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Son varios los filtros de la selección de los magistrados que dependen exclusivamente de la aprobación del oficialismo
Edgard Simón Rodríguez
Hoy 9 de octubre el Departamento de Estado a través de la oficina del portavoz publicó en su página web un importante documento titulado: _“Las conversaciones de reconciliación logran avances concretos para la transición democrática de Venezuela”._ Haciendo abstracción de los avances en el camino trazado, los cuáles celebramos sin duda, como abogado (litigante en Venezuela durante varios años), me llama la atención algunos aspectos del contenido del Comunicado, que pienso son producto de alguna errada fuente de información que hace concluir imprecisiones sobre la garantía de independencia que podemos esperar del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, si no se ataja a tiempo en el proceso quiénes filtran la lista de los candidatos a magistrados.
En el texto de dicho comunicado se lee: _“Tras las conversaciones, la Asamblea Nacional de 2026 promulgó una ley que reforma el proceso de selección del Tribunal Supremo, con la designación de 32 nuevos magistrados antes de diciembre. El Tribunal Supremo será el encargado de dirimir cualquier impugnación a los resultados de las futuras elecciones venezolanas, lo que subraya la importancia de un proceso de selección creíble._
Las conversaciones dieron lugar a la creación de un Consejo de Credenciales de siete miembros, un organismo sin precedentes integrado exclusivamente por jueces, que evaluará a los candidatos y enviará únicamente a los juristas cualificados al Comité de Nombramientos Judiciales. Cabe destacar que la Asamblea Nacional de 2015 eligió a la mayoría de los miembros del Consejo.”
Podemos decir al respecto, que en efecto el Consejo de Credenciales no tiene precedente porque ciertamente no está contemplado en la Ley. El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los Postulados al TSJ, integrado por siete juristas, tiene como función diseñar el baremo de evaluación que utilizará el Comité de Postulaciones Judiciales y revisar las credenciales de los aspirantes. Este Consejo de Revisión funciona como una instancia asesora paralela al Comité de Postulaciones Judiciales. Pero hasta ahora, no se ha determinado qué tan vinculantes son sus decisiones ante el Comité de Postulaciones. Así que, destacar que la AN del 2015 eligió la mayoría de los miembros de los siete colegas que componen el Consejo, como garantía de equilibrio en las fuerzas que lo componen, es hasta ahora relativo desde ese punto de vista, pero más aún, en miras al proceso que le sigue, tal como lo indiqué en mi último artículo sobre la posibilidad de tener listo el nuevo TSJ en el mes de noviembre.
De seguidas leemos en el Comunicado: _“…El Comité de Nombramientos Judiciales, integrado por 11 miembros actuales de la Asamblea Nacional y 12 miembros de la sociedad civil, elegirá a los 32 candidatos de la lista aprobada por el Consejo de Credenciales…”._ Me pregunto quién ha omitido informar al Departamento de Estado que la última Reforma Parcial que hizo la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez de la LOTSJ (Gaceta Oficial 7.074, Extraordinario, del 15 de septiembre de 2026), que modificó el artículo 65 para incluir diputados en la Comisión de Postulaciones, viola lo dispuesto en el artículo 270 constitucional que establece que el Comité de Postulaciones debe estar integrado por miembros de la sociedad civil, no por diputados que forman parte de uno de los Poderes Públicos, y por lo tanto, no son parte de la sociedad civil ya que representan además a factores políticos concretos.
Por otra parte, en la sección citada del Comunicado del Departamento de Estado referido al nuevo Tribunal Supremo de Justicia que se está gestando, sabemos que con buena fe el Departamento de Estado afirma: _“Este proceso de selección aumenta la transparencia y consagra garantías para asegurar que los nuevos jueces estén cualificados y no estén vinculados al régimen de Maduro.”
Ahora bien, ¿Es posible que la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez le garantice eso al gobierno de los Estados Unidos, cuando son varios los filtros de la selección de los magistrados que dependen exclusivamente de la aprobación del oficialismo? ¿No sólo en el Poder Legislativo sino también en el Poder Ciudadano?
En efecto, se lee en el artículo 65 de la Reforma Parcial de la LOTSJ: _“… A tal efecto, la Asamblea Nacional nombrará la Comisión Preliminar integrada por las once (11) Diputadas o Diputados, la cual deberá realizar una convocatoria de las postuladas y postulados de la sociedad, que será objeto de amplia divulgación por todos los medios disponibles, incluyendo su publicación en la página web y redes sociales de la Asamblea Nacional y, por lo menos, tres (3) veces en tres (3) diarios de circulación nacional._
La Comisión Preliminar se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la plenaria de la Asamblea Nacional, mediante un proceso público y transparente, las postuladas o postulados por los diferentes sectores de la sociedad para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales…”._ Es decir, la comisión preliminar de los 11 diputados de la AN de Jorge Rodríguez, no sólo realizará la convocatoria de los miembros de la sociedad civil, sino también se encargará de recibir, preseleccionar y remitir a la AN de Jorge Rodríguez.
Finalmente se dispone en el artículo 74 de la precitada ley lo siguiente: “Artículo 74. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de los diez días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité de Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección que será presentada a la Asamblea Nacional, con el propósito de que realice la selección definitiva dentro de los cinco días continuos siguientes a la recepción de la documentación que sea enviada por el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.”
¿Podemos entonces hablar de garantías para asegurar que los nuevos jueces estén cualificados y no estén vinculados al régimen de Maduro…?
Miami, 9 de octubre de 2026.
