Humberto González Briceño
La infraestructura estatal, el control territorial y los hilos burocráticos siguen bajo el dominio del mismo ecosistema gobernante, hoy encabezado por la interina Rodríguez
Humberto González Briceño
La ilusión de un cambio quirúrgico y expedito en Venezuela vuelve a chocar contra el muro de la complejidad institucional y fáctica. El plan de tres fases anunciado por el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio—estructurado en (1) estabilización, (2) recuperación económica junto a reconciliación política, y (3) transición democrática definitiva—se encuentra actualmente atascado entre una precaria primera fase y los tropiezos de la segunda.
Aunque la intervención de enero de 2026 removió la cúspide del chavismo, la infraestructura estatal, el control territorial y los hilos burocráticos siguen bajo el dominio del mismo ecosistema gobernante, hoy encabezado por la administración interina de Delcy Rodríguez. La terca realidad nos demuestra que estabilizar el país e imponer las condiciones que Washington exige sobre el papel requiere mucho más que decretos y control de la renta petrolera.
El camino hacia unas elecciones libres y verificables es considerablemente largo y plagado de incertidumbres técnicas y legales. Públicamente, el propio Rubio reconoció ante el Congreso de os EEUU que es imposible fijar una «fecha cierta» para los comicios hasta que no existan bases institucionales mínimas, tales como un arbitraje electoral independiente, libertad de prensa y partidos legalizados.
Para completar las fases pendientes de recuperación de la sociedad civil y transición, la diplomacia y los analistas estiman un horizonte temporal que fácilmente demandará varios años de reconstrucción interna, dilatados aún más por imprevistos trágicos como los recientes terremotos de junio que paralizaron agendas institucionales clave.
Bajo esta coyuntura, la idea de que las elecciones presidenciales terminen celebrándose en el año 2030—fecha en la que constitucionalmente corresponden según el ordenamiento chavista vigente—cobra un realismo incontestable. El entramado legal heredado no se desmontará de la noche a la mañana, y el gobierno de Rodríguez utilizará cada tecnicismo a su favor para dilatar los plazos mientras cohabita bajo la presión económica de los Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de que el horizonte electoral formal apunte teóricamente hacia el 2030, en la práctica ya hay una campaña electoral en curso en Venezuela. Los tableros políticos se mueven con prisa y los aspirantes empiezan a perfilarse de manera evidente:
Delcy Rodríguez: Como figura central del gobierno interino, busca consolidar la continuidad del proyecto político con un barniz de pragmatismo económico y reconocimiento externo.
Enrique Márquez: Apuesta a posicionarse como un factor de moderación y puente institucional viable para una transición pactada.
Henrique Capriles Radonski: Intenta reavivar sus bases tradicionales apelando a su experiencia y capital político acumulado dentro de la oposición institucional.
María Corina Machado: Se mantiene como la fuerza de arrastre popular más desafiante, aunque por los momentos se encuentra impedida de regresar al país. Su habilitación plena y retorno seguro serán, inevitablemente, objeto de complejas negociaciones bilaterales futuras entre la Casa Blanca y el gobierno de Rodríguez.
Nos encontramos ante un proceso político sumamente lento, un largo camino plagado de vacíos legales y transacciones a puerta cerrada. Una vez más, la política venezolana demuestra que no hay garantías de que las urgencias escritas sobre el papel por los planificadores de turno logren acomodarse con facilidad a la terca y compleja realidad del terreno.-
EL AUTOR es abogado y analista político con maestría en Negociación y Conflicto en California State University
