Pablo Castro (CTV y Fadess): “Es lamentable y asombroso el progresivo empobrecimiento de los trabajadores”
Carlos Díaz
“El gobierno pulverizó el salario con una inflación que se salió de control”, señaló Pablo Castro, dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) en entrevista con La Razón.
“Es lamentable y asombroso el progresivo empobrecimiento que sufren hoy los trabajadores”, agregó.
“El alto gasto interno llevó al Ejecutivo la emisión de dinero inorgánico, además, se contrajo el aparato productivo y ello ha afectado la creación de fuentes de empleo. Es una situación perversa que perjudica al mundo laboral y la calidad de vida del trabajador y la familia venezolana”, resaltó.
Destacó la necesidad de implementar medidas que rectifiquen los errores del gobierno en materia económica y generen confianza para producir alimentos, medicinas y bienes. “Hay que revertir las políticas equivocadas de estos quince años y, de esa manera, tomar el camino de la recuperación del poder adquisitivo”, dijo.
Castro indicó que en este marco los incrementos del salario mínimo han terminado siendo insuficientes. “Casi el 80 % de la población laboral activa percibe apenas salario mínimo. El resto no tiene empleo y, por supuesto, en este sector es mucho mayor el impacto de la inflación –que ya se ubica este año en 70 %-”, afirmó.
Crisis en asistencia de salud
El dirigente sindical dijo que el gobierno debe dialogar con los diversos sectores productivos y dejar de imponer su visión de país porque se demostró que ha fracasado. “Es necesario aplicar el Artículo 91 de la Constitución para adecuar el salario mínimo al costo de la canasta alimentaria, vivienda, educación y recreación. Hoy el salario mínimo no cubre ni el 25 % de los alimentos”, resaltó.
¿Cómo ha desmejorado la calidad de vida de los trabajadores?, ¿cómo ha sido afectado el acceso a los alimentos y medicinas?
Solo basta ver las inmensas colas que se hacen en los supermercados y locales para comprar alimentos y medicinas en donde, además, están los controles ineficientes que ha impuesto el gobierno sobre los precios y el acceso a los productos. Allí está, por ejemplo, el registro que implementó para restringir la compra de medicamentos y la cual se decidió en medio de una crisis severa que afronta la industria farmacéutica nacional debido de la dificultad para obtener divisas e insumos.
¿El gobierno le garantiza a los trabajadores acceso a un sistema de salud pública eficiente?
Es evidente la crisis que hay en los hospitales, la carencia de medicamentos y también de profesionales en áreas fundamentales de la salud. Los trabajadores que padecen cáncer, sida y otras enfermedades muy graves no cuentan con los medicamentos que requieren para su tratamiento. Esto demuestra el nivel de deterioro del sistema público de salud y del sistema de seguridad social. El gobierno, aunque tiene mayoría en la Asamblea Nacional, no se ocupa en discutir esta materia a pesar de su discurso supuestamente socialista.
Se han perdido miles de empleos
Señaló que más del 60 % del sistema paralelo de salud, que ha creado el gobierno con Barrio Adentro y los CDI, no está funcionando. “Esta es una dificultad adicional que deben enfrentar los trabajadores. Si un trabajador no puede comprar un medicamento necesario para su salud porque es muy costoso lo más probable entonces es que muera. Porque, además, el IVSS no tiene la capacidad de suministrarle las medicinas ni mucho menos a sus afiliados. El Ministerio de Educación, por ejemplo, les debe a las clínicas que prestan servicio a sus trabajadores, es decir, que todos ellos se encuentran desprotegidos en este momento ante cualquier necesidad de atención médica”, indicó.
¿Los trabajadores tienen que bachaquear para llevar comida a su casa?
El bachaqueo es producto de los controles del gobierno, baja producción y ausencia de políticas dirigidas a generar los bienes suficientes. Los trabajadores informales, por ejemplo, venden los productos de primera necesidad. Es importante que se revisen los mecanismos de distribución de alimentos y los cuales son decididos por las autoridades del gobierno. Asimismo, se debe investigar quiénes son los que desvían los camiones de alimentos para luego venderlos en el mercado paralelo y en el extranjero. Es también el caso de la gasolina y la cual ha sido convertida en un gran negocio. Todo esto ocurre en un marco de impunidad y con la actuación de mafias que se enriquecen con el sufrimiento del país.
¿Cuántos empleos se han perdido en medio de la dificultad de las empresas para obtener divisas?
El gobierno no ofrece estadísticas oficiales al respecto, sin embargo, nos guiamos por la realidad cuando observamos cómo las empresas reducen su personal, cuando no reinician sus operaciones luego de las vacaciones colectivas, o cuando simplemente cierran la Santamaría. Todo esto tiene su origen en la dificultad para acceder a las divisas y para conseguir o adquirir la materia prima. El desempleo que se ha generado por esta situación es grave. Cuando recorremos la industria automotriz o visitamos prestadoras de servicio tales como talleres mecánicos, restaurantes y farmacias podemos observar que ha disminuido su producción y, por tanto, su personal. Se han perdido centenares de miles de empleo durante estos últimos años.
