Venezuela exige justicia por la vida de los mineros asesinados tan brutalmente en Tumeremo, Guasipati y otras zonas mineras del sur de Guayana
Manuel Isidro Molina
El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quedó seriamente comprometido al negar la matanza de mineros ocurrida en la zona de Tumeremo, la semana pasada. Su práctica ha sido siempre negar y ocultar los recurrentes asesinatos de mineros en el sur de Guayana, especialmente en la zona del oro, donde el alcalde de Guasipati (municipio Roscio), José Alejandro Martínez, ha sido denunciado como brazo ejecutor de las estrategias que el general retirado (Ej) y dirigente del Psuv, despliega desde su despacho en Ciudad Bolívar. Ambos funcionarios deben ser investigados por la Fiscalía del Ministerio Público y la Asamblea Nacional.
El 20 de diciembre de 2014, luego de una gira de trabajo durante tres días, apoyado por fuentes confidenciales de la zona, denuncié en esta columna la grave situación existente bajo dominio de las mafias nacionales y extranjeras con ramificaciones en personeros civiles y militares de las instituciones regionales y nacionales.
“Aquí manda el hampa” fue el título de esa primera entrega publicada hace ya casi quince meses en la página 7 de “La Razón”, difundida en mi blog manuelisidroxxi.blogspot.com y otros portales informativos y de opinión que habitualmente la reproducen con mi autorización. Nada ocurrió, salvo grotescas amenazas en mi contra, desde Guasipati, si regresaba a la región.
En mi denuncia, relaté lo siguiente:
“El gobernador Francisco Rangel Gómez es asociado al fracaso por el incremento del agresivo clima mafioso que oprime al pueblo en el estado Bolívar, fenómeno que involucra a guerrilleros y paramilitares colombianos, narcotraficantes y bandas de atracadores, secuestradores y extorsionadores asociados con corrompidos agentes de la policía regional, el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército y el Sebin, protuberantemente en las zonas mineras del oro, el diamante y otras piedras valiosas como el coltan, llamado ‘oro azul’ por su creciente valor internacional”.
“La pasada noche de miércoles a jueves, fue asesinado junto con su esposa, en la cama, el reconocido dirigente minero Pedro Fabio Arzola en su casa de El Callao. ‘Los masacraron a plomo’”.
Esos dos párrafos concentran la tragedia, que desde al menos 2006 viene golpeando la dignidad humana ante el más insultante silencio de las autoridades regionales y nacionales. Ahora, nos golpea la matanza de Tumeremo, nos insulta, pisotea nuestro gentilicio.
Afortunadamente, en esta oportunidad, el pueblo reaccionó y tomó las calles, trancó vías y logró llamar la atención de parlamentarios, medios de comunicación y autoridades nacionales, desde el presidente Nicolás Maduro hasta la fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo, Tareck William Saab. ¿Habrá justicia?
¿Qué harán con el gobernador Rangel Gómez, quien ha sido acusado de aprovecharse del tráfico ilegal de oro, armar bandas sanguinarias y encubrir tantas barbaridades? ¿No lo tocarán? ¿Seguirá en el cargo, como si nada ha ocurrido ni tiene qué ver él personalmente junto con su subalterno alcalde de Guasipati?
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también debe actuar, por encima y en contra de sus miembros corrompidos, evidentemente implicados en esta saga criminal sin precedentes en Venezuela. Igual la Policía del Estado Bolívar, el Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), algunos de cuyos agentes han sido captados por las ofertas dinerarias de las mafias, hecho inocultable que constituye un gravísimo problema para seguridad del Estado y la defensa nacional, sin exageraciones ni cobardonas justificaciones y complicidades.
La dimensión de esta crisis moral, delictiva y de seguridad nacional fue claramente expuesta aquel 20 de diciembre de 2014 en mi columna. Reproduzco los últimos párrafos, porque nada ha cambiado y todo está por investigarse y procesarse penalmente:
“La zona es hostigada permanentemente por los grupos criminales controlados desde la gobernación y la policía regional, que mantienen bandas armadas con decenas de fusiles de asalto (‘Ak-47 y M15’), pistolas 9 mm. y otras armas de guerra como ‘lanzagranadas y bazookas… que le son suministradas por ‘El Gordo’ y ‘el hijo del Gordo’, que aquí todos saben quiénes son”.
“‘Llegan al campamento Las Vainitas, en helicópteros del Ejército o en camionetas negras sin placas con el alcalde a llevarse el oro y dejar las armas’, dicen indignados los denunciantes, ahora más atemorizados por el cruel asesinato de Fabio y su mujer”.
“Esa plaga delictiva está descontrolada. Los mineros piden ‘al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello que vengan a la zona, esto es tierra de nadie, manda el hampa’”.
“Esos testimonios indican que la zona minera de Bolívar es un polvorín: ‘Comenzó la guerra, los mineros se están armando y van a pelear’. Allá, la pudrición criminal es generalizada, de acuerdo con las denuncias recibidas”.
Venezuela exige justicia por la vida de los mineros asesinados tan brutalmente en Tumeremo, Guasipati y otras zonas mineras del sur de Guayana. No es un caso aislado. Es un caos delictivo que acecha a las comunidades bajo amenazas de muerte y extorsión, con la anuencia de corrompidos funcionarios civiles y militares que con su codicia e irresponsabilidad insultan la dignidad de las instituciones que decidieron traicionar para lucrarse miserablemente al incorporarse a las bandas criminales.
El gobernador Rangel Gómez debe irse, apartarse del cargo para facilitar las investigaciones sobre las matanzas de mineros en el sur de Guayana, que deben incluirlo junto con sus cómplices civiles y militares.
Esto no es un problema de partidos o corrientes políticas, es un grave derrape delictivo de trascendencia nacional e internacional. Sin embargo, corresponde al presidente Nicolás Maduro y a la alta dirigencia del Psuv, de la cual forma parte Rangel Gómez, pronunciarse al respecto y actuar con rectitud y decisión contra los criminales que han traicionado ideales, responsabilidades y la confianza del pueblo venezolano.
Expreso así, mi solidaridad con los pueblos del sur de Guayana, los mineros que tantos sacrificios tienen que sortear, y especialmente los familiares de las víctimas mortales de las mafias enseñoreadas desde hace años en la zona.
Agradezco la confianza que en mí han tenido, para la valiente denuncia desde el anonimato por razones de seguridad, a través de esta columna y las páginas de “La Razón”, cuyos propietarios, directivos y trabajadores defendemos la vida por encima de intereses mezquinos y complicidades abominables.
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