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La tasa de homicidios de Venezuela alcanzó la cifra histórica de 90 por cada 100 mil habitantes, según informe del OVV
Redacción La Razón
Los investigadores de las siete universidades nacionales, públicas y privadas, que integran el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) estiman en su Informe 2015, publicado este lunes, que Venezuela cerrará el año 2015 con 27.875 muertes violentas y una tasa de 90 fallecidos por cada cien mil habitantes.
Esta tasa pudiera colocar a Venezuela como el país más violento de América, luego de conocer las cifras de Honduras y El Salvador. El año pasado Honduras se encontraba en ese primer lugar. Sin embargo ha tenido un descenso importante en el número de homicidios. El caso de El Salvador es similar al venezolano, pues ha sufrido un incremento importante en la tasa de asesinatos, que lo pudiera colocar con una tasa igual o superior a la de Venezuela.
A excepción de Venezuela y El Salvador, la tendencia de toda la región ha sido a la estabilidad o disminución en el número de homicidios. Brasil mantiene estable su tasa, aunque varía en la distribución territorial la violencia, disminuyendo en el sur e incrementándose en el nordeste. Colombia ha tenido unas reducciones sostenidas por una década y con una disminución histórica en las ciudades importantes del país. México disminuye los homicidios, luego de unos años de incremento a partir de 2008, y mantiene grandes diferencias territoriales, con ciudades muy seguras al sur y muy peligrosas al norte.
Esas variaciones permiten al OVV estimar que para fines del año 2015 se habrán cometido en América Latina y el Caribe un total de 145.000 homicidios, de los que Venezuela aporta 19%. Es decir, que uno de cada cinco homicidios que se cometen en la región lo padece un venezolano.
De cada diez víctimas de homicidios de la región, dos son venezolanos, tres son brasileños, uno es colombiano y otro mexicano; y los tres restantes se dividen entre todos los demás 40 países y unidades político-territoriales del subcontinente que registra la Organización de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen por sus siglas en inglés.
Ausencia y exceso del Estado
A juicio de la ONG, el incremento de la violencia en el año 2015 ha acompañado el deterioro general de las condiciones de vida de la población venezolana: el empobrecimiento, la escasez, la inflación, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y asalariados, la disminución de la disponibilidad y variedad de alimentos y medicamentos, la debilidad creciente de los servicios de salud y educación, el incremento del miedo y la pérdida del espacio público.
La violencia se ha incrementado en el país por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes; en exceso por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al incremento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales.
Seis factores explican para el OVV el incremento de la violencia en Venezuela en el país este año, según el mismo informe:
- Mayor presencia del delito organizado. Si bien la organización del crimen puede, en un momento dado, hacer disminuir la violencia para favorecer sus negocios, ése no es el caso de Venezuela, donde las mafias y bandas criminales han seguido utilizando la violencia como herramienta para sustentar el incremento del control territorial y las actividades del tráfico de drogas, secuestro y extorsión de comerciantes y empresarios.
- Más deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios continúan siendo víctimas de la violencia. Cada semana mueren varios policías, sea en cumplimiento de sus funciones o como víctimas privadas, y a pesar del sacrificio de muchos policías honestos, los funcionarios no sienten que cuentan con el apoyo de sus superiores o de la sociedad, y perciben, además, que el futuro de sus ascensos y promociones están cada vez más politizados y dependen menos de su desempeño profesional. Estos factores, aunados al importante deterioro salarial que vive la sociedad, ha llevado a la renuncia o la pasividad de muchos funcionarios.
- Incremento de las respuestas privadas a la seguridad y la justicia. Con la privatización de la seguridad que se ha vivido en el país y ante la ausencia de castigo a los criminales, se procede a ejercerla por cuenta propia. Esto aplica, según el OVV, tanto a los ciudadanos que ejecutan linchamientos o contratan sicarios, como a los propios funcionarios policiales o militares, quienes han respondido con las ejecuciones extrajudiciales.
- Militarización represiva de la seguridad, tanto en sus posiciones de mando como en el tipo de acción emprendida. Las consecuencias de las llamadas OLP no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento.
- Empobrecimiento de la sociedad, acompañado de la impunidad generalizada, ha significado un estímulo a diversas formas de delito, no necesariamente violentos, pero que abonan el terreno de los comportamientos transgresores de la norma social y la ley que luego serán causa de violencia.
- La destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito. La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas.
De acuerdo al balance que hace la ONG sobre el año 2015, no se trata de factores nuevos y se puede argumentar que existen también en otros países de la región. Sin embargo, explican que «la magnitud del deterioro que han alcanzado en Venezuela en estos años es tan grande, que quizá explique por qué una sociedad que fue modelo de progreso social y convivencia pacífica, al finalizar el año 2015 sufra de las más altas tasas de criminalidad del mundo».
Falta de información oficial
En el mismo documento, el OVV destaca que los venezolanos enfrentan una ausencia total de información oficial sobre las cifras de homicidios proporcionadas por los organismos competentes del poder ejecutivo y judicial.
Los integrantes del organismo manifiestan sentirse obligados con el país de proporcionar información alternativa con las herramientas y metodologías científicas disponibles: estudios, encuestas, estimaciones, para cubrir el vacío que ha dejado la información oficial.
Como en oportunidades anteriores el OVV ha tenido que recurrir a la modelación estadística de tres series históricas: Homicidios, Casos de Resistencia a la Autoridad y las Averiguaciones de Muertes. Los datos son los casos conocidos por la antigua PTJ y el actual CICPC, y compilados por estas instituciones anualmente. Las series que disponemos abarcan datos desde 1990 hasta el año 2013 para las muertes violentas, tal como lo señalan en el informe.
El concepto de muertes violentas usado para la estimación realizada fue definido por la ONG como la suma de las muertes ocurridas bajo cada una de las tres categorías anteriores: homicidios legales, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad.
«Para los cálculos de este año, se tomaron en consideración para su inclusión como muertes violentas el 100% de los casos establecidos como homicidios, el 60% de los casos establecidos como averiguación de muerte y el 95% de los casos de resistencia a la autoridad», explica el informe y destaca que consideran que la respuesta de la acción policial-militar el año 2015 fue particularmente violenta, «tanto en las acciones aisladas como con las realizadas en el contexto de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), y que la gran mayoría de esos casos eran muertes violentas resultado de acciones legales o ilegales».