100 sindicalistas bajo juicio
¿Cuáles son los contratos colectivos del sector público que esperan por su discusión?
Hay más de trescientos contratos colectivos del sector público que están pendientes por ser discutidos. Algunas convenciones no se discuten desde hace más de diez años y que podrían beneficiar a miles de trabajadores de alcaldías, gobernaciones, institutos y empresas del Estado. El año pasado el gobierno prometió el inicio de la discusión del contrato marco pero ya estamos en junio y todavía no se ha comenzado ese proceso. Recordemos que esto lo anunció el Presidente de la República y para ello designó una comisión pero, en realidad, solo fue para quedar bien ante la misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó a Venezuela. Por otro lado, en la discusión de la convención colectiva del sector educación el gobierno impuso sus condiciones; en el Metro hubo desmejoras con el contrato que presentó el gobierno; y en Corpoelec el contrato tiene dos años vencidos al igual que en las empresas básicas de Guayana. Son, además, contratos cuyos beneficios laborales han quedado pulverizados bajo la realidad inflacionaria y económica del país.
¿Hay persecución política contra trabajadores y dirigentes sindicales que disienten del gobierno?
Una de las principales denuncias que se realizaron en la reciente convención de la OIT en Ginebra fue precisamente la criminalización de la protesta y el acoso jurídico del Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional Electoral en contra del movimiento sindical. Estos organismos están violando el ejercicio de la libertad sindical y la autonomía del movimiento de los trabajadores. Además, hay más de cien dirigentes sindicales que tienen régimen de presentación en los tribunales y otros –que son de empresas de Carabobo, Sidor y Ferrominera- que se encuentran detenidos esperando juicio solo por haber protestado o reclamado respeto a sus derechos. De igual manera, el sicariato contra dirigentes sindicales se ha extendido en el país sin que el gobierno haga nada al respecto; Fadess realizó una denuncia en la Fiscalía y hasta ahora no ha habido respuesta.
Gobierno pulverizó ahorros
¿Cuál es la situación de los trabajadores de las empresas que han sido recuperadas por el Estado venezolano en los recientes años?
Bueno, los trabajadores del sector cementero se encuentran en una situación lamentable. Estas eran empresas privadas –algunas multinacionales- que resultaban eficientes. Allí los trabajadores discutían su convención colectiva y lograban mejoras laborales y el país se autoabastecía de cemento. Sin embargo, desde que fueron estatizadas la situación para los trabajadores y esas empresas cambió para mal. El gobierno prometió entregar la dirección a los trabajadores mediante los consejos obreros y hasta ahora allí solo mandan los militares. Asimismo, las condiciones socioeconómicas de los trabajadores fueron desmejoradas: desde hace cuatro años allí no se discute ningún contrato colectivo, por el contrario, ha habido persecución contra los dirigentes sindicales de la planta de Barquisimeto quienes tienen calificación de despido, les han allanado sus viviendas y no les permiten el acceso a las instalaciones de la empresa. Por su parte, los trabajadores de Agropatria en Turmero, Aragua, no tienen contrato colectivo, allí han despedido a trabajadoras embarazadas y no ha habido respuesta del Ministerio del Trabajo.
¿Qué pasó con la promesa del Presidente Maduro de crear un Banco de los Trabajadores?, ¿se han consultado a los trabajadores sobre este tema?
Desde que fue anunciada esa propuesta por Maduro nos opusimos a la creación de este banco y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de trabajadores de la administración pública. Si alguien es mala paga y mal administrador de los bienes ajenos es, precisamente, el gobierno. Y así lo demostró en estos quince años cuando no supo administrar los inmensos recursos por concepto de los altos precios del petróleo. El gobierno, además, tiene una deuda casi incalculable con las prestaciones y fideicomisos de los trabajadores. Deben ser sincerados los pasivos laborales y darse una recomposición de esas prestaciones sociales porque la inflación del 70 % ya se las comió, las volvió sal y agua. Por ejemplo, una maestra que se jubila del Ministerio de Educación -luego de 35 años de servicio- recibe apenas 200 mil bolívares de prestaciones sociales, que no se los pagan completo y que no le alcanza ni para comprar una bicicleta. El gobierno pulverizó las prestaciones sociales y los ahorros de los trabajadores venezolanos.
Recursos despilfarrados
¿Los trabajadores venezolanos cuentan con un sistema de seguridad social adecuado y eficiente?
Los trabajadores no cuentan con un sistema integrado de seguridad social, ni un sistema único nacional de salud que les garantice asistencia médica, hospitalaria y farmacéutica. El gobierno en lugar de haber despilfarrado los inmensos recursos que ingresaron al país durante estos años debió encargarse de fortalecer el sistema formal de salud y no el paralelo. La Asamblea Nacional, que no hace su trabajo de legislar, debió aprobar hace mucho tiempo la creación del sistema nacional único e integrado de salud pública.
