CELIZ RAMON MENDOZA
La Mesa de Transición se resiste a darle prioridad a la elección presidencial. Las ejecuciones de las normativas constitucionales tienen carácter imperativo y no depende de acuerdos políticos ni negociaciones de oportunidad.
Celiz Ramón Mendoza
Todo proceso electoral, cualquiera sea su naturaleza, se deben cumplir con un conjunto de etapas ineludibles y debidamente motivadas, consolidadas formalmente en un Cronograma Electoral. Dichos actos deben ajustarse de manera estricta al bloque constitucional y de legalidad aplicable para brindar a la ciudadanía la certeza requerida para el ejercicio de su soberanía popular, el cual se manifiesta mediante el derecho al sufragio, en sus acepciones activa y pasiva, y que constituye la columna vertebral de un sistema democrático, participativo, representativo y alternativo (Artículos 63 y 70 CRBV).
Para garantizar la pureza del evento comicial, el órgano arbitral debe actuar investido de total independencia y autonomía institucional (Artículo 293 CRBV). Por su parte, las organizaciones con fines políticos y sus candidaturas están sujetas a un deber de actuación cívica, desprovisto de ventajas indebidas, a fin de preservar los principios rectores de transparencia, imparcialidad, celeridad y eficacia. El presente escrito examina sistemáticamente las consecuencias del incumplimiento por no ejecutar primordialmente con carácter obligatorio e impostergable la aplicación de los artículos 233 y 234 de la CRBV.
APRECIACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
Por motivo de la ausencia definitiva del Nicolás Maduro en la Presidencia, como ya se ha explicado en otros medios, se debe convocar como una consecuencia obligante, de ipso facto a elecciones, y no obstante a este mandato constitucional, por el contrario, hasta los momentos actuales, estamos ante una incertidumbre para el cumplimiento de esta obligación, así se destaca de la actitud de los integrantes que conforman la Mesa de Transición, quienes se resisten a darle prioridad en el ámbito de los acuerdos para cumplir con su deber ciudadano como es la consecuencia obligante del cumplimiento para ejecutar los artículos 233 y 234 de la Constitución. En materia del derecho constitucional es preciso advertir: La ejecución de las normativas constitucionales tienen carácter imperativo, no depende de acuerdos políticos ni negociaciones de oportunidad; su cumplimiento es obligatorio e inmediato, tal cual se desprende del contenido y alcance de sus efectos.
Esta afirmación, se confirma fehacientemente, al observar : la notoria omisión legislativa de la Asamblea Nacional y de la inercia institucional del TSJ, y ahora con la pasividad de la Mesa de Transición, para pronunciarse al respecto, cuyos actores ni siquiera promueven como tema a tratar formalmente como mínimo el tema de la falta absoluta y desde luego para la convocatoria de elecciones correspondientes, por el contrario, se hacen de la vista ciega y del oído sordo para abordar ese tema y así , se observa notoriamente por el comportamiento silencioso de sus integrantes, y para corroborar este incumplimiento, recientemente, el miembro principal de la Asamblea Nacional del 2025 y como representante ante esa Mesa , declaró en una entrevista: “Que ciertamente sí habrá elecciones de Gobernadores, Alcaldes, Parlamentarios y de Presidente, todos en el tiempo establecido en la Constitución,” es decir, que los referidos cargos de elección popular, se harán efectivos al vencimiento de los períodos constitucionales respectivamente.
Esta postura reduce los artículos 233 y 234 a letra muerta y despoja de toda justificación de existencia a la Mesa de Transición. Al validar tácitamente tal diferimiento mediante el silencio, dicha instancia traiciona su finalidad primordial que no es otra que: en virtud, de la falta definitiva indiscutible del Presidente, se debe coadyuvar en la convocatoria inmediata e inexcusable a la elección presidencial, previa designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) legítimo y transparente; con ello, se insiste que no se justifica la existencia de la Mesa de Transición, es decir, ya no se requiere de su permanencia para la cual fue constituida, puesto que con su silencio a esa declaración , estaría convalidando esa manifestación u opinión adelantada y por consiguiente dejando de un lado la agenda inicial y primordial y su única finalidad fundamental como era la de convocar a la elección presidencial como expresamente lo establecen los artículos 233 y 234, desde luego, conjuntamente con la designación del nuevo CNE para llevar a cabo dicho proceso electoral.
Cualquier elección distinta a la Presidencia que se haga, carece de toda legalidad, así como cualquier acuerdo que se pretenda efectuar distintos a la ejecución de estas dos normativas constitucionales (233 y 234), debe ser considerado como inconstitucional, puesto que su no ejecución primordial como argumento excusable se debe considerar como desacato al mandato constitucional, y todo lo que se acuerde previo a esa obligación, se debe considerar nulo de toda nulidad.
Ante esa eventualidad de no ejecutar dicha convocatoria a elección presidencial como tema principal, tal cual lo exigen las indicadas normas, sería convocar extemporáneamente a ese proceso y al no realizarlo oportunamente como lo establecen los referidos artículos constitucionales, nos llevaría a la triste realidad de la posibilidad de ir a un proceso electoral deficiente, y carente de credibilidad e improvisado, y desde luego, fomentando los niveles de abstencionismo, para seguir con el gobierno de turno y con un CNE designado como traje a su medida.
Al supeditar la convocatoria presidencial a una «Mesa de Transición», para gobernadores/alcaldes/parlamentarios, la AN y la Mesa incurren en omisión inconstitucional deliberada y desvían el fin supremo tutelado por la Constitución.
La falta de convocatoria inmediata retroalimenta directamente el fenómeno abstencionista: si la ciudadanía percibe que las reglas del juego constitucional son negociables o ignoradas por los propios actores de la mesa de negociación, la confianza en el proceso electoral se destruye antes de que comience el cronograma.
A todo evento, y si en el supuesto cierto que llegaren a rectificar acordar cumplir con su obligación de ejecutar con el carácter primordial la convocatoria a elecciones oportunamente como lo disponen los artículos 233 y 234 constitucional, el nuevo CNE debe tratar de impedir que las irregularidades que históricamente se han cometido y que por ser tan extensas se deberán indicar en otro capítulo para que no se siga generando el flagelo de la abstención, cuyo tema será desarrollado en una próxima entrega.
EL AUTOR es abogado, experto en materia electoral, exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y miembro del Voluntariado Técnico Electoral (Vote).
