
Cualquier estudiante de Derecho sabe que un acuerdo petrolero, como el anunciado por el presidente de EE. UU., sería nulo de toda nulidad por violar los preceptos antes referidos. Además, tanto la presidencia de la señora Delcy Rodríguez como la referida Asamblea Nacional, son en sí mismas ilegítimas así que sería cuestión que cualquier compatriota acudiese ante cualquier instancia judicial a pedir la nulidad del convenio en cuestión, amén, que el mismo estaría infestado por lo que los abogados denominan “vicios del consentimiento”. Sería cosa, nada más, se invocar las amenazas del propio Trump, en el sentido que si la señora Delcy Rodríguez no acata sus directrices “terminará peor que Nicolás Maduro” y lo único peor a estar en un calabozo es estar en el cementerio.
Casualidades de la vida, como advertíamos al comienzo, la referida reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, le vuelve a entregar a la Asamblea Nacional, controlada de manera absoluta por el oficialismo, la potestad ilimitada de designar a nuevos magistrados del mencionado tribunal. Para no darles muchas vueltas al asunto. Si la AN oficialista es quien nombra, a su solo saber y entender, a todos los integrantes del Comité de Postulaciones, no hay que ser muy zahorí para predecir que tales plazas serán cubiertas por sus amigotes, quienes a su vez postularán, a los amigotes de sus amigotes, esto es, afectos al gobierno ilegítimo presidido por la señora Delcy Rodríguez y aquí llegamos adonde no quisiéramos haber llegado: que la selección de los nuevos magistrados dependerá de sus disposiciones a avalar los acuerdos petroleros anunciados por el señor Trump.
Resulta elocuente, que la señora Dinorah Figuera, fementida representante de la oposición venezolana, designada también, de manera unilateral, arbitraria, caprichosa, por el dedote muy corrupto del presidente de EE. UU., no haya protestado ni por la celebración del referido acuerdo petrolero, ni por la aprobación en primera discusión de la referida modalidad de designar a los magistrados del TSJ.
Todos los venezolanos de bien, estamos en la obligación de repudiar la colusión, de la ilegítima presidenta encargada de Venezuela, con los intereses que representa el presidente de EE. UU.. así como denunciar, por igual, el silencio cómplice, hasta ahora, de la sedicente representante de la oposición venezolana, señora Dinorah Figuera.
¿Y María Corina Machado?
Quedarse callada ante tales atropellos sería su muerte política.
@omarestacio
EL AUTOR es abogado y periodista. Presidente emérito de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, en el exilio.
