Venezuela sin gobierno legítimo

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Existen dos gobiernos, uno extranjero que subordina a otro interino y ambos impiden la posibilidad de proclamar o de elegir la autoridad gubernamental legitima

Celiz Ramón Mendoza

La coyuntura política por la cual atraviesa actualmente el país, exige necesariamente, buscar un acuerdo integral, impostergable, donde participen todas las fracciones políticas, económicas y sociales de Venezuela, con el fin de diseñar una hoja de ruta que permita una sana convivencia, con respeto a las distintas formas de pensamientos e ideales de los venezolanos; para darle solución a la problemática producida por los últimos acontecimientos, generados desde el 3 de enero del presente año, por la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, puesto que actualmente, existe un paralelismo dentro del poder Ejecutivo, de dos gobiernos, donde uno extranjero, subordina a otro interino, con el agravante que ambos impiden la posibilidad de proclamar o de elegir la autoridad gubernamental legitima, imposibilidad ésta, producto de un acuerdo complaciente, con los demás poderes nacionales del Estado, al permitir, a espalda de la voluntad popular, el intervencionismo de un país extranjero, para dirigir el destino de los venezolanos, sin que estos puedan pronunciarse soberanamente, tal como lo señala nuestra Constitución; es como aceptar que quienes nos gobiernan no están capacitados para ello, y por otra parte, el pueblo venezolano tampoco está en su derecho de elegir democráticamente a un nuevo gobierno que permita un cambio político, para dar soluciones a nuestros propios problemas.

Este paralelismo del poder gubernamental, lejos de darle solución a esta coyuntura, por el contrario, la agrava aún más, puesto que, al no ser consultado el pueblo para expresarse, se convierte en una amenaza a la pérdida de nuestra soberanía, sin que haya otra alternativa, que acabe con ese esquema dual de gobernar, con el agravante que, por la actitud pasiva y complaciente de convivir bajo un gobierno de facto, impuesto por el intervencionismo, no se puede cumplir con el mandato de la Constitución, porque, en la práctica, es este gobierno interventor el que realmente dirige al país, y no los que supuestamente, fungen como nuestros gobernantes, los cuales, sólo reciben directrices para actuar conforme a los intereses del país interventor, prácticamente estamos colonizados, por cuanto no existe un gobierno legítimo, para dirigir nuestro propio destino; nuestra Constitución está siendo desconocida o suspendida, con la anuencia de quienes fungen como legítimos gobernantes y que además, pretenden prolongarse en el tiempo, en ese cuasi gobierno, hasta tanto lo decida el gobierno interventor. De tal manera que, hablar de una falta absoluta o transitoria ante esta realidad, es una falacia o fantasía.

Conviene retomar el origen de la problemática política por la que atraviesa el país, que en mi opinión se inicia desde el día del anuncio de la proclamación del candidato Nicolás Maduro como electo en el proceso electoral del 28 de julio del 2024, proclamación que está sometida a reparos y cuestionamientos al no cumplirse con una totalización ajustada a las normativas y procedimientos exigidos insoslayablemente para su validez, por cuánto al no publicarse las actas de escrutinios y los resultados de ese proceso como así lo establece el artículo 150 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), se puso en duda razonable esa proclamación.

De otra parte, el candidato Edmundo González, se atribuye el triunfo como candidato que se debió proclamar, por cuanto, afirma que del 80%de las actas que están en su poder dan un resultado abrumador con ventaja de 75% por encima del proclamado indebidamente. No obstante a ese triunfo, lo convirtieron con la anuencia de la Asamblea Nacional y del TSJ , en un prófugo de la Ley, como un perseguido de la justicia, que le impidió juramentarse como el supuesto ganador de ese proceso Electoral.

Ante ese acontecimiento, el ciudadano Nicolás Maduro, se erigió como Presidente Constitucional, y cualquier disidencia era considerada como terrorista, o invitación al odio, y en efecto, con ello se produjo un gran número de perseguidos y presos políticos. Para completar este resumen histórico, los Estados Unidos inicia una persecución de unos supuestos integrantes de un banda de narcotraficantes y terroristas que han traficando en ese país y que los denominan el Cartel de los Soles y que su mayor jefe es Nicolás Maduro, además considera que no fue el presidente electo, porque se robó las elecciones.

Por esa razón, el 3 de enero del presente año, fue apresado y quedando en el ejercicio de las funciones la vicepresidenta ejecutiva, cuyo interinato se venció por haberse agotado el plazo de su interinato provisorio, por el término de las dos prórrogas establecidas de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Ante ese escenario, para despejar la coyuntura política del país, ¿debemos proceder a ratificar en el cargo a quien le fue robado la elección o si por el contrario, debemos convocar a un nuevo proceso electoral?

En el primero de los casos, si a pesar del reconocimiento del opresor que Nicolás Maduro no era legítimo, como así lo consideró y, contradictoriamente ratifica en el cargo a la vicepresidenta en ejercicio de ese gobierno, sin importar que su interinato se cumplió como ya se indicó , el sentido común dicta una razón incuestionable, que lo ilegal no puede ser considerado como legal , puesto que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, que todos los actos realizados, las designaciones de cargos, los contratos, etc, tienen un origen ilegal y se pretende darle viso de legalidad. Y para aumentar aún más la coyuntura, el opresor ahora ya no le basta con la detención de Nicolás Maduro, si no que interviene en las funciones administrativas del Estado ratificando en el cargo a quien fue designada por el Presidente objeto de la invasión, como Vicepresidenta y le impone las condiciones a los venezolanos que se deben cumplir para convenir en una transición, por encima de nuestra soberanía, cuál sería el destino de nuestro país, donde participan dos Asambleas que pretenden erigirse para subrogarse en la voluntad popular o como representante de la Nación, para buscar un acuerdo político que permita darle una pronta salida a la referida coyuntura, todo en franca violación a nuestra Constitución, al derecho de protección internacional y del principio universalmente reconocido por la comunidad internacional de la auto determinación de los pueblos y de su respectiva soberanía.

REVOCAR LA PROCLAMACIÓN

Esta narrativa, obliga a concebir, unas de las contradicciones del opresor, puestoque si esa presidencia era ilegal y ya no lo es, entonces cuál es la razón de procurar un acuerdo para convocar a una nueva elección, con esa propuesta no estaría considerando implícitamente que Nicolás Maduro ganó las elecciones y no que se la robó. Lo más sensato, era exigir, o buscar un acuerdo para que se revoque la proclamación y se sumen todas las actas de escrutinios, se haga una nueva totalización y se proclame al que realmente resultó electo. Esa debería de ser el primer acuerdo de esa transición.

Desde una perspectiva que integra el análisis político y la técnica legal, la postura de sectores o actores que habiendo reconocido los resultados atribuidos a Edmundo González Urrutia plantean o aceptan la convocatoria a una nueva elección presidencial en Venezuela entraña profundas contradicciones formales, principistas y estratégicas.

De otra parte la contradicciones de la oposición que defendió la elección de Edmundo González, cuando lejos de enfocar como petición primaria y primordial, es que se proclame como candidato electo al referido candidato, por el contrario, considera como fundamental es que se acuerde se convoque a unas nuevas elección presidencial, si así es el caso, entonces estarían considerando que efectivamente el ganador de ese proceso fue Nicolás Maduro y como ya no puede ejercer el cargo por motivo de su detención, se justifica una nueva convocatoria, sin importar que lo ocurrido el 28 de julio no fue válida la elección de su candidato; con el agravante que “admitir la anulación del proceso implicaría desconocer un hecho jurídico consumado y el mandato ejercido por los electores”

LA INCERTIDUMBRE

En consecuencia, mientras tanto esta situación no se defina, se acrecienta más la coyuntura como tema central de esta diatriba. Ante esta situación, nos encontramos que la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos impedidos para buscar una salida que le ponga fin a esta incertidumbre, producto de la intransigencia de los que se creen dueños del país, haciendo caso omiso al principio de soberanía, como manifiesto insoslayable de nuestra Constitución, la cual establece en su artículo quinto, que “la soberanía reside en el pueblo y este la ejerce mediante el sufragio».

Por último, conviene dejar de un lado las diatribas que impiden lograr un acuerdo nacional, en el cual se dejen los intereses políticos y personales, que en mi opinión, son los que, en gran medida, prelan y obstaculizan la posibilidad de llegar a un acuerdo que permita lograr una salida a la coyuntura planteada, y se pueda lograr una transición armoniosa, equilibrada y apropiada, en beneficio de nuestro sistema democrático, como pilar fundamental de un estado de derecho como así, efectivamente, se encuentra establecido en nuestra Constitución y en las leyes.